/ jueves 29 de julio de 2021

Proponen ampliar catálogo de delitos graves

Se incluirían el cohecho, el abuso de autoridad, peculado, el ejercicio abusivo de funciones y el enriquecimiento ilícito

El grupo parlamentario de Morena propuso reformar el Código Penal mexiquense para considerar como delitos graves el cohecho, el abuso de autoridad, el peculado, el ejercicio abusivo de funciones y el enriquecimiento ilícito.

La diputada Azucena Cisneros Coss advirtió que en estos momentos no hay penas que sean lo suficientemente coercitivas contra las personas servidoras públicas que incurran en esas conductas ilícitas, por lo cual es necesario ajustar la norma.

También señaló que existe un alto grado de impunidad, pues de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación sólo el 2% de los delitos de corrupción son castigados y entre los que se sancionan casi nunca hay altos mandos, a pesar de que la corrupción lastima a la sociedad, amplía la brecha de desigualdad y degrada la confianza hacia las instituciones.

Por ello, señaló, quienes sean responsables de desvíos de recursos públicos deben ser castigadas y castigados, y es necesario contar con una nueva generación de funcionarios jóvenes con capacidad, preparación académica, pero también con sentido de responsabilidad ética y amor al país.

Aún cuando reconoció que hubo avances con la creación del Sistema Anticorrupción, cuya ley se expidió en la entidad en mayo del 2017, afirmó que antes de la implementación del sistema los delitos de cohecho, abuso de autoridad y peculado se consideraban como graves, con lo cual, se perseguían de oficio y se ordenaba prisión preventiva oficiosa, pero con las reformas de hace cuatro años dejaron de ser graves.

Reprochó que en ese sentido la entrada en vigor de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y otras reformas no ayudaron al combate a la corrupción y generaron una permisividad para que funcionarias o funcionarios realicen conductas atípicas, antijurídicas culpables y punibles, pues las penas no son altas.

Por ello, planteó que para inhibir esas conductas es necesario reformar el Código Penal y adicionar como delitos graves el ejercicio abusivo de funciones y el enriquecimiento ilícito, así como volver a considerar como tales el abuso de autoridad, el cohecho y el peculado a fin de que las y los servidores públicos se abstengan de realizar conductas delictivas.

Azucena Cisneros anunció que esta propuesta será la primera de una serie de iniciativas que buscan reencaminar la finalidad por la cual se crearon los sistemas anticorrupción en todos los niveles de gobierno y advirtió que la entidad mexiquense es uno de las más corruptas y violentas y donde prevalece la impunidad.

Otras propuestas

Morena también propuso que las órdenes de protección a víctimas de violencia que se encuentren en riesgo sean inmediatas y la Legislatura exhortó al secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer a concluir obras y acciones en el municipio de Tecámac en materia de salud, obra pública, movilidad y educación.

También plantearon una propuesta de reforma a la Ley de Movilidad para que se instale un módulo virtual de quejas ciudadanas y reformas a la Ley de Fiscalización del Estado de México.

El grupo parlamentario de Morena propuso reformar el Código Penal mexiquense para considerar como delitos graves el cohecho, el abuso de autoridad, el peculado, el ejercicio abusivo de funciones y el enriquecimiento ilícito.

La diputada Azucena Cisneros Coss advirtió que en estos momentos no hay penas que sean lo suficientemente coercitivas contra las personas servidoras públicas que incurran en esas conductas ilícitas, por lo cual es necesario ajustar la norma.

También señaló que existe un alto grado de impunidad, pues de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación sólo el 2% de los delitos de corrupción son castigados y entre los que se sancionan casi nunca hay altos mandos, a pesar de que la corrupción lastima a la sociedad, amplía la brecha de desigualdad y degrada la confianza hacia las instituciones.

Por ello, señaló, quienes sean responsables de desvíos de recursos públicos deben ser castigadas y castigados, y es necesario contar con una nueva generación de funcionarios jóvenes con capacidad, preparación académica, pero también con sentido de responsabilidad ética y amor al país.

Aún cuando reconoció que hubo avances con la creación del Sistema Anticorrupción, cuya ley se expidió en la entidad en mayo del 2017, afirmó que antes de la implementación del sistema los delitos de cohecho, abuso de autoridad y peculado se consideraban como graves, con lo cual, se perseguían de oficio y se ordenaba prisión preventiva oficiosa, pero con las reformas de hace cuatro años dejaron de ser graves.

Reprochó que en ese sentido la entrada en vigor de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y otras reformas no ayudaron al combate a la corrupción y generaron una permisividad para que funcionarias o funcionarios realicen conductas atípicas, antijurídicas culpables y punibles, pues las penas no son altas.

Por ello, planteó que para inhibir esas conductas es necesario reformar el Código Penal y adicionar como delitos graves el ejercicio abusivo de funciones y el enriquecimiento ilícito, así como volver a considerar como tales el abuso de autoridad, el cohecho y el peculado a fin de que las y los servidores públicos se abstengan de realizar conductas delictivas.

Azucena Cisneros anunció que esta propuesta será la primera de una serie de iniciativas que buscan reencaminar la finalidad por la cual se crearon los sistemas anticorrupción en todos los niveles de gobierno y advirtió que la entidad mexiquense es uno de las más corruptas y violentas y donde prevalece la impunidad.

Otras propuestas

Morena también propuso que las órdenes de protección a víctimas de violencia que se encuentren en riesgo sean inmediatas y la Legislatura exhortó al secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer a concluir obras y acciones en el municipio de Tecámac en materia de salud, obra pública, movilidad y educación.

También plantearon una propuesta de reforma a la Ley de Movilidad para que se instale un módulo virtual de quejas ciudadanas y reformas a la Ley de Fiscalización del Estado de México.

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