El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México, José Guadalupe Luna, anunció que marchará y se manifestará públicamente, en protesta porque los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción la semana pasada rechazaron que existan actos de corrupción en las cárceles mexiquenses.
“Es imposible que los funcionarios más altos del Estado, a quienes se les ha encomendado combatir la corrupción, den una respuesta tan aberrante como decir que desde su punto de vista no hay actos de corrupción en los centros de readaptación”, expuso.
La semana pasada, la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México, todos ellos funcionarios públicos, se negaron a exhortar a la Secretaría de Seguridad del Estado de México sobre la posible comisión de delitos en los centros de Readaptación Social por supuestos cobros, extorsiones, sobornos y por actividades ilícitas y de autogobierno.
Luna acusó que el secretario de la Contraloría Javier Vargas; la auditora superior, Miroslava Carrillo, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Arlen Jaime Merlos el representante del Poder Judicial, Pablo Espinosa y el presidente del Instituto de Transparencia, José Martínez Vilchis dijeron que no hay actos de corrupción en los centros de readaptación social.
“De ese tipo es el tamaño del cinismo que el Comité de Participación Ciudadana tiene que enfrentar con respecto a la actitud de los funcionarios públicos”, señaló y añadió que ese tipo de actitudes forman parte de un pacto de complicidades “No me tocas a mí y yo no te tocó a tí y todos vivimos felices; ese es el pacto que hay que romper y los ciudadanos tendremos que levantar la voz”.
Advirtió que los principales actos de corrupción en los centros de readaptación, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son extorsiones y sobornos que las personas deben pagar para acceder a bienes básicos de sobrevivencia, como la propia comida y agua; por lo cual es importante que el sistema hubiera enviado un mensaje distinto al que enviaron los burócratas que forman parte del Comité Coordinador.
Señaló que debe haber una deliberación pública del sistema, el cual es muy complejo, pero también es necesario dejar claro dónde se frenan las cosas, pues en ese y otros temas ha sido en el Comité Coordinador. “Y esto en buena medida es porque no tienen un comportamiento consistente con la norma.
“Uno puede ser funcionario público, pero tener decencia, tener sentido común, tener moral y responsabilidad frente a las personas. Respuestas como la del jueves, en el tema del exhorto, demuestran que estas personas que ocupan estos cargos a lo mejor no tienen un comportamiento consistente con lo que busca la legislación en materia anticorrupción.
Dijo que buscará incorporarse a alguna movilización, de las que actualmente se realizan, con la demanda de asegurar condiciones dignas para las personas privadas de su libertad.
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