/ viernes 25 de febrero de 2022

Tiene OSFEM más de 600 expedientes abiertos de los años 2017, 2018 y 2019; podría haber responsabilidad de ex funcionarios 

Entre 2017 y 2020 la deuda estatal incrementó en 14 por ciento

La Unidad de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) tiene abiertos 643 expedientes con observaciones no solventadas de los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, de los cuales en 113 casos formuló Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).

Esos procedimientos se litigan ante el área de Substanciación y el Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense (TRIJAEM), y en esos expedientes se presume responsabilidad administrativa de uno hasta cuatro servidores públicos por cada uno.

El titular de la Unidad de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Hugo Armando Pérez Albarrán dio a conocer esos datos durante la reunión de la Comisión de Vigilancia del OSFEM y señaló que por primera ocasión tienen dos informes de presunta responsabilidad administrativa ante el tribunal, por denuncia ciudadana.

También, añadió, tienen mecanismo de denuncias en 2020 recibieron 87, en 2021 fueron 116 y en lo que va del 2022 suman 16 en 2018 fueron 29.

“Es importante que al día de hoy es la primera ocasión que tenemos dos informes de presunta responsabilidad administrativa ante el tribunal por denuncia ciudadana, es algo que en la historia del OSFEM no se había presentado y parece poco, pero con la pandemia se suspendieron términos y plazos”, explicó.

Las y los legisladores cuestionaron sobre incumplimientos de algunos entes como el Poder Judicial en materia de transparencia, el Sistema de Autopistas, el ISEM, la Secretaría de Desarrollo Urbano, los programas sociales, la deuda pública, entre otros, y el OSFEM exhibió que algunos entes han reportado menos recursos de los que en realidad ejercen, por lo cual hay observaciones superiores al gasto que tienen aprobado.

Deuda

Azucena Cisneros Coss de Morena cuestionó sobre la deuda pública del gobierno estatal y los auditores respondieron que de acuerdo con la Cuenta Pública, la contratación de créditos en 2020 era de seis mil millones de pesos autorizados, pero se adquirieron 4 mil 952.2 millones y al cierre de ese año el saldo de la deuda pública fue de 44 mil 974.6 millones de pesos.

Esa cantidad, comparada con el monto registrado hasta el 2017, año en que inició la gestión actual, implica un aumento neto de cinco mil 737.3 millones de pesos, hasta el tercer año de este gobierno, es decir, un 14.6%.

Además, en Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), al cierre del ejercicio 2020, y de acuerdo a lo reportado en la Cuenta Pública, el gobierno estatal pagó 16 mil 802.7 millones de pesos, esto es el 5.4% sobre el total de los ingresos recaudados, un gasto superior al límite señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

La auditora superior y su equipo de trabajo explicaron que las observaciones más recurrentes en las auditorías practicadas fueron: en inversión física: por cantidades de obra no ejecutada, costos superiores a los de mercado; incumplimiento en el objeto del gasto y del programa de inversión; traspasos no autorizados; falta de comprobación y justificación de las erogaciones y procedimientos de adjudicación irregulares.

En cumplimiento financiero, la mayoría de las observaciones derivaron de procedimientos adquisitivos irregulares; pago de ADEFAS sin autorización y sin registro; retenciones de impuestos realizadas y no enteradas, falta de comprobación y/o justificación del gasto, de comprobación patrimonial y efectivo no recuperado o comprobado.

Programas sociales

Al responder cuestionamientos de las y los diputados, el equipo de trabajo del OSFEM señaló que se auditaron en materia de desempeño los programas: ”Salario Rosa por el Trabajo”, “Salario Rosa por el Emprendimiento”, “Beca Familias Fuertes por la Educación”, “Familias Fuertes Mejoramiento de Vivienda” y “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, Componente Alta Productividad” y emitieron 76 observaciones y 80 recomendaciones al gobierno estatal.

En los rubros “Salario Rosa por la Cultura Comunitaria” y “Familias Fuertes Salario Rosa” detectaron subejercicios por 49.8 millones y 888.6 millones, que suman 937.9 millones de pesos.

