Teotihuacán, México.- El Grupo Parlamentario del PAN propuso reformar el Código Penal para señalar que la mayoría de los delitos relacionados con hechos de corrupción, como: enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, abuso de funciones, cohecho y peculado deben ser tipificados como graves, pues en este momento ningún ilícito relacionado con conductas de corrupción es considerado como tal.
Víctor Gálvez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en la Legislatura local, explicó que tras las recientes reformas no se actualizó el artículo que contiene los delitos graves y al cambiarse el número de los artículos de delitos graves, el número 9 no se actualizó, con lo cual ningún delito por hechos de corrupción ahora es considerado grave.
“Esto implicaría riesgos en la interpretación de la norma y el mismo artículo 9 estaría desactualizado a la norma vigente, ya que de no reformarse el cohecho, el abuso de autoridad y el peculado, sólo serían considerados como graves, pero su fundamento obedecería a la numeración antes de la reforma, es decir, ya estarían derogados porque ahora tienen un número de artículo diferente”.
Su iniciativa, dijo, también propone la inclusión como conductas delictivas graves de todos aquellos delitos en la materia, cuyas penalidades máximas sean de diez años de prisión, con lo cual, delitos como abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y los delitos cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de justicia serían considerados como graves.
“Desfalcos al erario, sobornos, pagos irregulares, conflicto de intereses, desvío de recursos, tráfico de influencias, licitaciones amañadas o facturas con sobreprecio, son sólo algunas de las conductas que ahora debemos tener como prioridad erradicar.
“Debemos centrar nuestros esfuerzos en su detección, con procedimientos efectivos de investigación y la aplicación de sanciones equiparables al tamaño del acto de corrupción, lo cual, sin una legislación eficiente, coordinada y acorde a las necesidades, será muy difícil lograr”.
El diputado local del PAN refirió que las reformas recientes implicaron ajustes, entre ellos: que las personas jurídicas colectivas sean penalmente responsables en hechos de corrupción y sean sancionados con suspensión de actividades, disoluciones, prohibiciones de realizar actividades, remociones, intervenciones judiciales, clausura, multas, inhabilitaciones, decomisos y nulidades de operaciones.
También se hicieron cambios para la derogación de los artículo del 128 al 145 y 166, con el fin de incluir un solo título que concentre los delitos por hechos de corrupción, tipificar delitos por hechos de corrupción tanto para los servidores públicos como para personas físicas o jurídico colectivas, agravar las penalidades de los delitos que sean cometidos por los servidores públicos, entre otros.