Combatir la problemática social que genera el robo de telefonía celular, equipos de cómputo y dispositivos electrónicos, son propósitos de la iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México que busca sanciones de hasta ocho años de prisión por este delito, así como por hackearlos para su comercialización.
Al iniciar el análisis de la iniciativa , el diputado proponente Isaac Montoya explicó que 90 por ciento de los robos en el transporte público son con violencia, y en estos se busca sobre todo dispositivos electrónicos como teléfonos celulares por las elevadas ganancias que deja su comercialización ilegal, y por el hecho de que en México se estiman más de 88 millones de usuarios de este servicio, además que por cada 10 celulares nueve son de los denominados inteligentes.
En este sentido, propone penas de dos a ocho años de prisión para quien participe en el delito de encubrimiento por receptación de teléfonos celulares, equipos de cómputo y demás dispositivos electrónicos. Además, como el ciclo relacionado con el robo de celulares implica su recepción, modificación y venta ilegal, se plante equiparar esta conducta al delito de encubrimiento por receptación, por el que se impondrán hasta tres años de cárcel y multa igual a tres veces el valor de los bienes.
La propuesta plantea que los ayuntamientos, a su vez, no autoricen la venta en vía pública, puesto fijos o semi fijos, mercados, centrales de abasto este tipo de bienes.
Durante la reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Legislación y Administración Municipal, diputadas y diputados locales señalaron que durante 2022 México casi dos millones de hogares padecieron robos entre alguno de sus miembros y acordaron solicitar la opinión y aportaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM).
