/ martes 25 de agosto de 2020

Podrían liberar a más de seis mil personas con la Ley de Amnistía en Edomex 

En septiembre podrían presentarse los avances a fin de que en el penúltimo mes del año pudiera aprobarse donde colaborarán los tres poderes del estado


Más de seis mil personas privadas de su libertad que se encuentran compurgando penas podrían salir de prisión, gracias a la Ley de Amnistía que también se denominaría de Justicia Penal, y la cual podría ser aprobada en el mes de noviembre por la Legislatura mexiquense.

El presidente de la Diputación Permanente Max Correa explicó en entrevista que tras sostener una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, establecieron algunos acuerdos que incluyen la cooperación entre ambos poderes, la creación de una comisión de trabajo técnico y el hecho de que la iniciativa de Morena será el punto de partida para realizar aportaciones.

El legislador de Morena señaló que en septiembre podrían presentarse los avances, y de ser posible el trabajo final que genere la comisión, a fin de que en el penúltimo mes del año pudiera aprobarse la Ley de Amnistía y de Justicia Penal, donde colaborarán los tres poderes del estado.

El lunes el magistrado presidente se reunió con los diputados de Morena Max Agustín Correa Hernández, presidente de la Diputación Permanente, Julio Hernández Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; Sergio García Sosa, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y Gerardo Ulloa Pérez de Morena, uno de los autores de la iniciativa.

Entre los acuerdos a los que llegaron, explicó Max Correa, destacan: cooperar entre ambos poderes: Legislativo y Judicial para lograr, en el marco del proceso iniciado en el parlamento abierto, una Ley en la cual retomarán las iniciativas presentadas en el Congreso, y las aportaciones de los poderes Ejecutivo y Judicial, la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos.

También definieron fortalecer los instrumentos y la experiencia de la estrategia de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, en el marco de la pandemia provocada por el Covid-19, que ha permitido poner en libertad a más de mil 800 personas privadas de la libertad.

"El propósito será maximizar el beneficio a las personas privadas de su libertad, dar seguimiento a los beneficiarios y salvaguardar los derechos de las víctimas" explicó Correa.

Refirió que en la reunión hubo una exposición del magistrado presidente del Tribunal sobre la amnistía, el indulto y la preliberación que significa un parteaguas, pues expresa la total disposición de tener una Ley de Amnistía efectiva y con un impacto en beneficio de quienes se encuentran privados de su libertad.

El diputado añadió que acordaron la creación de una Comisión de Trabajo Técnico integrada por asesores de las y los diputados promoventes de la iniciativa, y asesores de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura con representantes del Poder Judicial para posteriormente invitar a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Justica y Derechos Humanos.

La iniciativa de Ley de Amnistía presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, precisó, será el punto de partida con el que esa comisión llevará a cabo un trabajo conjunto y la columna a partir de la cual se realizarán diversas aportaciones.

La estimación es beneficiar a más de seis mil personas privadas de su libertad.

Finalmente, Correa señaló que el titular del Poder Judicial respalda su propuesta para establecer en la Constitución del Estado de México “los derechos de la naturaleza", e incluso manifestó su deseo de contribuir a ella.



Más de seis mil personas privadas de su libertad que se encuentran compurgando penas podrían salir de prisión, gracias a la Ley de Amnistía que también se denominaría de Justicia Penal, y la cual podría ser aprobada en el mes de noviembre por la Legislatura mexiquense.

El presidente de la Diputación Permanente Max Correa explicó en entrevista que tras sostener una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, establecieron algunos acuerdos que incluyen la cooperación entre ambos poderes, la creación de una comisión de trabajo técnico y el hecho de que la iniciativa de Morena será el punto de partida para realizar aportaciones.

El legislador de Morena señaló que en septiembre podrían presentarse los avances, y de ser posible el trabajo final que genere la comisión, a fin de que en el penúltimo mes del año pudiera aprobarse la Ley de Amnistía y de Justicia Penal, donde colaborarán los tres poderes del estado.

El lunes el magistrado presidente se reunió con los diputados de Morena Max Agustín Correa Hernández, presidente de la Diputación Permanente, Julio Hernández Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; Sergio García Sosa, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y Gerardo Ulloa Pérez de Morena, uno de los autores de la iniciativa.

Entre los acuerdos a los que llegaron, explicó Max Correa, destacan: cooperar entre ambos poderes: Legislativo y Judicial para lograr, en el marco del proceso iniciado en el parlamento abierto, una Ley en la cual retomarán las iniciativas presentadas en el Congreso, y las aportaciones de los poderes Ejecutivo y Judicial, la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos.

También definieron fortalecer los instrumentos y la experiencia de la estrategia de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, en el marco de la pandemia provocada por el Covid-19, que ha permitido poner en libertad a más de mil 800 personas privadas de la libertad.

"El propósito será maximizar el beneficio a las personas privadas de su libertad, dar seguimiento a los beneficiarios y salvaguardar los derechos de las víctimas" explicó Correa.

Refirió que en la reunión hubo una exposición del magistrado presidente del Tribunal sobre la amnistía, el indulto y la preliberación que significa un parteaguas, pues expresa la total disposición de tener una Ley de Amnistía efectiva y con un impacto en beneficio de quienes se encuentran privados de su libertad.

El diputado añadió que acordaron la creación de una Comisión de Trabajo Técnico integrada por asesores de las y los diputados promoventes de la iniciativa, y asesores de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura con representantes del Poder Judicial para posteriormente invitar a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Justica y Derechos Humanos.

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