/ miércoles 25 de septiembre de 2019

Revisará Contraloría evolución patrimonial del 12% de los servidores del Congreso

La mayoría son del OSFEM, de Administración y de los grupos parlamentarios

Unos 217 servidores públicos de la Legislatura mexiquense serán sujetos de revisión a su evolución patrimonial, pues la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense analizará sus manifestaciones de bienes para determinar que sus ingresos correspondan a sus egresos.

El contralor Victorino Barrios dio a conocer la metodología para determinar a quienes serán sujetos de esa evolución patrimonial en una revisión aleatoria a todas las áreas de la Cámara de Diputados mexiquense.

De los mil 809 servidores públicos obligados a entregar su declaración de bienes la muestra de revisión será a 217, es decir, el 12% del total.

La mayoría de los servidores públicos a quienes revisarán sus declaraciones son del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), con 73; seguidos de los grupos parlamentarios, con 50, en su mayoría asesores y secretarias, la misma cantidad de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Otros 13 son trabajadores de la Contraloría; 11 de Asuntos Parlamentarios; 9 de Comunicación Social, 9 más de la Legislatura, es decir, legisladores locales, uno del INESLE y uno de la Unidad de Información.

La evolución patrimonial es el análisis de las declaraciones de situación patrimonial para corroborar que la información registrada se ajuste a la remuneración percibida por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y en su caso, de otros ingresos declarados.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios establece que los órganos internos de control deberán realizar una verificación aleatoria de la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

Al servidor público del Poder Legislativo al que se atribuya una presunta falta administrativa relacionada con las declaraciones de situación patrimonial será sujeto de investigación ante ese órgano de control.

Las manifestaciones de bienes fueron presentadas en el mes de mayo y la revisión es resultado de un muestreo.

Este año la Legislatura mexiquense registró 46 servidores públicos que no presentaron sus manifestaciones de bienes, ni sus declaraciones de conflicto de interés. Todos son asesores de los diferentes grupos parlamentarios.

El contralor del Poder Legislativo mexiquense, Victorino Barrios Dávalos advirtió en su momento que esa cifra es una de las más altas de la historia de la Legislatura local y es preocupante porque en otras Legislaturas habían llegado al 100 por ciento del cumplimiento.

Unos 217 servidores públicos de la Legislatura mexiquense serán sujetos de revisión a su evolución patrimonial, pues la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense analizará sus manifestaciones de bienes para determinar que sus ingresos correspondan a sus egresos.

El contralor Victorino Barrios dio a conocer la metodología para determinar a quienes serán sujetos de esa evolución patrimonial en una revisión aleatoria a todas las áreas de la Cámara de Diputados mexiquense.

De los mil 809 servidores públicos obligados a entregar su declaración de bienes la muestra de revisión será a 217, es decir, el 12% del total.

La mayoría de los servidores públicos a quienes revisarán sus declaraciones son del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), con 73; seguidos de los grupos parlamentarios, con 50, en su mayoría asesores y secretarias, la misma cantidad de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Otros 13 son trabajadores de la Contraloría; 11 de Asuntos Parlamentarios; 9 de Comunicación Social, 9 más de la Legislatura, es decir, legisladores locales, uno del INESLE y uno de la Unidad de Información.

La evolución patrimonial es el análisis de las declaraciones de situación patrimonial para corroborar que la información registrada se ajuste a la remuneración percibida por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y en su caso, de otros ingresos declarados.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios establece que los órganos internos de control deberán realizar una verificación aleatoria de la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

Al servidor público del Poder Legislativo al que se atribuya una presunta falta administrativa relacionada con las declaraciones de situación patrimonial será sujeto de investigación ante ese órgano de control.

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