Jilotzingo, México.- Con planos apócrifos, el empresario inmobiliario Francisco Rojas Pinedo presuntamente trata de despojar de 36 hectáreas a los ejidatarios de Santa María Mazatla, para iniciar la construcción de un campo de golf y un fraccionamiento de lujo, proyecto que data desde 2015.
En conferencia de prensa, los campesinos acusaron al Tribunal Unitario Agrario de tener intereses en este juicio y pidieron que se respeten sus linderos de tierras para conservar las 36 hectáreas, de las cuales pretende adueñarse el particular.
El empresario inmobiliario empezó desde 2015 a apropiarse y cercar los predios de los ejidatarios, quienes poseen títulos de propiedad y certificados parcelarios; además tienen vigente un juicio de amparo.
Adrián Mayen Rayón, presidente del comisariado ejidal, junto con campesinos y exrepresentantes ejidales, exhibió el avance del cercado de malla ciclónica sobre tierras de cultivo, bosques de oyameles y pinares.
Acusó que el tercero en discordia, que es el perito, ha mandado hacer la medición de las parcelas de Rojas, 7 y 8, y ha omitido los puntos de las fracciones a través de un plano apócrifo “donde nos quieren despojar de 36 hectáreas”.
“Ahorita tenemos presentada una inconformidad ante el Tribunal Unitario Agrario y esperamos que se deslinde de estos hechos, porque no quieren presentar a los ejidatarios de San Luis, que son los que definen los linderos”.
“Tenemos un juicio agrario, el 1025/2014, donde tanto el magistrado como los peritos se encuentran a favor del empresarios inmobiliario Francisco Rojas Pinedo, porque las pruebas de nosotros no las toman en cuenta, sólo la de ellos”, acusaron los campesinos del municipio de Jilotzingo.
Aseguran que en estos terrenos en disputa, pretende construir un campo de golf, así como un fraccionamiento de lujo, por lo que pretende derrumbar muchos árboles.
En el 2002, Rojas Pinedo inició un juicio agrario contra el ejido Santa María Mazatla que en 2005 ganaron los ejidatarios. Pero en el proceso de revisión (en 20011), él resultó favorecido.
Ante esto, los ejidatarios han presentado en los últimos años recursos de revisión y amparos, pero el magistrado inclina la balanza en favor del empresario, por lo que los afectados presumen que podría haber corrupción.
Por decreto presidencial, desde 1935 los ejidatarios son dueños de unas mil hectáreas. Entre 1999 y 2000, mediante el Procede, la mayoría obtuvo certificados agrarios.
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