/ viernes 5 de marzo de 2021

Proponen hasta 20 años de prisión por abuso sexual infantil

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública el abuso sexual contra menores ha tenido un incremento del 648% en los últimos años en el Edomex


El grupo parlamentario del PAN propuso reformar el Código Penal del Estado de México para aumentar hasta a 20 años de prisión la penalidad contra quien cometa abuso sexual infantil, cuando se trate de un familiar, docente, educador del menor, o de un servidor público.

Durante la sesión de este jueves la diputada Ingrid Schemelensky Castro hizo la propuesta y alertó que el abuso sexual es un delito que cada vez se registra con mayor frecuencia y en el cual niñas, niños y adolescentes aún están desprotegidos y más de la mitad de las víctimas conviven con sus agresores.

Datos de la Organización Mundial de la Salud, citó, refieren que una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños, son víctima de abuso sexual, mientras en México, de los y las adolescentes que declararon haber sufrido abuso sexual, el 75% reconoció que fue por algún familiar, vecino o conocido, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2019.

En cuanto al Estado de México, explicó, datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que el delito de abuso sexual ha tenido un incremento de un 648% en los últimos años, al pasar de 446 casos en 2015 a más de 2 mil 891 en 2020, donde las víctimas son principalmente niñas, niños y mujeres.

Su propuesta busca aumentar el castigo por el delito de abuso sexual hasta a 20 años cuando sea cometido por un familiar, o por la persona que tiene a la víctima bajo su custodia, guarda, educación o aproveche la confianza en él depositada, y que pierda la patria potestad o la tutela.

La pena se aplicaría también cuando el delito sea cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público. La iniciativa prevé el pago de la reparación de daños y perjuicios a la víctima.

Los números

En la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) levantada por el INEGI en 2016 sobre incidentes en la infancia, dijo, arrojó que en el 60% de los casos los delitos sexuales son mayormente cometidos por agresores conocidos de las víctimas y un 20% por familiares.

La organización Aldeas Infantiles México ha señalado que existen alrededor de 4.5 millones de niñas y niños en el país que son víctimas de abuso sexual, y en su gran mayoría son cometidos por personas que pertenecen a su círculo de confianza.

Además, derivado del aislamiento en el entorno familiar por las medidas de confinamiento y el distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19 la organización ha alertado también de potenciales incrementos de violencia y abuso sexual hacia niñas y niños.

De hecho, ha cuantificado que desde el año 2020 en promedio cada día, al menos 155 personas son violentadas cada hora a nivel nacional.

La diputada local refirió que 17 Códigos estatales ya contemplan supuestos que incrementan el castigo cuando el delito es cometido por alguna persona que tiene un vínculo familiar o de confianza con la víctima y la pérdida de la patria potestad o tutela sobre la víctima, así como la suspensión o inhabilitación del empleo o cargo, mientras solo uno alude a la reparación del daño y 20 ordenan la destitución de servidores públicos que hayan incurrido en ese delito.


El grupo parlamentario del PAN propuso reformar el Código Penal del Estado de México para aumentar hasta a 20 años de prisión la penalidad contra quien cometa abuso sexual infantil, cuando se trate de un familiar, docente, educador del menor, o de un servidor público.

Durante la sesión de este jueves la diputada Ingrid Schemelensky Castro hizo la propuesta y alertó que el abuso sexual es un delito que cada vez se registra con mayor frecuencia y en el cual niñas, niños y adolescentes aún están desprotegidos y más de la mitad de las víctimas conviven con sus agresores.

Datos de la Organización Mundial de la Salud, citó, refieren que una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños, son víctima de abuso sexual, mientras en México, de los y las adolescentes que declararon haber sufrido abuso sexual, el 75% reconoció que fue por algún familiar, vecino o conocido, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2019.

En cuanto al Estado de México, explicó, datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que el delito de abuso sexual ha tenido un incremento de un 648% en los últimos años, al pasar de 446 casos en 2015 a más de 2 mil 891 en 2020, donde las víctimas son principalmente niñas, niños y mujeres.

Su propuesta busca aumentar el castigo por el delito de abuso sexual hasta a 20 años cuando sea cometido por un familiar, o por la persona que tiene a la víctima bajo su custodia, guarda, educación o aproveche la confianza en él depositada, y que pierda la patria potestad o la tutela.

La pena se aplicaría también cuando el delito sea cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público. La iniciativa prevé el pago de la reparación de daños y perjuicios a la víctima.

Los números

En la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) levantada por el INEGI en 2016 sobre incidentes en la infancia, dijo, arrojó que en el 60% de los casos los delitos sexuales son mayormente cometidos por agresores conocidos de las víctimas y un 20% por familiares.

La organización Aldeas Infantiles México ha señalado que existen alrededor de 4.5 millones de niñas y niños en el país que son víctimas de abuso sexual, y en su gran mayoría son cometidos por personas que pertenecen a su círculo de confianza.

Además, derivado del aislamiento en el entorno familiar por las medidas de confinamiento y el distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19 la organización ha alertado también de potenciales incrementos de violencia y abuso sexual hacia niñas y niños.

De hecho, ha cuantificado que desde el año 2020 en promedio cada día, al menos 155 personas son violentadas cada hora a nivel nacional.

La diputada local refirió que 17 Códigos estatales ya contemplan supuestos que incrementan el castigo cuando el delito es cometido por alguna persona que tiene un vínculo familiar o de confianza con la víctima y la pérdida de la patria potestad o tutela sobre la víctima, así como la suspensión o inhabilitación del empleo o cargo, mientras solo uno alude a la reparación del daño y 20 ordenan la destitución de servidores públicos que hayan incurrido en ese delito.

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