El grupo parlamentario de Morena propuso reformas a la Constitución, a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y al Código Administrativo para garantizar que el 51% en las contrataciones públicas en el estado de México se realicen mediante licitación pública.
El diputado Margarito González de Morena refirió que en el 2018 la Secretaría de Finanzas reportó que el 58.88% de las contrataciones en la gubernatura fueron adjudicaciones directas, mientras un 17.76% de los procedimientos por invitación restringida, es decir, que más del 76.64% se hizo a través de esas modalidades y solo un 11.18% por licitación pública.
Además, en la Secretaría de Obra Pública estatal el año anterior se otorgaron adjudicaciones directas en el 8.33% de las contrataciones, que significaron el 33.33% del monto total en contrataciones; en tanto por la modalidad de invitación a cuando menos 3 personas las autoridades adjudicaron el 91.66% de los contratos, lo que representó el 66.66% y no hubo un sólo proceso de licitación pública.
También citó el caso del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, el cual, en su informe sobre Procesos de Licitación y Contratación de Obra Pública 2018 reporta mil 327 adjudicaciones directas que superan el monto máximo permitido.
Margarito González consideró que existe un exceso en los procedimientos excepcionales, por lo cual para evitar que se repliquen o cometan cualquier conducta anómala que evoque discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos es necesario que la licitación pública prevalezca sobre cualquier otra forma de contratación, a fin de asegurar en el Estado de México las contrataciones sean transparentes, en condiciones de competitividad.
El legislador de Morena advirtió que la reiterada falta de rectitud en la adjudicación y celebración de contratos del sector público se ha convertido en un hábito que tolera la corrupción de la administración pública en la entidad y ha habido falta de voluntad política para corregirlos, mientras actos de corrupción como la “Estafa Maestra” se han realizado con impunidad, bajo el cobijo de la contratación pública, mediante asignación directa.
Para el legislador local, la actual norma es defectuosa y se infringe sin consecuencias
Al considerar que el marco jurídico es defectuoso, reprochó que se infringe con frecuencia por los servidores públicos, encargados de las contrataciones en la administración pública y muchas veces esas prácticas no son sancionadas, aun cuando están prohibidas por el Código Penal y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
“Desde el ámbito económico la corrupción que se practica a través de la contratación pública distorsiona la oferta, la demanda, los precios y, en general, las condiciones del mercado, desestimulando la inversión, lo que indudablemente perjudica el desarrollo de toda comunidad”, afirmó.
