/ sábado 9 de octubre de 2021

Propone PRD Leyes para atender la salud mental, prevenir el suicidio y garantizar la salud emocional

Con la pandemia aumentaron esos padecimientos y los suicidios en menores

El grupo parlamentario del PRD en la Legislatura mexiquense propuso expedir tres nuevas leyes para el Estado de México: de Salud Mental, de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio y de Educación Emocional para impulsar una vida de bienestar emocional, psicológica y social y hacer frente a las secuelas generadas por la pandemia de Covid-19.

El coordinador del PRD en el Congreso mexiquense, Omar Ortega Álvarez advirtió que la crisis sanitaria ha tenido repercusiones económicas, sociales, educativas, culturales, ambientales, pero también en la salud, pues el duelo, el ‎aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo han generado y agravado trastornos de salud mental.

De hecho, advirtió, muchas personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas, sufren insomnio ‎y ansiedad y han incrementado los suicidios; por lo cual buscan la expedición de tres nuevas leyes que atiendan los problemas de salud mental.

Las iniciativas del PRD precisan que la pandemia aceleró la tendencia observada desde años previos, en torno a que los problemas de salud mental son una de las problemáticas más invisibilizadas, pero más persistentes en la sociedad mexicana.


Ley de Salud Mental

Con esta iniciativa, el sol azteca pretende garantizar la prestación de servicios de salud mental de calidad, incrementar su cobertura, la protección a los derechos humanos, el derecho a recibir tratamiento, la integración de las personas con trastornos mentales en comunidad y la promoción de esa en la sociedad.

La propuesta advierte que existe una gran brecha entre las necesidades de la población y la disponibilidad de recursos y servicios de salud mental, y apunta a que el estigma y la discriminación son la principal barrera de acceso y reto.

Los problemas de salud mental, se alerta en el documento, han cobrado una importancia creciente, constituyen una preocupación de salud pública y la pandemia ha provocado un incremento en la demanda de servicios de salud mental, puede traer consigo complicaciones neurológicas y mentales, ‎como estados delirantes, de agitación o accidentes cerebrovasculares.

En términos epidemiológicos, de acuerdo con la iniciativa, la salud mental representa un 12% de las enfermedades, afecta hasta un 28% de años vividos con discapacidad y constituye una de las tres principales causas de mortalidad entre personas de 15 a 35 años por el suicidio. “Las evidencias mundiales dan cuenta que no hay salud sin salud mental”, se alerta.

Los trastornos mentales, precisa el documento, ocasionan altos costos económicos, un importante impacto social, familiar, emocional y personal por el rechazo social, estigma, discriminación y falta de oportunidades de trabajo para las personas afectadas; por lo cual urge un sistema eficaz, un marco de atención a los problemas de salud mental que garantice medidas para erradicar las violaciones a los derechos humanos, así como prácticas de tortura en usuarios y usuarias.

La propuesta de ley de Salud Mental prevé que existirá personal especializado, acreditado; además se tendría que instrumentar un modelo de salud mental, programas en la materia, difundir campañas, una Red Estatal con módulos, un Centro de Investigación e Información sobre Salud Mental y una página electrónica.

Además, todo prestador de servicios de salud mental público, social y privado estaría obligado a actuar con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la atención que brinde a las personas. Habría una base de datos para realizar investigaciones.

Además, se regularían los internamientos con plazos máximos de 90 días al año y podrían ser de urgencia, voluntarios o por orden de una autoridad y habría sanciones al incumplimiento de la ley.

El Gobierno del Estado tendría que incluir una partida no menor al 3% del presupuesto total destinado a la salud, que garantizara a dependencias y entidades del Estado cumplir con los objetivos y sería invertido por la Secretaría de Salud en la planeación, organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de los servicios en materia de salud mental.

Ley de Prevención de Suicidio

La propuesta en esta materia busca establecer las bases para realizar acciones encaminadas a procurar la disminución en la incidencia del suicidio a través de su prevención, atención y posvención, en atención de los factores biológicos, sicológicos y sociales, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo.

La propuesta alerta que el suicidio se ha convertido en una válvula de escape y se presenta en niños, adolescentes, adultos, y personas de la tercera edad y puede manifestarse en cualquier etapa de la existencia de algún individuo, así como en cualquier espacio sociodemográfico, viéndose agudizada en los últimos meses producto de la contingencia sanitaria por COVID-19 y es consecuencia de la falta de seguimiento a la salud mental.

