El Estado de México prevé reservar en 2021 una bolsa de 400 millones de pesos para atender la pandemia y comprar vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que ocasiona la Covid-19.
En el proyecto de presupuesto del siguiente año plantea que al sector salud se le asignarán 400 millones de pesos para ser ejecutados por el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), a fin de atender la emergencia sanitaria, y de ser necesario, para comprar vacunas.
Además, para el 2021 el Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos tendrá nuevamente 100 millones de pesos para la Coordinación General de Protección Civil.
Esa cantidad es idéntica a la de este 2020, aunque en esta ocasión se precisa que el dinero irá a esa área y de existir un remanente se destinará para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal por desastres y siniestros ambientales o antropogénicos.
La propuesta de presupuesto indica que de existir remanentes se podrá utilizar hasta un 60% para acciones de prevención y equipamiento, de acuerdo con las reglas de operación del fondo.
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Los recursos también se podrán utilizar para implementar total o parcialmente el Sistema de Alertas Tempranas y Emergencias del Estado de México, el cual fue aprobado por la actual Legislatura local en abril del 2019.
En este año la partida para ese fondo también fue de 100 millones de pesos, y adicionalmente, en el presupuesto las y los diputados establecieron que los municipios debían destinar al menos el 10% de los recursos que reciban del Fondo estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) a Protección Civil.
El fondo
En 2010 el fondo para la atención de desastres nació con 75 millones de pesos que se ejercieron y agotaron ese mismo año para atender las lluvias atípicas; aunque en 2011 llegó a 150 millones.
Más adelante, entre 2012 y 2016 el monto llegó a 200 millones. En 2017 aumentó a 222 millones y en 2018, prácticamente se duplicó a 500 millones para apoyar en la reconstrucción por los sismos de un año antes.
En 2019 y 2020 la partida quedó en solo 100 millones de pesos; sin embargo la aplicación de esos recursos no ha sido transparentada, ni auditada por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM).
