Los grupos parlamentarios del PRD y del PAN en el Congreso local propusieron reconocer en el Código Civil mexiquense la violencia vicaria y tipificarla como delito en el Código Penal, es decir, la que se ejerce hacia las o los hijos, madre, padre, hermanos, e incluso a animales de compañía, con el fin de herir y dañar a la mujer. Ese ilícito se perseguiría de oficio y se sancionaría con penas de cuatro a ocho años de prisión.
Las sanciones se incrementarían hasta en una tercera parte si el agresor incurriera en daño físico a las hijas o hijos de la víctima, personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia, o mascotas con las que la mujer tenga una relación afectiva. Además, el sujeto activo perdería todos los derechos con relación a la víctima y a las hijas e hijos de ella.
También se prevé que si el agresor devuelve a las y los menores a la madre en cualquier parte del proceso, la pena se podría reducir de uno a cinco años de prisión.
La propuesta incluye que si la o el servidor público retarda o entorpece maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en la investigación de un delito de violencia vicaria, sustracción de menores o violencia familiar, se le impondrían de tres a ocho años de prisión y de 500 a mil 500 días multa y sería destituido e inhabilitado de seis a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
La iniciativa contempla que las y los integrantes de la familia que incurrieran en el delito de violencia familiar y/o violencia vicaria tendrían que reparar los daños y perjuicios ocasionados con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones, e incluir en el delito de cohecho a la o el particular que aprovecharan su condición como profesionista para la comisión del delito, con las penas descritas y la inhabilitación para el ejercicio profesional. Además, la propuesta leída por la diputada del PRD, Viridiana Fuentes Cruz plantea reformas al Código Civil del Estado de México para señalar como causal para perder la patria potestad cualquier tipo o forma de violencia, incluida la familiar y vicaria y la posibilidad de recuperarla al acreditar haberse sometido satisfactoriamente a un proceso reeducativo de agresores y métodos de crianza positivos y de buenos tratos hacia niñas, niños y adolescentes, así como contar con valoraciones psicológicas y de trabajo social favorables y con el visto bueno de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
El pleno de la Legislatura local aprobó el pasado siete de abril adicionar el artículo 8 Ter a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con el fin de reconocer ese tipo de violencia en el capítulo primero, relativo a la violencia en el ámbito familiar.
Fuentes Cruz afirmó que la violencia vicaria es intencionada, con la existencia de un sujeto activo, víctimas directas e indirectas, que se realiza de manera intencionada, y en muchas ocasiones se configura como un acto de venganza, para retener a la mujer y evitar el abandono y esa conducta, añadió, cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, las priva de autoridad y pone en duda su palabra.
“Las mujeres suelen intentar que su voz se oiga en la escuela de sus hijas o hijos, entre las amistades, en la propia familia, en los juzgados, pero los imaginarios del “buen hombre” y la “mala mujer”, sustentados en roles y estereotipos de género, se imponen”, lamentó.
Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Víctimas, realizada por la organización Frente Nacional Contra Violencia Vicaria, en colaboración con la empresa Altermind identificaron 205 casos de violencia vicaria, donde el promedio de edad de las víctimas fue de 39 años; todas fueron madres que en promedio tenían 1.9 hijos e hijas con edades promedio de 10 años.
En el 92% de los casos, explicó, el agresor contaba con recursos que le permitían favorecerse de los procesos legales e impedían a la víctima el acceso inmediato a la justicia y nueve de cada 10 agresores tuvieron facilidades de bloquear los procesos legales de la víctima y/o los recursos para tener fallos a su favor al tener cargos públicos el 21% de los agresores, tráfico de influencias el 50%, alargamiento del proceso legal un 72% y recursos económicos el 82%.
Además, el cien por ciento de las víctimas entrevistadas declararon haber sufrido violencia psicológica, física, patrimonial y económica, de manera previa a la violencia vicaria y el 71% de ellas declararon haber sufrido también violencia institucional en los procesos.
La colectiva Cam-Cai informó que, las víctimas de violencia vicaria que confluían en la organización habían experimentado también violencia patrimonial en el 50% de los casos, violencia económica en el 80%, violencia sexual en el 40%, violencia física en el 70% y violencia psicológica en todos los casos.
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