En México, se indica en el documento, ha incrementado la estadística de mortalidad por suicidio y las y los menores de edad son el sector de la población más afectado por el confinamiento, pues en 2020, el año del inicio de la pandemia, mil 150 menores de edad se quitaron la vida, una cifra nunca antes registrada.

De esa cifra, 278 de niños y niñas tenían entre 10 y 14 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y representaron el 14.5% de los 7 mil 896 suicidios registrados de todas las edades, en el país.

Las entidades donde se registraron más casos fueron el Estado de México y Jalisco, que en conjunto concentraron un 19.3% del total: mil 487 suicidios de los 7 mil 896 registrados en todo el país.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), algunas causas que motivan a las personas a suicidarse se relacionan con los síntomas y factores de riesgo por problemas familiares graves, situaciones de violencia y agresividad, abuso sexual, problemáticas en el ámbito escolar como: bajas calificaciones o el rechazo de compañeros, que en algunos casos origina burlas y agresiones.

La propuesta incluye un registro de las instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales, del sector público y privado, que cumplan con los estándares establecidos por el Comité, para la atención y prevención del suicidio, un protocolo de intervención, un registro con estadísticas de intentos de suicidio, causas, perfil de quienes lo han intentado.

También la obligación de brindar campañas de concientización, recomendaciones a los medios de comunicación sobre cómo abordar las noticias sobre el tema, habilitar una línea telefónica con personas especializadas.

Asimismo, la obligación de brindar cobertura asistencial a las personas que hayan presentado conductas tendientes al suicidio, así como a sus familias, y también a las familias de quienes hayan concretado el acto suicida, que comprendería la detección, el seguimiento y el tratamiento.

Ley de Educación Emocional

La iniciativa de Ley de Educación Emocional pretende desarrollar programas encaminados a conocer y generar habilidades emocionales tanto individuales, como colectivas y a implementar modelos educativos que permitan la gestión de la inteligencia emocional.

Se obligaría a proporcionar educación emocional con estricto apego a los derechos humanos, con perspectiva de género, de manera incluyente y no discriminatoria.

También se prevé la creación de un Sistema de Educación Emocional integrado por profesionistas como: psicólogos, terapeutas, tanatólogos. Pedagogos y que las autoridades prevean recursos para la aplicación de esa norma.

El grupo parlamentario del PRD en la Legislatura mexiquense propuso expedir tres nuevas leyes para el Estado de México: de Salud Mental, de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio y de Educación Emocional para impulsar una vida de bienestar emocional, psicológica y social y hacer frente a las secuelas generadas por la pandemia de Covid-19.

El coordinador del PRD en el Congreso mexiquense, Omar Ortega Álvarez advirtió que la crisis sanitaria ha tenido repercusiones económicas, sociales, educativas, culturales, ambientales, pero también en la salud, pues el duelo, el ‎aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo han generado y agravado trastornos de salud mental.

De hecho, advirtió, muchas personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas, sufren insomnio ‎y ansiedad y han incrementado los suicidios; por lo cual buscan la expedición de tres nuevas leyes que atiendan los problemas de salud mental.

Las iniciativas del PRD precisan que la pandemia aceleró la tendencia observada desde años previos, en torno a que los problemas de salud mental son una de las problemáticas más invisibilizadas, pero más persistentes en la sociedad mexicana.


Ley de Salud Mental

Con esta iniciativa, el sol azteca pretende garantizar la prestación de servicios de salud mental de calidad, incrementar su cobertura, la protección a los derechos humanos, el derecho a recibir tratamiento, la integración de las personas con trastornos mentales en comunidad y la promoción de esa en la sociedad.

La propuesta advierte que existe una gran brecha entre las necesidades de la población y la disponibilidad de recursos y servicios de salud mental, y apunta a que el estigma y la discriminación son la principal barrera de acceso y reto.

Los problemas de salud mental, se alerta en el documento, han cobrado una importancia creciente, constituyen una preocupación de salud pública y la pandemia ha provocado un incremento en la demanda de servicios de salud mental, puede traer consigo complicaciones neurológicas y mentales, ‎como estados delirantes, de agitación o accidentes cerebrovasculares.

En términos epidemiológicos, de acuerdo con la iniciativa, la salud mental representa un 12% de las enfermedades, afecta hasta un 28% de años vividos con discapacidad y constituye una de las tres principales causas de mortalidad entre personas de 15 a 35 años por el suicidio. “Las evidencias mundiales dan cuenta que no hay salud sin salud mental”, se alerta.

