/ viernes 9 de julio de 2021

Piden indígenas participación efectiva en los ayuntamientos

También consultarlos en proyectos que los afecten, impulsar lenguas indígenas y la medicina tradicional

Integrantes de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas en los trabajos del Parlamento Abierto reprocharon que aún cuando desde 2015 existe la figura de representación indígena en los municipios, muchas veces no los convocan, o solo lo hacen para algunos temas y hay ayuntamientos que eligen a quienes ni siquiera hablan una lengua indígena.

También plantearon la necesidad de tener un reconocimiento como sujetos de derecho público, la obligación de consultarlos en proyectos que los afecten, el impulso a las lenguas indígenas, el derecho a la cultura, la protección de su arte para evitar plagios; así como reconocer e impulsar la medicina tradicional.r

Propusieron la creación de la Procuraduría de Defensa Indígena, garantizar la participación política de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia, el reconocimiento de los pueblos indígenas acolhua, chalca y tepaneca como originarios, el acceso libre a centros ceremoniales y a lugares sagrados.

En total presentaron un paquete de 14 iniciativas a la Constitución y otras leyes. La comisión se volverá a reunir el 16 de julio para desahogar las restantes.

Las propuestas

Laura Campana Ortega planteó una iniciativa para la representación indígena, pues desde 2015 surgió la figura de representantes en los municipios, pero en la realidad no se considera. Expuso la necesidad de crear una instancia neutral para la elección de la o el representante y que se elija uno por etnia; así como reconocer el derecho a la libre determinación.

Regino Hector Velázquez presentó la iniciativa de Ley de Consulta Indígena y Afromexicana del Estado de México para garantizar que se pregunte a las comunidades en el manejo de sus recursos, con lo cual no habría acción del sector público, ni privado que no sea consultada con los pueblos que resultarían afectados. La decisión sería vinculatoria y obligaría a las partes a ponerse de acuerdo.

Juan Nezahualcóyotl Cano planteó ajustes a la Constitución, a la Ley de Educación y a la Ley de Cultura Indígena para que se fomente la enseñanza de las lenguas indígenas, exista una educación con perspectiva intercultural, se promueva el conocimiento, respeto y la valoración de la diversidad lingüística de la entidad y se garantice la educación gratuita, la enseñanza intercultural y plurilingüe en escuelas públicas y privadas.

Eufrasia Gómez presentó una iniciativa del Derecho a la Cultura donde advirtió que los pueblos originarios han sufrido abandono y propuso establecer que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, y señalar que el uso de los centros ceremoniales, sus bienes tangibles e intangibles son propiedad de los pueblos indígenas.

También planteó la obligación del Estado de impulsar la cultura, proteger las formas de organización interna, la presencia en los ayuntamientos para defender sus derechos; el derecho de autor para evitar el plagio de su arte, el acceso libre a centros ceremoniales y a lugares sagrados, y que ahí puedan vender sus productos, sin necesidad de pagar.

Otra propuesta de Héctor Regino Velázquez busca reconocer los derechos de las comunidades; mientras Miguel Ángel Pavón Ávila expuso una iniciativa de derecho a la salud y el fortalecimiento de la medicina tradicional, a fin de reconocer que esa medicina es parte del patrimonio cultural.

De esa forma, se pretende garantizar su inclusión y fomento; así como el uso de plantas medicinales, servicios de salud mixtos de consulta primaria y el desarrollo de cruzadas de medicina intercultural.

Marilyn Ramón Medellín presentó una propuesta para visibilizar a las mujeres indígenas, temas como el embarazo adolescente, la violencia, discriminación, los estereotipos de género y propuso asegurar la participación de pueblos y comunidades indígenas, sancionar la violencia, garantizar el acceso a la justicia, reconocer el derecho de las mujeres a la participación política, a ser electas, a la educación plurilingüe, al aprovechamiento de la tierra y a una vida libre de violencia.

Santos Ismael Alvarado propuso la creación de una Procuraduría de Defensa Indígena para que las y los indígenas en los juicios sean asistidos por intérpretes y quienes conozcan sus usos y costumbres, tomar en cuenta su cultura e idioma y buscar sanciones distintas a la privación de la libertad; así como evitar y atender cualquier tipo de violencia, garantizar el respeto a los derechos humanos y a una defensa jurídica.

Rocío Silverio Romero presentó la reforma al Código Electoral en materia de Derechos Indígenas para garantizar la participación indígena, la paridad de género, y reprochó que los representantes en los municipios no tienen certeza, ni condiciones para trabajar.

José Germán Garibay Gallardo planteó reformas para ampliar el reconocimiento de los pueblos indígenas acolhua, chalca y tepaneca, y no solo los cinco que se contemplan actualmente.

Enrique Soteno Reyes propuso el reconocimiento, como sujetos de derecho público, a los pueblos indígenas originarios del Estado de México y crear el Concejo de los Pueblos Indígenas Residentes y Afromexicanos del Estado de México como un órgano autónomo.

