/ lunes 5 de abril de 2021

Presunción de Inocencia buscará la libertad de 15 mil 840 personas en el Edomex

El activista Humbertus Pérez Espinoza señaló que en este momento debería haber solamente unas 14 mil personas privadas de su libertad y no las 33 mil que existen.


Hoy 5 de abril del 2021 iniciarán las mesas de trabajo entre la Organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) y el Tribunal Superior de Justicia, como respuesta a la acción colectiva que interpusieron en junio del 2020.

En total, la organización ha puesto sobre la mesa los casos de 369 internas e internos que alcanzan beneficios de libertad y este lunes prevén analizar los primeros 35 casos.

Realizarán una mesa cada semana, pero en total, PIDH considera que se deben liberar 15 mil 840 personas, es decir, el 48% de la actual población por alcanzar beneficios legales y por ser beneficiarias de la Ley de Amnistía.

La acción colectiva es un recurso que busca la protección y defensa de los intereses y derechos, en este caso de las personas privadas de su libertad, por no otorgarles los beneficios de libertades anticipadas, condicionadas y confestas. El objetivo es que se les otorguen para que alcancen su libertad.

En entrevista, Humbertus Pérez Espinoza de esa organización, explicó que de los 369 casos hay Personas Privadas de la Libertad (PPL) que han cumplido sus sentencias en el 70% y alcanzan libertad anticipada, mientras quienes han purgado el 50% pueden acceder a la libertad condicionada.

También hay quienes optaron por el sistema abreviado con el localizador electrónico mejor conocido como brazalete, los que tienen el brazalete y solicitaron cambiarlo por otras medidas de vigilancia.

Refirió que desde el 25 de mayo del 2020 presentaron su propuesta de Ley de Amnistía y el 5 de junio promovieron la acción colectiva de libertades, en busca de que se respeten los derechos humanos de las y los PPL, principalmente la libertad de falsos culpables y las libertades por beneficios.

Pérez Espinoza explicó que los centros preventivos están llenos porque siguen siendo un negocio y no se ha aplicado la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y Suspensión Provisional, pues si se atendiera, los procesos deberían llevarse en libertad en la mayoría de los casos.

No obstante, dijo que la legislación estatal da para que los penales estén vacíos, pues el 80% de los delitos que se cometen son robos, pero hay muchas personas sentenciadas que pueden acceder a beneficios.

En total en este momento debería haber solamente unas 14 mil personas privadas de su libertad y no las 33 mil que existen.

"Nuestra prospectiva y lucha jurídica se dio porque estando privados de nuestra libertad, PIDH es una organización que representa el sufrimiento, la dureza de la cárcel, la soledad de los internos, la esperanza y nuestra oposición al sometimiento por parte de otros PPL para ser base de la corrupción del Sistema Penitenciario, que hoy corrompe a las familias sin limitación alguna, siendo cómplices las autoridades penitenciarias de la tortura y los asesinatos que se presentan en los penales del Estado de México", afirmó.

La organización Presunción de Inocencia, dijo, tiene como objetivo la libertad del 48% de las PPL en los penales del Estado de México y que son aproximadamente 15 mil 840 internas e internas que no deben seguir privadas de la libertad.

Refirió que una de sus principales críticas es que no se instaló, ni consolidó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) y mucho menos el Sistema de Ejecución Penal, con penales que cumplieran los estándares de cárceles dignas y seguras y presumen un desvío superior a los seis mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP).

Del Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México Denominado "Fideicomiso C3" consideran que más de mil 800 millones de pesos no se asignaron para construir penales con poca población.

"El próximo 18 de junio de 2021 se cumplen 13 años de la Reforma para la Instalación y Consolidación del SJPA, en materia de ejecución de penas no se ha instalado la base de datos de las PPL, el plan de actividades, y por lo tanto no se cumple con la reinserción social en los penales del Estado de México.

"No se cumple con la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de México (LVMC), expedida y publicada en la Gaceta del Gobierno el 6 de junio de 2015".

Esa norma, explicó, advierte que el uso indiscriminado de la prisión preventiva en México impacta de manera negativa al Sistema de Justicia Penal y al Sistema Penitenciario, por lo cual es necesaria la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Señaló que los Jueces de Control y Jueces de Juicio Oral no aplican la Ley y mucho menos el Control de Convencionalidad Difuso, ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la prisión preventiva, pese a ser obligatoria y vinculante, pues si lo hicieran, no habría sobrepoblación.


