Parlamentarios y parlamentarias plantearon la necesidad de garantizar la gratuidad y accesibilidad de la educación a distancia, la inclusión de todos los sectores e impulsar la ciencia y la tecnología.
A través de diferentes participaciones en la Comisión de Educación, una de las que trabajan para construir una nueva Constitución plantearon la necesidad de que las y los alumnos cuenten con los medios para participar en la educación a distancia porque no todos tienen los recursos suficientes.
También hubo planteamientos para elevar a secretaría el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, impulsar la cultura, regionalizar la educación, impulsar la capacitación de las y los docentes y apoyar a las escuelas particulares.
La comisión sesionó por casi siete horas donde atendieron 25 de 63 propuestas.
Las propuestas
Fany Torres Galindo advirtió que no hay conectividad, ni dispositivos suficientes para las y los estudiantes, por lo cual expuso la necesidad de señalar en la Carta Magna que el Estado tiene la obligación de entregar materiales a profesores y estudiantes; así como la conectividad a WiFI, sobre todo en zonas marginadas.
Liliana Mendoza Romero planteó garantizar la calidad y gratuidad de la educación a distancia que favorezca el desarrollo, pues se requiere conectividad, acceso a internet, y eso provoca desigualdad y rezagos porque no todas las familias pueden pagarlo.
Karla Nolasco Ayala propuso garantizar una educación incluyente, sostenible y con perspectiva de género y que el Estado provea lo necesario, impulsar la formación de docentes e introducir nuevos términos para una educación de calidad.
Edwin Hernández Barrera presentó una iniciativa para regionalizar la educación, de tal forma que los municipios informen a la SEP lo que requieren, pues cada uno tiene vocaciones y necesidades distintas
Teresa Cortés Norberto propuso incluir un nuevo artículo en la Constitución referente al derecho a la educación y a la cultura y las facultades y atribuciones de la Secretaría de Cultura, el respeto al patrimonio y a comunidades étnicas.
Germán Gómez de la Federación de Escuelas Particulares propuso fortalecer las capacidades del Estado para que puedan incentivar a los particulares con financiamiento, estímulos fiscales y otros mecanismos que proveen educación, otorgan cobertura que el Estado no puede garantizar y que el Consejo de Ciencia y Tecnología sea elevado a secretaría.
Diego Alí Álvarez Mendoza presentó una iniciativa para crear el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Sociológicas para el Desarrollo estatal, mientras José Alfredo Hernández Pérez planteó señalar en la Constitución el derecho de todo individuo a recibir educación superior de forma obligatoria.
Daniel Alberto Medina propuso el respeto a la educación para que no se atente contra la libertad religiosa de las familias, ni se invada la patria potestad con algunas realidades que no respetan la fe, ni la moral religiosa, lo cual generó un amplio debate.
José Roberto Rodríguez planteó el reconocimiento constitucional de los padres de familia y docentes como agentes importantes en el proceso educativo y fortalecer a las instituciones educativas para lograr una modalidad a distancia.
Teresa Furlon propuso que además de la educación básica el Estado imparta educación especial para personas discapacitadas, y con capacidades diferentes y para indígenas; así como promover políticas contra el analfabetismo.
Erick Rosas propuso una iniciativa para que el Estado imparta una educación basada en la ciencia y que las investigaciones con recursos públicos estén en plataformas y en un repositorio.