Entre los hallazgos del OSFEM destacan que no se midió el grado de avance de las beneficiarias en el aumento de sus ingresos o que los apoyos les hayan ayudado a superar las líneas de pobreza y pobreza extrema por ingresos; en vivienda no se evaluó que la población de localidades de alta y muy alta marginación haya mejorado las condiciones de sus viviendas, y en materia educativa el impacto de las becas para que los alumnos accedieran, permanecieran o concluyeran sus estudios.

Francisco Santos del PAN cuestionó si se ha medido “con la misma vara” a todos los entes y el titular de la Unidad Investigadora afirmó que el tribunal ha emitido resoluciones ajustadas a derecho, con las pruebas presentadas por el OSFEM.

Miroslava Carrillo volvió a reiterar que el órgano superior no sanciona, pues eso le corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa y actúa apegado a derecho, mientras los auditores explicaron que por ahora no se puede señalar que se hayan cometido faltas graves en el ejercicio 2020 pues todo está en proceso de solventación. También aclararon que en este momento la Auditoría Superior de la Federación no tiene convenio con ninguna entidad.

Cuestionan salario

Durante los trabajos de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización el diputado del PAN Francisco Santos y Guillermo Zamacona del PRI cuestionaron al auditor superior sobre su salario al señalar que tanto el de ella, como el de los titulares de la Contraloría y de Asuntos Parlamentarios es más alto que el presidente de la República que percibe 120 mil pesos.

Ella percibe 160 mil pesos brutos al mes que se traducen en 105 mil pesos netos, es decir, ya con deducciones.

En respuesta, ella explicó que sus percepciones fueron establecidas por la junta de Coordinación Política en el Congreso local y le planteó que como legislador tiene la posibilidad de solicitar a ese órgano ajustarlas.

Ambos sacaron cartulinas donde señalaban que tiene un sueldo más alto que el del presidente, e incluso, Zamacona le preguntó qué se sentía ser la funcionaria mejor pagada del estado de México, aunque en el Poder Judicial mexiquense los salarios de magistrados ascienden a 202 mil 957 pesos brutos y 135 mil pesos netos.

Diputados de Morena como Daniel Sibaja solicitaron respeto a la auditora superior y enfocarse en los resultados del informe; mientras Issac Montoya advirtió que las reuniones no son una comparecencia de la titular del OSFEM y reprochó que busquen desacreditar el trabajo del órgano superior.

La Unidad de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) tiene abiertos 643 expedientes con observaciones no solventadas de los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, de los cuales en 113 casos formuló Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).

Esos procedimientos se litigan ante el área de Substanciación y el Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense (TRIJAEM), y en esos expedientes se presume responsabilidad administrativa de uno hasta cuatro servidores públicos por cada uno.

El titular de la Unidad de Investigación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Hugo Armando Pérez Albarrán dio a conocer esos datos durante la reunión de la Comisión de Vigilancia del OSFEM y señaló que por primera ocasión tienen dos informes de presunta responsabilidad administrativa ante el tribunal, por denuncia ciudadana.

También, añadió, tienen mecanismo de denuncias en 2020 recibieron 87, en 2021 fueron 116 y en lo que va del 2022 suman 16 en 2018 fueron 29.

“Es importante que al día de hoy es la primera ocasión que tenemos dos informes de presunta responsabilidad administrativa ante el tribunal por denuncia ciudadana, es algo que en la historia del OSFEM no se había presentado y parece poco, pero con la pandemia se suspendieron términos y plazos”, explicó.

Las y los legisladores cuestionaron sobre incumplimientos de algunos entes como el Poder Judicial en materia de transparencia, el Sistema de Autopistas, el ISEM, la Secretaría de Desarrollo Urbano, los programas sociales, la deuda pública, entre otros, y el OSFEM exhibió que algunos entes han reportado menos recursos de los que en realidad ejercen, por lo cual hay observaciones superiores al gasto que tienen aprobado.

Deuda

Azucena Cisneros Coss de Morena cuestionó sobre la deuda pública del gobierno estatal y los auditores respondieron que de acuerdo con la Cuenta Pública, la contratación de créditos en 2020 era de seis mil millones de pesos autorizados, pero se adquirieron 4 mil 952.2 millones y al cierre de ese año el saldo de la deuda pública fue de 44 mil 974.6 millones de pesos.

