Una verdadera reforma al Poder Judicial del Estado de México deberá partir del análisis de las regiones y distritos judiciales si el objetivo es garantizar el acceso de todos los mexiquenses a la justicia y no sólo restarle autonomía, expresó el magistrado en retiro Eduardo López Sosa.
“Para poder reformar al Poder Judicial hay que conocerlo, de lo contrario, si no se conoce se podría cometer un error muy grande con consecuencias socialmente nefastas”, señaló el destacar que la división territorial en 18 distritos judiciales tiene muchos años y ya no responde a la realidad demográfica de una entidad con más de 17 millones de habitantes.
Precisó que se necesita revisar la conformación de las cuatro regiones en que el Poder Judicial tiene dividido en territorio de la entidad en las cuales agrupa determinado número de distritos judiciales, los cuales se integran a su vez por varios municipios, algunos de ellos que han registrado un importalte crecimiento poblacional en los últimos años y que por ello, ya deberían considerar distritos judiciales, pues las cargas de trabajo son excesivas.
El magistrado en retiro López Sosa destacó que el Poder Judicial mexiquense dispone de menos de 400 jueces para atender las necesidades de 17 millones de habitantes, por lo cual se pronunció a favor de buscar un equilibrio en el número de jueces y habitantes.
Es por ello que para elaborar una propuesta de reformas debe contarse con la opinión de quienes todos los días se desempeñan en en los juzgados, pues muchos legisladores no son abogados y los que tienen ese perfil carecen de experiencia, pues la mayoría no han litigado y desconocen cómo es y funciona el Poder Judicial, por eso deben acercarse a jueces, magistrados y a los profesionales del Derecho agremiados en instituciones como los Colegios, Asociaciones de Abogados y Academias de Jurisprudencia.
Recordó que a nivel nacional se anunció la presentación de una iniciativa de reformas al Poder Judicial que al final no se entregó al Senado, pues se filtró información sobre que su contenido constituía un retroceso a los avances que ha tenido el sistema Judicial, por ejemplo, la presunción de inocencia y prácticas que tienen que ver con la tortura, lo cual es un ejemplo de que se necesita la participación de quienes realmente conocen los procesos y la institución.
