El tema no es que la violencia política de género se detone con el principio constitucional de la paridad sino que hoy se visualiza y se cuantifica, por lo cual la denuncia es muy importante para que se registre y poder llevar a cabo las reformas políticas y las políticas que sean necesarias para garantizar a las mujeres su acceso pleno de la vida pública, afirmó Norma Angélica Ley Sánchez, directora de la política nacional de igualdad en el ámbito político y social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Recordó que durante mucho tiempo la política pública fue un espacio absolutamente masculinizado, además de que la democracia en México es un tema joven que se ha desarrollado de manera lenta y empieza a materializarse con la incorporación de las cuotas de género y de la paridad, pues aún se encuentran muchas reticencias en los partidos políticos porque tienen la concepción de que ese espacio les pertenecía y el tema de la política es suyo.
Refirió que muchas mujeres que han podido acceder a cargos públicos o de elección popular comentan cómo han tenido que “masculinizarse” para ejercer su posición pública o política, lo cual responde a la cultura patriarcal que siempre ha ejercido diferentes formas de violencia contra las mujeres.
Durante su participación en el Ciclo de Conferencias para Candidatas y Candidatos e Integrantes de Partidos Políticos en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, organizado por el IEEM, Norma Angélica Ley Sánchez insistió en que la paridad no es un elementos que haya detonado la violencia política contra las mujeres, sino que ésta ha empezado a visibilizarse porque hoy hay una mayor participación de las mujeres en la vida pública.
Por su parte, la consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); María Guadalupe González Jordán, sostuvo que “la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer, las cuales tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente con el objeto de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio de su cargo”.