Esa cantidad, comparada con el monto registrado hasta el 2017, año en que inició la gestión actual, implica un aumento neto de cinco mil 737.3 millones de pesos, hasta el tercer año de este gobierno, es decir, un 14.6%.

Además, en Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), al cierre del ejercicio 2020, y de acuerdo a lo reportado en la Cuenta Pública, el gobierno estatal pagó 16 mil 802.7 millones de pesos, esto es el 5.4% sobre el total de los ingresos recaudados, un gasto superior al límite señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

La auditora superior y su equipo de trabajo explicaron que las observaciones más recurrentes en las auditorías practicadas fueron: en inversión física: por cantidades de obra no ejecutada, costos superiores a los de mercado; incumplimiento en el objeto del gasto y del programa de inversión; traspasos no autorizados; falta de comprobación y justificación de las erogaciones y procedimientos de adjudicación irregulares.

En cumplimiento financiero, la mayoría de las observaciones derivaron de procedimientos adquisitivos irregulares; pago de ADEFAS sin autorización y sin registro; retenciones de impuestos realizadas y no enteradas, falta de comprobación y/o justificación del gasto, de comprobación patrimonial y efectivo no recuperado o comprobado.

Programas sociales

Al responder cuestionamientos de las y los diputados, el equipo de trabajo del OSFEM señaló que se auditaron en materia de desempeño los programas: ”Salario Rosa por el Trabajo”, “Salario Rosa por el Emprendimiento”, “Beca Familias Fuertes por la Educación”, “Familias Fuertes Mejoramiento de Vivienda” y “Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, Componente Alta Productividad” y emitieron 76 observaciones y 80 recomendaciones al gobierno estatal.

En los rubros “Salario Rosa por la Cultura Comunitaria” y “Familias Fuertes Salario Rosa” detectaron subejercicios por 49.8 millones y 888.6 millones, que suman 937.9 millones de pesos.

Entre los hallazgos del OSFEM destacan que no se midió el grado de avance de las beneficiarias en el aumento de sus ingresos o que los apoyos les hayan ayudado a superar las líneas de pobreza y pobreza extrema por ingresos; en vivienda no se evaluó que la población de localidades de alta y muy alta marginación haya mejorado las condiciones de sus viviendas, y en materia educativa el impacto de las becas para que los alumnos accedieran, permanecieran o concluyeran sus estudios.

Francisco Santos del PAN cuestionó si se ha medido “con la misma vara” a todos los entes y el titular de la Unidad Investigadora afirmó que el tribunal ha emitido resoluciones ajustadas a derecho, con las pruebas presentadas por el OSFEM.

Miroslava Carrillo volvió a reiterar que el órgano superior no sanciona, pues eso le corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa y actúa apegado a derecho, mientras los auditores explicaron que por ahora no se puede señalar que se hayan cometido faltas graves en el ejercicio 2020 pues todo está en proceso de solventación. También aclararon que en este momento la Auditoría Superior de la Federación no tiene convenio con ninguna entidad.

Cuestionan salario

Durante los trabajos de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización el diputado del PAN Francisco Santos y Guillermo Zamacona del PRI cuestionaron al auditor superior sobre su salario al señalar que tanto el de ella, como el de los titulares de la Contraloría y de Asuntos Parlamentarios es más alto que el presidente de la República que percibe 120 mil pesos.

Ella percibe 160 mil pesos brutos al mes que se traducen en 105 mil pesos netos, es decir, ya con deducciones.

En respuesta, ella explicó que sus percepciones fueron establecidas por la junta de Coordinación Política en el Congreso local y le planteó que como legislador tiene la posibilidad de solicitar a ese órgano ajustarlas.

Ambos sacaron cartulinas donde señalaban que tiene un sueldo más alto que el del presidente, e incluso, Zamacona le preguntó qué se sentía ser la funcionaria mejor pagada del estado de México, aunque en el Poder Judicial mexiquense los salarios de magistrados ascienden a 202 mil 957 pesos brutos y 135 mil pesos netos.

Diputados de Morena como Daniel Sibaja solicitaron respeto a la auditora superior y enfocarse en los resultados del informe; mientras Issac Montoya advirtió que las reuniones no son una comparecencia de la titular del OSFEM y reprochó que busquen desacreditar el trabajo del órgano superior.

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