Los trastornos mentales, precisa el documento, ocasionan altos costos económicos, un importante impacto social, familiar, emocional y personal por el rechazo social, estigma, discriminación y falta de oportunidades de trabajo para las personas afectadas; por lo cual urge un sistema eficaz, un marco de atención a los problemas de salud mental que garantice medidas para erradicar las violaciones a los derechos humanos, así como prácticas de tortura en usuarios y usuarias.

La propuesta de ley de Salud Mental prevé que existirá personal especializado, acreditado; además se tendría que instrumentar un modelo de salud mental, programas en la materia, difundir campañas, una Red Estatal con módulos, un Centro de Investigación e Información sobre Salud Mental y una página electrónica.

Además, todo prestador de servicios de salud mental público, social y privado estaría obligado a actuar con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la atención que brinde a las personas. Habría una base de datos para realizar investigaciones.

Además, se regularían los internamientos con plazos máximos de 90 días al año y podrían ser de urgencia, voluntarios o por orden de una autoridad y habría sanciones al incumplimiento de la ley.

El Gobierno del Estado tendría que incluir una partida no menor al 3% del presupuesto total destinado a la salud, que garantizara a dependencias y entidades del Estado cumplir con los objetivos y sería invertido por la Secretaría de Salud en la planeación, organización, operación, supervisión y evaluación de la prestación de los servicios en materia de salud mental.

Ley de Prevención de Suicidio

La propuesta en esta materia busca establecer las bases para realizar acciones encaminadas a procurar la disminución en la incidencia del suicidio a través de su prevención, atención y posvención, en atención de los factores biológicos, sicológicos y sociales, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo.

La propuesta alerta que el suicidio se ha convertido en una válvula de escape y se presenta en niños, adolescentes, adultos, y personas de la tercera edad y puede manifestarse en cualquier etapa de la existencia de algún individuo, así como en cualquier espacio sociodemográfico, viéndose agudizada en los últimos meses producto de la contingencia sanitaria por COVID-19 y es consecuencia de la falta de seguimiento a la salud mental.

En México, se indica en el documento, ha incrementado la estadística de mortalidad por suicidio y las y los menores de edad son el sector de la población más afectado por el confinamiento, pues en 2020, el año del inicio de la pandemia, mil 150 menores de edad se quitaron la vida, una cifra nunca antes registrada.

De esa cifra, 278 de niños y niñas tenían entre 10 y 14 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y representaron el 14.5% de los 7 mil 896 suicidios registrados de todas las edades, en el país.

Las entidades donde se registraron más casos fueron el Estado de México y Jalisco, que en conjunto concentraron un 19.3% del total: mil 487 suicidios de los 7 mil 896 registrados en todo el país.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), algunas causas que motivan a las personas a suicidarse se relacionan con los síntomas y factores de riesgo por problemas familiares graves, situaciones de violencia y agresividad, abuso sexual, problemáticas en el ámbito escolar como: bajas calificaciones o el rechazo de compañeros, que en algunos casos origina burlas y agresiones.

La propuesta incluye un registro de las instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales, del sector público y privado, que cumplan con los estándares establecidos por el Comité, para la atención y prevención del suicidio, un protocolo de intervención, un registro con estadísticas de intentos de suicidio, causas, perfil de quienes lo han intentado.

También la obligación de brindar campañas de concientización, recomendaciones a los medios de comunicación sobre cómo abordar las noticias sobre el tema, habilitar una línea telefónica con personas especializadas.

Asimismo, la obligación de brindar cobertura asistencial a las personas que hayan presentado conductas tendientes al suicidio, así como a sus familias, y también a las familias de quienes hayan concretado el acto suicida, que comprendería la detección, el seguimiento y el tratamiento.

Ley de Educación Emocional

La iniciativa de Ley de Educación Emocional pretende desarrollar programas encaminados a conocer y generar habilidades emocionales tanto individuales, como colectivas y a implementar modelos educativos que permitan la gestión de la inteligencia emocional.

Se obligaría a proporcionar educación emocional con estricto apego a los derechos humanos, con perspectiva de género, de manera incluyente y no discriminatoria.

También se prevé la creación de un Sistema de Educación Emocional integrado por profesionistas como: psicólogos, terapeutas, tanatólogos. Pedagogos y que las autoridades prevean recursos para la aplicación de esa norma.

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