Integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia del Parlamento Abierto propusieron disminuir el periodo de nombramiento del fiscal general de justicia de nueve a cuatro años, e incluir en la Constitución la figura de error judicial, a fin de que jueces y magistrados se hagan responsables por errores graves y reparen el daño a las o los afectados.
También plantearon sancionar investigaciones fraudulentas en los Ministerios Públicos, darles mayor autonomía de investigación y adscribir el Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial mexiquense.
Durante los trabajos de la comisión, una de las que trabaja en la construcción de una nueva Constitución, también propusieron una policía de proximidad con la ciudadanía, equipamiento para los elementos, fortalecer la prevención y una mayor profesionalización de los fiscales centrales y especializados.
Varios abogados exhibieron errores y vicios en la Fiscalía General de Justicia y en el Tribunal Superior de Justicia y advirtieron que problemas como la corrupción siguen en la fiscalía, pese al cambio de nombre.
Las propuestas
Salvador Alejandro Saldívar Vélez propuso una reforma para que el período del fiscal general sea de cuatro años, en lugar de nueve, con posibilidad de volver a ser electo, pues consideró que nueve años es un plazo excesivo y un cheque en blanco que podría afectar la justicia, ya que en otras entidades la duración es de cuatro a siete años.
La iniciativa señala que con un periodo más corto el fiscal haría un mejor trabajo, en busca de ser ratificado. La mayoría estuvo de acuerdo en acotar el período de su nombramiento y evitar vicios en su trabajo, aunque también hubo voces en contra con el argumento de que nueve años garantiza la autonomía e imparcialidad y el no estar sujeto a vaivenes políticos, ni ser rehén de quien lo nombre, pues ese fue el espíritu de la reforma del 2014.
También hubo críticas en torno a que en esa institución hay corrupción, no ha sido eficiente en la persecución de delitos. La mayoría estuvo en consenso.
Yolanda Estrada Valencia también propuso ajustar la temporalidad en el cargo del fiscal general de justicia, pero de nueve a tres años, pues nueve años podrían prestarse a la corrupción y a que se den favores que se cobran, cuando se requiere un Ministerio Público más justo. Opinó que disminuir el período ayudaría a reducir la corrupción, y ante algunas propuestas admitió que podrían ser cuatro y no tres años.
Juan Carlos Santiago Jiménez planteó una reforma para dar autonomía al Ministerio Público en la investigación, pues actualmente solicitan autorización para todo.
La iniciativa pretende mantener un período de nueve años para el fiscal general, sancionar toda investigación fraudulenta y contraria a derechos humanos, así como priorizar criterios de oportunidad.
Advirtió que la imagen de la procuración de justicia es negativa, una de las de menor credibilidad y los vicios de lo que antes era la procuraduría no se erradicaron con el cambio de nombre a Fiscalía, pues siguen las investigaciones fraudulentas y las violaciones a derechos humanos.
Hubo quienes apoyaron y quienes estuvieron en contra al advertir que hay servidores públicos coludidos con la delincuencia y darles mayor autonomía sería riesgoso.
Santiago Jiménez planteó considerar la figura de error judicial, pues en delitos de alto impacto, aunque no existan pruebas, en ocasiones la persona es sancionada por el Ministerio Público y por el Poder Judicial solo por ser imputada por un delito de alto impacto.
Esa figura, explicó, permitiría dar herramientas para que quienes fueron sometidos a investigaciones fraudulentas con violaciones a derechos humanos puedan defenderse y solicitar una reparación económica tanto en materia penal, como civil, familiar y mercantil.
Jueces y magistrados estarían obligados a respetar los derechos humanos al emitir su resolución y ser responsables de los errores judiciales que puedan cometer, es decir por equivocaciones graves cometidas dolosamente cuando generen un daño significativo a una de las partes.
Propuso que jueces y magistrados deberían expedir fianzas por una institución de crédito autorizada a favor del gobierno del Estado de México y actualizarse por seis mil veces el valor de la UMA, algo que ya existe en la Ley del Notariado del Estado de México, con el fin de garantizar la reparación del daño.
Su otra propuesta busca que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, sea parte del Poder Judicial, pues actualmente no se garantiza una justicia expedita y tardan hasta tres meses en notificar.
Francisco José Gómez Guerrero presentó una iniciativa para hacer una reforma integral al sistema de seguridad, establecer un modelo de seguridad con policía de proximidad a la sociedad, radicar los tribunales de justicia administrativa al Tribunal Superior de Justicia.
También planteó una mayor profesionalización de los fiscales centrales y especializados y que sean nombrados por concurso de oposición, tras la aprobación de exámenes de control de confianza, certificación y la acreditación en un proceso transparente.
La entidad se dividiría en micro regiones para tener una policía más cercana y equipada, pero además buscaría recuperar los módulos de seguridad que están abandonados en el Estado de México.
Por otra parte, pretende que tanto el Tribunal Electoral del Estado de México, como el de Justicia Administrativa formen parte del Poder Judicial mexiquense. La mayoría estuvo de acuerdo.
Salvador Alejandro Saldívar Vélez también planteó una reforma donde se concentraron las iniciativas seis, siete y diez, para fortalecer la prevención de la violencia y de la delincuencia de forma integral, recuperar espacios públicos, dotar de recursos al Estado y a los municipios para cumplir con sus funciones.
Asimismo, consolidar los estados de fuerza de las policías y garatizar que exista un presupuesto anual.
Advirtió una preocupación por el incremento de delitos en el Estado de México y la disminución de recursos para seguridad por la eliminación del fondo Fortaseg con una bolsa de cinco mil millones de pesos anual para los municipios del país.
Miguel Ángel Saavedra Lucio propuso anteponer medios alternativos de solución de controversias, fomentar el diálogo y la cultura de paz en materia civil principalmente, pero también en otras como la penal.
