La Diputación Permanente de la Legislatura mexiquense remitió a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la solicitud de remover al auditor superior, Fernando Baz y la recomendación de suspenderlo temporalmente, mientras se realiza ese procedimiento, al considerar que no ha cumplido con sus facultades, ni ha ejercido sus atribuciones.
De acuerdo con el dictamen sobre la evaluación del auditor superior elaborado por la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (Osfem) las causales que se piden investigar son las de “Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación o información”, la de “omitir formular pliegos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias” cuando existan elementos para presumir la existencia de la responsabilidad e identificar al presunto responsable.
Los diputados presumen que Baz podría haberse conducido con parcialidad en el proceso de revisión de la cuenta pública y en los de fiscalización e imposición de medidas de apremio y señalan que no cumplió satisfactoriamente con las facultades y atribuciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; por lo cual piden su remoción y recomiendan separarlo del cargo como medida cautelar.
En las conclusiones de la Comisión de Vigilancia se refiere que quedó evidenciado el trabajo “poco efectivo” del Osfem al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y al ISSEMyM, pues pese a que los tres presentaban graves irregularidades financieras no les practicó auditorías financieras para revisar el ejercicio de los recursos 2017.
Además, precisa que el OSFEM cuenta con información financiera descriptiva de CUSAEM y el PAC, pero al no ejercer plenamente sus atribuciones de fiscalización careció de respuestas para explicar las causas y responsables de evidentes anomalías en el ejercicio de recursos públicos.
Los diputados advierten que en el caso del ISEM el auditor superior no se condujo bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia en el proceso de revisión de la cuenta pública 2017, pues tenía elementos para revisar con profundidad transgresiones a normas en el manejo de los recursos.
De hecho, la comisión señala que las irregularidades fueron reveladas por el despacho de auditoría externa “Solloa-Nexia, S.C., Contadores Públicos y Asesores de Negocios”, pero no se consideraron para ejecutar procedimientos de fiscalización al ejercicio fiscal 2017, por lo cual el Osfem dejó de determinar observaciones y de señalar responsabilidades y omisiones derivadas del uso y manejo de los recursos públicos.
En el caso de la UAEM los diputados consideran que el auditor omitió formular pliegos para fincar responsabilidades resarcitorias en la competencia de recursos estatales, cuando tuvo elementos para presumir la existencia de responsabilidad e identificar a presuntos responsables.
También señalan que el Osfem hizo una “deficiente fiscalización” al manejo de los recursos 2017 del ISSEMyM , pues no auditó financieramente el Fondo Solidario de Reparto relativo a las pensiones, ni la cuenta por cobrar de esta institución, aun cuando ascendía a 6 mil 897 millones 758 mil pesos.
Otro señalamiento es que el auditor superior no señaló en el Informe de resultados que en entidades públicas, como el ISSEMyM hay –de acuerdo con los legisladores- un “poco profesional manejo del erario”, dado que no incluyó un dictamen, valoración o posicionamiento respecto al ejercicio de los recursos. Tampoco incluyó alguna revisión al Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) que hasta la anterior Legislatura era ejecutado por el Poder Legislativo del Estado de México.
Otras críticas fueron la falta de investigación de los CUSAEM, la falta de una narrativa clara de qué se fiscalizó, cuántos ingresos y egresos se auditaron y la falta de transparencia.