Integrantes de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas en los trabajos del Parlamento Abierto reprocharon que aún cuando desde 2015 existe la figura de representación indígena en los municipios, muchas veces no los convocan, o solo lo hacen para algunos temas y hay ayuntamientos que eligen a quienes ni siquiera hablan una lengua indígena.

También plantearon la necesidad de tener un reconocimiento como sujetos de derecho público, la obligación de consultarlos en proyectos que los afecten, el impulso a las lenguas indígenas, el derecho a la cultura, la protección de su arte para evitar plagios; así como reconocer e impulsar la medicina tradicional.r

Propusieron la creación de la Procuraduría de Defensa Indígena, garantizar la participación política de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia, el reconocimiento de los pueblos indígenas acolhua, chalca y tepaneca como originarios, el acceso libre a centros ceremoniales y a lugares sagrados.

En total presentaron un paquete de 14 iniciativas a la Constitución y otras leyes. La comisión se volverá a reunir el 16 de julio para desahogar las restantes.

Las propuestas

Laura Campana Ortega planteó una iniciativa para la representación indígena, pues desde 2015 surgió la figura de representantes en los municipios, pero en la realidad no se considera. Expuso la necesidad de crear una instancia neutral para la elección de la o el representante y que se elija uno por etnia; así como reconocer el derecho a la libre determinación.

Regino Hector Velázquez presentó la iniciativa de Ley de Consulta Indígena y Afromexicana del Estado de México para garantizar que se pregunte a las comunidades en el manejo de sus recursos, con lo cual no habría acción del sector público, ni privado que no sea consultada con los pueblos que resultarían afectados. La decisión sería vinculatoria y obligaría a las partes a ponerse de acuerdo.

Juan Nezahualcóyotl Cano planteó ajustes a la Constitución, a la Ley de Educación y a la Ley de Cultura Indígena para que se fomente la enseñanza de las lenguas indígenas, exista una educación con perspectiva intercultural, se promueva el conocimiento, respeto y la valoración de la diversidad lingüística de la entidad y se garantice la educación gratuita, la enseñanza intercultural y plurilingüe en escuelas públicas y privadas.

Eufrasia Gómez presentó una iniciativa del Derecho a la Cultura donde advirtió que los pueblos originarios han sufrido abandono y propuso establecer que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, y señalar que el uso de los centros ceremoniales, sus bienes tangibles e intangibles son propiedad de los pueblos indígenas.

También planteó la obligación del Estado de impulsar la cultura, proteger las formas de organización interna, la presencia en los ayuntamientos para defender sus derechos; el derecho de autor para evitar el plagio de su arte, el acceso libre a centros ceremoniales y a lugares sagrados, y que ahí puedan vender sus productos, sin necesidad de pagar.

Otra propuesta de Héctor Regino Velázquez busca reconocer los derechos de las comunidades; mientras Miguel Ángel Pavón Ávila expuso una iniciativa de derecho a la salud y el fortalecimiento de la medicina tradicional, a fin de reconocer que esa medicina es parte del patrimonio cultural.

De esa forma, se pretende garantizar su inclusión y fomento; así como el uso de plantas medicinales, servicios de salud mixtos de consulta primaria y el desarrollo de cruzadas de medicina intercultural.

Marilyn Ramón Medellín presentó una propuesta para visibilizar a las mujeres indígenas, temas como el embarazo adolescente, la violencia, discriminación, los estereotipos de género y propuso asegurar la participación de pueblos y comunidades indígenas, sancionar la violencia, garantizar el acceso a la justicia, reconocer el derecho de las mujeres a la participación política, a ser electas, a la educación plurilingüe, al aprovechamiento de la tierra y a una vida libre de violencia.

Santos Ismael Alvarado propuso la creación de una Procuraduría de Defensa Indígena para que las y los indígenas en los juicios sean asistidos por intérpretes y quienes conozcan sus usos y costumbres, tomar en cuenta su cultura e idioma y buscar sanciones distintas a la privación de la libertad; así como evitar y atender cualquier tipo de violencia, garantizar el respeto a los derechos humanos y a una defensa jurídica.

Rocío Silverio Romero presentó la reforma al Código Electoral en materia de Derechos Indígenas para garantizar la participación indígena, la paridad de género, y reprochó que los representantes en los municipios no tienen certeza, ni condiciones para trabajar.

José Germán Garibay Gallardo planteó reformas para ampliar el reconocimiento de los pueblos indígenas acolhua, chalca y tepaneca, y no solo los cinco que se contemplan actualmente.

Enrique Soteno Reyes propuso el reconocimiento, como sujetos de derecho público, a los pueblos indígenas originarios del Estado de México y crear el Concejo de los Pueblos Indígenas Residentes y Afromexicanos del Estado de México como un órgano autónomo.

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