/ lunes 29 de junio de 2020

Tendrá OSFEM 4 meses más para revisar cuentas públicas

Dan diputados más plazos y herramientas para fiscalizar

Las comisiones legislativas aprobaron reformas para dar más tiempo al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para revisar las cuentas públicas, a fin de que el informe de fiscalización lo entregue a más tardar el 30 de enero, en lugar del 30 de septiembre del año anterior, en busca de que pueda realizar revisiones más exhaustivas.

Con los ajustes, los diputados tendrán hasta el 10 de marzo del mismo año para dictaminar los informes, habrá un mayor desarrollo e implementación del uso de tecnologías avanzadas en las actividades de fiscalización, el uso de técnicas de información o análisis de datos y la visualización de los mismos, con la finalidad de identificar probables actos de corrupción, conductas irregulares, tendencias o patrones en el ejercicio de los recursos públicos.

Además, los informes de las entidades se entregarán de forma trimestral y no mensual, habrá cuatro meses más para la entrega del informe de resultados, y el órgano, mediante las denuncias de hechos, haría del conocimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la posible comisión de hechos delictivos.

A través de la denuncia de juicio político, haría del conocimiento de la Legislatura la presunción de actos u omisiones.

El autor de la iniciativa, Valentín González de Morena afirmó que las reformas permitirán fortalecer la fiscalización de las cuentas públicas y dar al órgano las herramientas necesarias que la ley permita para que su trabajo sea más eficiente, en busca de un combate frontal a la corrupción.

Entre los cambios, destacó que lugar de que haya informes mensuales por parte de los entes, sean trimestrales para que puedan ser revisados y verificados por el personal del Órgano Superior.

También establecer la garantía de audiencia y la presunción de inocencia a los entes fiscalizables, a fin de que el órgano no sea un instrumento de hostigamiento, ni persecutorio, mi tampoco fomente prácticas de corrupción.

Francisco Solorza del PT consideró que se debe aplicar la nueva tecnología, pero rechazó la posibilidad de modificar las fechas, pues consideró que en lugar de dar más tiempo, el órgano debería tener más personas para hacer su trabajo, pues de lo contrario los legisladores no tendrán elementos, al definir el presupuesto anual, para señalar si se hizo o no un buen uso de los recursos.

Reservó el artículo 50 para que la entrega del informe se mantuviera el 30 de septiembre y en el pleno a más tardar el 30 de noviembre, pero su propuesta fue desechada.

Tanto Valentín González como Tanech Sánchez de Morena advirtieron que se requiere más tiempo, pues el órgano tiene pendientes todavía pliegos petitorios de 2018 y los que buscan es hacer revisiones a fondo.

Con ese ajuste, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización tendría como plazo para elaborar el dictamen de las cuentas públicas y presentarlo ante el Pleno de la Legislatura para su votación y emisión del decreto a más tardar el 10 de marzo del año en que se presentara dicho informe.

El Estado de México era uno de los que menos tiempo daba al OSFEM para la revisión y entrega del informe de resultados de las cuentas públicas, por lo cual se hicieron cambios y se precisaron las atribuciones de los auditores y el nuevo diseño del sistema de responsabilidades de los servidores públicos.


Las comisiones legislativas aprobaron reformas para dar más tiempo al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para revisar las cuentas públicas, a fin de que el informe de fiscalización lo entregue a más tardar el 30 de enero, en lugar del 30 de septiembre del año anterior, en busca de que pueda realizar revisiones más exhaustivas.

Con los ajustes, los diputados tendrán hasta el 10 de marzo del mismo año para dictaminar los informes, habrá un mayor desarrollo e implementación del uso de tecnologías avanzadas en las actividades de fiscalización, el uso de técnicas de información o análisis de datos y la visualización de los mismos, con la finalidad de identificar probables actos de corrupción, conductas irregulares, tendencias o patrones en el ejercicio de los recursos públicos.

Además, los informes de las entidades se entregarán de forma trimestral y no mensual, habrá cuatro meses más para la entrega del informe de resultados, y el órgano, mediante las denuncias de hechos, haría del conocimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la posible comisión de hechos delictivos.

A través de la denuncia de juicio político, haría del conocimiento de la Legislatura la presunción de actos u omisiones.

El autor de la iniciativa, Valentín González de Morena afirmó que las reformas permitirán fortalecer la fiscalización de las cuentas públicas y dar al órgano las herramientas necesarias que la ley permita para que su trabajo sea más eficiente, en busca de un combate frontal a la corrupción.

Entre los cambios, destacó que lugar de que haya informes mensuales por parte de los entes, sean trimestrales para que puedan ser revisados y verificados por el personal del Órgano Superior.

También establecer la garantía de audiencia y la presunción de inocencia a los entes fiscalizables, a fin de que el órgano no sea un instrumento de hostigamiento, ni persecutorio, mi tampoco fomente prácticas de corrupción.

Francisco Solorza del PT consideró que se debe aplicar la nueva tecnología, pero rechazó la posibilidad de modificar las fechas, pues consideró que en lugar de dar más tiempo, el órgano debería tener más personas para hacer su trabajo, pues de lo contrario los legisladores no tendrán elementos, al definir el presupuesto anual, para señalar si se hizo o no un buen uso de los recursos.

Reservó el artículo 50 para que la entrega del informe se mantuviera el 30 de septiembre y en el pleno a más tardar el 30 de noviembre, pero su propuesta fue desechada.

Tanto Valentín González como Tanech Sánchez de Morena advirtieron que se requiere más tiempo, pues el órgano tiene pendientes todavía pliegos petitorios de 2018 y los que buscan es hacer revisiones a fondo.

Con ese ajuste, la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización tendría como plazo para elaborar el dictamen de las cuentas públicas y presentarlo ante el Pleno de la Legislatura para su votación y emisión del decreto a más tardar el 10 de marzo del año en que se presentara dicho informe.

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