Hoy 5 de abril del 2021 iniciarán las mesas de trabajo entre la Organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) y el Tribunal Superior de Justicia, como respuesta a la acción colectiva que interpusieron en junio del 2020.

En total, la organización ha puesto sobre la mesa los casos de 369 internas e internos que alcanzan beneficios de libertad y este lunes prevén analizar los primeros 35 casos.

Realizarán una mesa cada semana, pero en total, PIDH considera que se deben liberar 15 mil 840 personas, es decir, el 48% de la actual población por alcanzar beneficios legales y por ser beneficiarias de la Ley de Amnistía.

La acción colectiva es un recurso que busca la protección y defensa de los intereses y derechos, en este caso de las personas privadas de su libertad, por no otorgarles los beneficios de libertades anticipadas, condicionadas y confestas. El objetivo es que se les otorguen para que alcancen su libertad.

En entrevista, Humbertus Pérez Espinoza de esa organización, explicó que de los 369 casos hay Personas Privadas de la Libertad (PPL) que han cumplido sus sentencias en el 70% y alcanzan libertad anticipada, mientras quienes han purgado el 50% pueden acceder a la libertad condicionada.

También hay quienes optaron por el sistema abreviado con el localizador electrónico mejor conocido como brazalete, los que tienen el brazalete y solicitaron cambiarlo por otras medidas de vigilancia.

Refirió que desde el 25 de mayo del 2020 presentaron su propuesta de Ley de Amnistía y el 5 de junio promovieron la acción colectiva de libertades, en busca de que se respeten los derechos humanos de las y los PPL, principalmente la libertad de falsos culpables y las libertades por beneficios.

Pérez Espinoza explicó que los centros preventivos están llenos porque siguen siendo un negocio y no se ha aplicado la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y Suspensión Provisional, pues si se atendiera, los procesos deberían llevarse en libertad en la mayoría de los casos.

No obstante, dijo que la legislación estatal da para que los penales estén vacíos, pues el 80% de los delitos que se cometen son robos, pero hay muchas personas sentenciadas que pueden acceder a beneficios.

En total en este momento debería haber solamente unas 14 mil personas privadas de su libertad y no las 33 mil que existen.

"Nuestra prospectiva y lucha jurídica se dio porque estando privados de nuestra libertad, PIDH es una organización que representa el sufrimiento, la dureza de la cárcel, la soledad de los internos, la esperanza y nuestra oposición al sometimiento por parte de otros PPL para ser base de la corrupción del Sistema Penitenciario, que hoy corrompe a las familias sin limitación alguna, siendo cómplices las autoridades penitenciarias de la tortura y los asesinatos que se presentan en los penales del Estado de México", afirmó.

La organización Presunción de Inocencia, dijo, tiene como objetivo la libertad del 48% de las PPL en los penales del Estado de México y que son aproximadamente 15 mil 840 internas e internas que no deben seguir privadas de la libertad.

Refirió que una de sus principales críticas es que no se instaló, ni consolidó el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) y mucho menos el Sistema de Ejecución Penal, con penales que cumplieran los estándares de cárceles dignas y seguras y presumen un desvío superior a los seis mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP).

Del Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México Denominado "Fideicomiso C3" consideran que más de mil 800 millones de pesos no se asignaron para construir penales con poca población.

"El próximo 18 de junio de 2021 se cumplen 13 años de la Reforma para la Instalación y Consolidación del SJPA, en materia de ejecución de penas no se ha instalado la base de datos de las PPL, el plan de actividades, y por lo tanto no se cumple con la reinserción social en los penales del Estado de México.

"No se cumple con la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de México (LVMC), expedida y publicada en la Gaceta del Gobierno el 6 de junio de 2015".

Esa norma, explicó, advierte que el uso indiscriminado de la prisión preventiva en México impacta de manera negativa al Sistema de Justicia Penal y al Sistema Penitenciario, por lo cual es necesaria la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Señaló que los Jueces de Control y Jueces de Juicio Oral no aplican la Ley y mucho menos el Control de Convencionalidad Difuso, ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la prisión preventiva, pese a ser obligatoria y vinculante, pues si lo hicieran, no habría sobrepoblación.

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