/ viernes 9 de julio de 2021

Proponen hacer accesibles mecanismos de participación ciudadana

Rechazan aumentar plurinominales y desparecer partidos

Integrantes del Parlamento Abierto se pronunciaron por hacer más accesibles mecanismos de participación ciudadana como el referéndum, el plebiscito y establecer la revocación del mandato para la o el gobernador en turno, así como la necesidad de una Ley de Participación Ciudadana en el Estado de México.

Al reanudar los trabajos de la Comisión de Democracia y Régimen Político, también hubo propuestas para eliminar la reelección, aumentar el número de diputados y diputadas de representación proporcional, desaparecer los partidos políticos locales, así como fijar perfiles para acceder a cargos de elección popular.

Los trabajos de la comisión se prolongaron por varias horas, en las cuales se hicieron distintos planteamientos polémicos y varios coincidieron en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana. También se planteó impulsar mecanismos de apertura gubernamental para fortalecer los sistemas de transparencia y de combate a la corrupción.

Las iniciativas

Juan Carlos González Díaz, de un Foro de Abogados, planteó establecer la figura de revocación del mandato del gobernador, pues a nivel federal ya existe la posibilidad de revocar al presidente, en la Constitución de la Ciudad de México también existe esa posibilidad, por lo cual, opinó, se debe incluir en la carta magna mexiquense y se podría convocar a partir del tercer año de gobierno.

Hubo posiciones en torno a que esa figura no ha funcionado, no existe una salida jurídica en el país si el siguiente año el presidente pierde la votación, y obligaría a las autoridades a estar en campaña permanente, pero el autor defendió que sería una forma de exigir cuentas. Sumó una mayoría de consensos.

Arturo Arredondo Ibarra propuso reformas para impulsar la participación ciudadana y señalar que se pueda solicitar un referéndum con el 10% de electores, y no con el 20%, como señala la ley actualmente y precisar los conceptos de plebiscito y de revocación de mandato. Parlamentarios respaldaron la necesidad de disminuir los porcentajes para solicitar esos ejercicios.

Miguel Ángel Quio Hernández propuso diversas reformas a la Constitución, al Código Electoral, a la Ley Orgánica Municipal y una Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México, a fin de reconocer el derecho a la participación ciudadana, que la revocación del mandato no sea facultad de la Legislatura, sino de la ciudadanía y aplique también para quien ocupe la gubernatura, a la par de dar atribuciones específicas al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral para que garanticen esos ejercicios y establecer cabildos abiertos.

Rafael Fuentes Díaz propuso establecer medios accesibles para la aplicación del referéndum y la consulta ciudadana, Luis Ramiro Rojas Arreola planteó ajustes para evitar la elección consecutiva al establecer que quien sea electo para alcalde o alcaldesa no podrá ser electo para otro periodo constitucional, ni designado para cubrir suplencias absolutas, o temporales del mismo cargo,

Martha Esthér Rodríguez propuso una mayor participación de las organizaciones civiles en los planes de desarrollo, en tanto María Fernanda Rivera establecer la obligación de impulsar mecanismos de apertura gubernamental para fortalecer los sistemas de transparencia y de combate a la corrupción.

Jacqueline Salomé Carmona propuso ampliar la representación proporcional, pues actualmente muchos sectores no se sienten identificados. Su propuesta fue que la Legislatura mexiquense se integre por 90 personas: 45 diputaciones de mayoría y 45 de representación proporcional para dar espacios a sectores vulnerables. La mayoría estuvo en disenso.

Modesto Sánchez Castellanos planteó la desaparición de los partidos políticos del Estado de México, pues advirtió que no está de acuerdo en que vivan a costa del erario y de los impuestos de todas y todos los mexicanos, pues muchas veces se convierten en negocios familiares, cambian de partido o crean el suyo, llegan por dedazo, hay amiguismos y compadrazgos.

Con su iniciativa se eliminaría la reelección, se ahorrarían los recursos que actualmente se gastan en las elecciones. Varios se pronunciaron en contra de los "chapulines", pero la iniciativa tuvo una mayoría de disensos.

Laura Benhumea González planteó la necesidad de señalar cómo se elegiría a los integrantes de los gobiernos de coalición, a fin de que no sea una facultad discrecional del Ejecutivo, establecer un convenio y una agenda. Esa propuesta tuvo mayoría de consensos.

Victor Casimiro Garfias y Alberto Tovar Osorio propusieron que exista como requisito obligatorio un perfil de idoneidad para ocupar la gubernatura, diputaciones, alcaldías, sindicaturas y regidurías, a fin de profesionalizar los puestos públicos y terminar con la improvisación. La mayoría no lo apoyó.

Victor Hugo Escobar propuso establecer la laicidad del Estado y la libertad religiosa, pues aseguró que existe un vacío legal porque no hay autoridad estatal, ni municipal para garantizarlo, ni se señalan autoridades auxiliares.

