El próximo 20 de septiembre, en las oficinas de la Tesorería Municipal de Atlacomulco, serán rematados siete inmuebles propiedad de Lucas Rogelio Caballero Meraz y Carlos Rodrigo Hinojosa Velasco, presidente municipal y tesorero en la administración 2006-2009, respectivamente.
La Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización encabezada por Rogelio Padrón de León aplicó la sanción a los exservidores públicos por omisiones o actos realizados durante el desempeño de sus funciones y para resarcir los daños causados a la Hacienda Pública municipal se determinó la ejecución y cobro del crédito fiscal de responsabilidad administrativa a cargo de los exfuncionarios Lucas Rogelio Caballero Meraz, Eblem Israde Rojas y Carlos Rodrigo Hinojosa Velasco.
El acuerdo fue emitido el pasado 16 de mayo de 2018, según el expediente número OSFEM/UAJ/PAR-IM/354/13. De ello, los exservidores públicos fueron debidamente notificados el 26 de septiembre de ese mismo año, sin que a la fecha se haya cubierto el importe del crédito impuesto por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) que valoró los inmuebles en 7 millones 390 mil 644.88 pesos.
"Bienes inmuebles que serán rematados en el Procedimiento Administrativo de Ejecución instaurado para la recuperación del crédito fiscal derivado de la sanción por RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESARCITORIA que les fue impuesta por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en los expedientes OSFEM/UAJ/PAR-IM/354/13, RR-PAR/44/15, RR-PAR/45/15 y RR-PAR/46/15 en monto histórico de $7,390,644.88 (Siete millones trescientos noventa mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 88/100 en moneda nacional), por ACTOS U OMISIONES REALIZADOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES", señala el documento.
Asimismo, el OSFEM aplicó la sanción por omisiones o malos actos realizados en el desempeño de las funciones durante la administración 2006-2009. Con estas acciones se busca resarcir los daños causados a la Hacienda Pública municipal.
El adeudo, de acuerdo con el tesorero municipal Erick Velasco Zúñiga, les fue notificado y requerido, sin que hayan recibido respuesta de los exfuncionarios municipales, por lo cual los bienes les fueron embargados y serán rematados.
Una vez fincado el remate de bienes inmuebles, se aplicará el depósito constituido. Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libres de todo gravamen, pero no podrán participar en el remate quienes hayan intervenido por parte del fisco en los procedimientos de ejecución.
En caso de que no se finque el remate, la autoridad podrá adjudicarse los bienes o negociaciones o enajenarlos fuera de remate directamente o encomendar dicha enajenación a empresas o instituciones dedicadas a la compra-venta o subasta de bienes, sin que sea necesario que la citada autoridad se adjudique el bien de que se trate.
Con esta acción, el ayuntamiento busca recuperar el crédito fiscal generado por el exalcalde y el extesorero, a quienes les iniciaron un procedimiento resarcitorio que los servidores públicos no han podido aclarar, y ahora, deben resarcir.
La decisión, inédita en la entidad, deriva de un procedimiento iniciado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) que derivó en una responsabilidad y en una sanción por 7.390 millones de pesos a exservidores públicos por actos u omisiones, y a quienes les cobraron desde el año pasado, pero no han pagado.
Esta acción se da a más de un mes que Rogelio Padrón de León, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la LX Legislatura fuera electo, por unanimidad de votos de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, como encargado temporal del OSFEM.