/ lunes 25 de mayo de 2020

Piden organizaciones liberar a presos políticos y a quienes les han fabricado delitos

Advirtieron que esas personas deben quedar en libertad, ante los riesgos a su salud e integridad por la pandemia generada por el Covid-19

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C., la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero urgieron a las autoridades a atender la situación penitenciaria en el país, los riesgos de salud e integridad de todos las personas privadas de su libertad y del personal que labora en el sistema penitenciario, y llamaron a liberar a los presos políticos, a las víctimas de fabricación de delitos y a las personas enfermas y vulnerables actualmente recluidas.

A través de un posicionamiento, advirtieron que esas personas deben quedar en libertad, ante los riesgos a su salud e integridad por la pandemia generada por el Covid-19, y el gobierno mexicano está obligado a velar por la seguridad de todas las personas. También llamaron a que las entidades expidan su Ley de Amnistía local.

La petición incluye a presos políticos, a víctimas de la fabricación de delitos a través de tortura, inducción de testigos y a víctimas de montajes mediáticos, a presos de la tercera edad, con enfermedades crónico degenerativas, a inimputables y con beneficios de medidas de libertad anticipada y a quienes sean beneficiarios de la Ley de Amnistía.

Las organizaciones señalaron su preocupación por los más vulnerables, sobre todo por las personas privadas de su libertad que cumplen condenas o están en espera de las mismas y por quienes por su actividad política, y por ser incómodas al gobierno, han sido criminalizados en su defensa a los derechos humanos, de los pueblos indígenas, al territorio, al medio ambiente y que están privados de su libertad.

También alertaron que los penales, en el contexto de la pandemia, pueden ser lugares propicios para la propagación de enfermedades y poner en peligro a la población en reclusión, por el hacinamiento en que permanecen, la falta de agua, jabón, higiene, gel antibacterial y la entrada y salida de personal; además de que el número de muertos por Covid-19, los motines y enfrentamientos entre los presos, obligan a actuar de inmediato.

Las organizaciones urgieron a implementar de manera inmediata las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido en la guía: "Preparación, Prevención y Control del Covid- 19 en las cárceles y otros lugares de detención" y subrayan que la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet ha advertido que el Covid-19 ha empezado a propagarse en las prisiones y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en situación de extrema vulnerabilidad.

Esas organizaciones también solicitan a las autoridades tomar en cuenta el Informe de orientación de la Organización Mundial contra la Tortura para la Red S.O.S -Tortura y las Organizaciones Asociadas, además de las Reglas Mandela como las Reglas de Tokio, la Constitución, la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se señala el deber de los estados para respetar los derechos y libertades de las personas privadas de su libertad.

En esos documentos se precisa que todos tienen derecho a vivir en condiciones de detención, compatibles con su dignidad personal, y el Estado debe garantizar su derecho a la vida, a la integridad. También recuerdan que la resolución 1/ 2020 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recomienda a los estados garantizar los derechos a la vida, e integridad de las personas retenidas. El documento, firmado por la secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. María Magdalena López Paulino precisa que ante la pandemia es necesario que el Estado garantice la vida e integridad de las personas privadas de su libertad, y de carecer de esas garantías, sean puestas en libertad y solicita la liberación de todas y todos los presos políticos del país, en especial de quienes estas organizaciones acompañan: Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, las y los policías comunitarios Adelaida Hernández Nava y Eliseo Villar Castillo, además de Bernardo Javier Cabrera Moreno.

También a Luis Salvador Escartín Gonzalez, a Rafael Martínez Cortés, José César Bravo Mejía, los hermanos Jessica y José de Jesús Vázquez Fonseca, Araceli Cinthya Cantú Muñoz, los hermanos Sergio y Efrén Méndez Martínez, Joel Mendieta Jiménez y Abraham Christopher Arellano Rayo.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C., la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero urgieron a las autoridades a atender la situación penitenciaria en el país, los riesgos de salud e integridad de todos las personas privadas de su libertad y del personal que labora en el sistema penitenciario, y llamaron a liberar a los presos políticos, a las víctimas de fabricación de delitos y a las personas enfermas y vulnerables actualmente recluidas.

A través de un posicionamiento, advirtieron que esas personas deben quedar en libertad, ante los riesgos a su salud e integridad por la pandemia generada por el Covid-19, y el gobierno mexicano está obligado a velar por la seguridad de todas las personas. También llamaron a que las entidades expidan su Ley de Amnistía local.

La petición incluye a presos políticos, a víctimas de la fabricación de delitos a través de tortura, inducción de testigos y a víctimas de montajes mediáticos, a presos de la tercera edad, con enfermedades crónico degenerativas, a inimputables y con beneficios de medidas de libertad anticipada y a quienes sean beneficiarios de la Ley de Amnistía.

Las organizaciones señalaron su preocupación por los más vulnerables, sobre todo por las personas privadas de su libertad que cumplen condenas o están en espera de las mismas y por quienes por su actividad política, y por ser incómodas al gobierno, han sido criminalizados en su defensa a los derechos humanos, de los pueblos indígenas, al territorio, al medio ambiente y que están privados de su libertad.

También alertaron que los penales, en el contexto de la pandemia, pueden ser lugares propicios para la propagación de enfermedades y poner en peligro a la población en reclusión, por el hacinamiento en que permanecen, la falta de agua, jabón, higiene, gel antibacterial y la entrada y salida de personal; además de que el número de muertos por Covid-19, los motines y enfrentamientos entre los presos, obligan a actuar de inmediato.

Las organizaciones urgieron a implementar de manera inmediata las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido en la guía: "Preparación, Prevención y Control del Covid- 19 en las cárceles y otros lugares de detención" y subrayan que la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet ha advertido que el Covid-19 ha empezado a propagarse en las prisiones y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en situación de extrema vulnerabilidad.

Esas organizaciones también solicitan a las autoridades tomar en cuenta el Informe de orientación de la Organización Mundial contra la Tortura para la Red S.O.S -Tortura y las Organizaciones Asociadas, además de las Reglas Mandela como las Reglas de Tokio, la Constitución, la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se señala el deber de los estados para respetar los derechos y libertades de las personas privadas de su libertad.

En esos documentos se precisa que todos tienen derecho a vivir en condiciones de detención, compatibles con su dignidad personal, y el Estado debe garantizar su derecho a la vida, a la integridad. También recuerdan que la resolución 1/ 2020 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recomienda a los estados garantizar los derechos a la vida, e integridad de las personas retenidas. El documento, firmado por la secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. María Magdalena López Paulino precisa que ante la pandemia es necesario que el Estado garantice la vida e integridad de las personas privadas de su libertad, y de carecer de esas garantías, sean puestas en libertad y solicita la liberación de todas y todos los presos políticos del país, en especial de quienes estas organizaciones acompañan: Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, las y los policías comunitarios Adelaida Hernández Nava y Eliseo Villar Castillo, además de Bernardo Javier Cabrera Moreno.

También a Luis Salvador Escartín Gonzalez, a Rafael Martínez Cortés, José César Bravo Mejía, los hermanos Jessica y José de Jesús Vázquez Fonseca, Araceli Cinthya Cantú Muñoz, los hermanos Sergio y Efrén Méndez Martínez, Joel Mendieta Jiménez y Abraham Christopher Arellano Rayo.

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