El Frente Nacional por la Familia reprochó la aprobación de la iniciativa de ley para prohibir y sancionar Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIGS) en el Congreso local.
Mediante un comunicado, el movimiento informó que la aprobación de esta Ley violenta el derecho Constitucional que garantiza la libertad de cada persona al libre ejercicio de su vocación o profesión.
Aseguran que cancelar el derecho humano a recibir atención psicológica, psiquiátrica y tratamientos para reintegrarse a su identidad biológica, atenta contra las personas y los propios derechos de los padres y madres para criar a sus hijos.
"El día de hoy es un día lamentable para el Estado de México, ya que se aprobó una ley que buscará estigmatizar e impedir que las personas que así lo quieran puedan tratar la disforia de género, buscando también descalificar la dimensión sexual biológica natural, abriendo incluso la puerta para dar cárcel a padres de familia, ministros de culto y expertos que apliquen terapia o consejería en esta materia", puntualiza el Frente en su postura.
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También refiere que la ley no es clara, pues no establece una distinción entre profesionales que se dedican a dichas terapias y quienes abusan y lucran con ello.
“Los legisladores cometieron un grave error al impedir y calificar el trabajo de cientos de miles de psicólogos como perjudicial sobre el derecho al ejercicio de la profesión medica y del derecho de las personas a su salud”, comentó Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, quien suscribe el comunicado.
Lamentaron que en medio de la situación de inseguridad, salud y economía, que permea en la entidad, el Congreso local se haya concentrado en la prohibición de terapias de este tipo.
“Con la aprobación de esta Ley, se violenta el Derecho Constitucional que garantiza la libertad de cada persona al libre ejercicio de su vocación o profesión y en segundo lugar porque vulnera el derecho mismo del individuo a escoger el tratamiento que a su parecer le sea conveniente", señaló el Frente por la Familia.
Angeles Bravo, coordinadora del Frente Nacional por la Familia, destacó que el Estado no debe vetar el ejercicio profesional en función de criterios ideológicos.
“Estamos totalmente en contra de coercionar o ejercer violencia de la misma manera que estamos en contra de los engaños con los que se pretende imponer la agenda ideológica de género”, finalizó.