El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México, José Guadalupe Luna propuso establecer en la Constitución mexiquense la obligación de transparentar en tiempo real los proyectos, el ejercicio de recursos y todas las obras que se realicen.
Durante los trabajos del Parlamento Abierto en Nezahualcóyotl para recibir propuestas encaminadas a crear una nueva carta magna, planteó la inclusión en el nuevo texto de la Constitución de la transparencia presupuestal y la fiscalización.
La iniciativa pretende hacer obligatoria la publicación de la información que las dependencias vayan generando para integrar su propuesta de presupuesto, los bancos de proyectos de obras y las peticiones de municipios, organizaciones y personas.
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También se transparentarían los proyectos a los que se asigne presupuesto, con la justificación, el costo beneficio y se precisaría la obligación de los tres poderes de rendir y publicar informes trimestrales.
La información de los entes fiscalizados, como sus informes preliminares que se entregan al Órgano Superior también serían públicos.
En su exposición, Luna Hernández ejemplificó que el auditorio Metropolitano de Tecámac es un monumento a la corrupción, una obra construída en la anterior administración estatal con un presupuesto de más de 473 millones de pesos, la cual, señaló, es un elefante blanco porque no generó los beneficios sociales esperados y está en desuso.
"Un monumento a la corrupción en el Estado de México está aquí: el Auditorio Metropolitano de Tecámac, una obra construida en la administración anterior con 473 millones 969 mil pesos que se ubica en Tecámac y es un elefante blanco porque los recursos públicos invertidos no generaron los beneficios sociales esperados y se encuentra incluso clausurado.
La obra se construyó, se inauguró en marzo del 2017, se realizaron algunos eventos, pero el actual gobierno estatal lo clausuró porque no cumple con los requerimientos de Protección Civil, pues llueve y se inunda.
En el país, dijo, hay otras obras que se ejecutan conforme a la norma, pero son resultado de amplios márgenes de discrecionalidad en el proceso presupuestal. Ahora, dijo, existe una mayor participación de la ciudadanía para definir cómo ejercer los recursos.
La propuesta
En el diseño de la nueva Constitución planteó que se respeten las facultades exclusivas de los poderes, pero se les obligue a ir publicando, en tiempo real, el proceso de planeación y los bancos de proyectos de obras públicas, susceptibles de ser financiadas por el gasto público con un dictamen de razonabilidad y procedencia.
Ese dictamen podría ser impugnado por la Legislatura del Estado cuando se apruebe el presupuesto, a fin de que no sea un secretario quien seleccione proyectos que puedan representar fracasos para la política de desarrollo, pero sobre todo un mal ejercicio de recursos públicos.
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Además, el proceso de fiscalización, que incluye la revisión de la cuenta pública y los informes trimestrales que se presentan también serían transparentados y dados a conocer para que la ciudadanía pueda opinar y requerir investigaciones necesarias, al tiempo de prevenir y enfrentar posibles actos de corrupción.
Luna advirtió que la opacidad contribuye a la discrecionalidad, y ésta en materia presupuestal puede incubar actos de corrupción.
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