Integrantes del Parlamento Abierto se pronunciaron por hacer más accesibles mecanismos de participación ciudadana como el referéndum, el plebiscito y establecer la revocación del mandato para la o el gobernador en turno, así como la necesidad de una Ley de Participación Ciudadana en el Estado de México.

Al reanudar los trabajos de la Comisión de Democracia y Régimen Político, también hubo propuestas para eliminar la reelección, aumentar el número de diputados y diputadas de representación proporcional, desaparecer los partidos políticos locales, así como fijar perfiles para acceder a cargos de elección popular.

Los trabajos de la comisión se prolongaron por varias horas, en las cuales se hicieron distintos planteamientos polémicos y varios coincidieron en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana. También se planteó impulsar mecanismos de apertura gubernamental para fortalecer los sistemas de transparencia y de combate a la corrupción.

Las iniciativas

Juan Carlos González Díaz, de un Foro de Abogados, planteó establecer la figura de revocación del mandato del gobernador, pues a nivel federal ya existe la posibilidad de revocar al presidente, en la Constitución de la Ciudad de México también existe esa posibilidad, por lo cual, opinó, se debe incluir en la carta magna mexiquense y se podría convocar a partir del tercer año de gobierno.

Hubo posiciones en torno a que esa figura no ha funcionado, no existe una salida jurídica en el país si el siguiente año el presidente pierde la votación, y obligaría a las autoridades a estar en campaña permanente, pero el autor defendió que sería una forma de exigir cuentas. Sumó una mayoría de consensos.

Arturo Arredondo Ibarra propuso reformas para impulsar la participación ciudadana y señalar que se pueda solicitar un referéndum con el 10% de electores, y no con el 20%, como señala la ley actualmente y precisar los conceptos de plebiscito y de revocación de mandato. Parlamentarios respaldaron la necesidad de disminuir los porcentajes para solicitar esos ejercicios.

Miguel Ángel Quio Hernández propuso diversas reformas a la Constitución, al Código Electoral, a la Ley Orgánica Municipal y una Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México, a fin de reconocer el derecho a la participación ciudadana, que la revocación del mandato no sea facultad de la Legislatura, sino de la ciudadanía y aplique también para quien ocupe la gubernatura, a la par de dar atribuciones específicas al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral para que garanticen esos ejercicios y establecer cabildos abiertos.

Rafael Fuentes Díaz propuso establecer medios accesibles para la aplicación del referéndum y la consulta ciudadana, Luis Ramiro Rojas Arreola planteó ajustes para evitar la elección consecutiva al establecer que quien sea electo para alcalde o alcaldesa no podrá ser electo para otro periodo constitucional, ni designado para cubrir suplencias absolutas, o temporales del mismo cargo,

Martha Esthér Rodríguez propuso una mayor participación de las organizaciones civiles en los planes de desarrollo, en tanto María Fernanda Rivera establecer la obligación de impulsar mecanismos de apertura gubernamental para fortalecer los sistemas de transparencia y de combate a la corrupción.

Jacqueline Salomé Carmona propuso ampliar la representación proporcional, pues actualmente muchos sectores no se sienten identificados. Su propuesta fue que la Legislatura mexiquense se integre por 90 personas: 45 diputaciones de mayoría y 45 de representación proporcional para dar espacios a sectores vulnerables. La mayoría estuvo en disenso.

Modesto Sánchez Castellanos planteó la desaparición de los partidos políticos del Estado de México, pues advirtió que no está de acuerdo en que vivan a costa del erario y de los impuestos de todas y todos los mexicanos, pues muchas veces se convierten en negocios familiares, cambian de partido o crean el suyo, llegan por dedazo, hay amiguismos y compadrazgos.

Con su iniciativa se eliminaría la reelección, se ahorrarían los recursos que actualmente se gastan en las elecciones. Varios se pronunciaron en contra de los "chapulines", pero la iniciativa tuvo una mayoría de disensos.

Laura Benhumea González planteó la necesidad de señalar cómo se elegiría a los integrantes de los gobiernos de coalición, a fin de que no sea una facultad discrecional del Ejecutivo, establecer un convenio y una agenda. Esa propuesta tuvo mayoría de consensos.

Victor Casimiro Garfias y Alberto Tovar Osorio propusieron que exista como requisito obligatorio un perfil de idoneidad para ocupar la gubernatura, diputaciones, alcaldías, sindicaturas y regidurías, a fin de profesionalizar los puestos públicos y terminar con la improvisación. La mayoría no lo apoyó.

Victor Hugo Escobar propuso establecer la laicidad del Estado y la libertad religiosa, pues aseguró que existe un vacío legal porque no hay autoridad estatal, ni municipal para garantizarlo, ni se señalan autoridades auxiliares.

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