El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense propuso elevar las sanciones a quienes cometan actos de corrupción o de enriquecimiento lícito en la entidad.
También criticó que a casi tres años de que entró en vigor el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, éste ha mostrado poca efectividad y no se han instaurado procedimientos penales en contra de servidores públicos con señalamientos de posibles actos de corrupción.
El diputado Margarito González explicó que aún cuando en el Código Penal estatal existe un catálogo de delitos por actos de corrupción las sanciones son risibles, pues son ilícitos que perjudican a la sociedad, por lo cual propuso aplicar penas ejemplares.
El objetivo, dijo, es endurecer las sanciones por corrupción, pues esa conducta tiene un costo muy alto para el país, ya que de acuerdo con diversas estadísticas cuesta hasta el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
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Las Reformas
Entre los ajustes propuestos al Código Penal destaca incluir que las disposiciones del título relativo a delitos por corrupción también es aplicable a los titulares e integrantes de los ayuntamientos mexiquenses.
Además, plantea elevar las sanciones para delitos como el cohecho hasta a 18 años de prisión, penas de hasta 20 años por enriquecimiento ilícito y hasta 15 años por peculado, de acuerdo con el monto faltante.
También busca incluir que en casos de enriquecimiento ilícito se aplicará, además de los decomisos, la extinción de dominio.
La propuesta incluye imponer al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente el servicio de procuración de justicia, penas de prisión de cuatro a ocho años, y de mil a dos mil días multa, además de destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.
En el delito de abuso de autoridad, a quien sin causa justificada remita a algún corralón o depósito de vehículos para su resguardo, uno o más vehículos, y a quien autorice o expida licencia para la venta de bebidas alcohólicas, sin cumplir con las disposiciones reglamentarias, las sanciones alcanzarían hasta siete años de prisión.
Por utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener la entrega de fondos o valores, las penas irán de tres hasta once años, y de 100 a dos mil días multa, destitución e inhabilitación del cargo, mientras en el delito de intimidación, se impondrían de cuatro a doce años de prisión, y de treinta a cien días multa y la destitución e inhabilitación.
Por ejercicio abusivo de funciones para obtener beneficios económicos la propuesta es de hasta 15 años de prisión.
Por cohecho, al exigir una comisión, dádiva, contraprestación o promoción personal, las sanciones podrían alcanzar los 18 años de prisión y por peculado, hasta 15 años.
Para el delito de enriquecimiento ilícito las penas irían de tres a 20 años de prisión, y de 100 a 500 días multa, y en delitos cometidos por funcionarios de procuración y administración de justicia, de tres hasta 10 años de prisión y de 70 a mil días multa.
El incremento en las sanciones es variable pues en algunos es desde tres años, en otros incluso se duplica la pena en busca de imponer sanciones ejemplares.
