Toluca, México.- Luego de la reciente trifulca que se registró en la clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Toluca, debido a un derechohabiente que reclamó el pago de viáticos, Katia Mendoza, jefa de afiliación de dicho organismo, zona poniente, dijo que si dicha queja se encuentra debidamente sustentada, se le dará el cauce que procede en este tipo de casos.
En entrevista, luego de acudir a la reunión mensual del Consejo Patronal del Estado de México (COPAEM), la funcionaria del organismo, si bien inicialmente se negó a emitir algún comentario debido a que “no es área de su competencia”, sino la de Quejas y Atención al Derechohabiente, confió en que dicho asunto será analizado y se le dará la respuesta que esperan las personas afectadas.
También puedes leer: IMSS paga 12 mil mdp por servicios médicos a privados
Cabe mencionar que estos hechos se registraron cuando un trabajador del IMSS informó a un grupo de derechohabientes que no había dinero suficiente para cubrir sus gastos por viáticos, y algunos aseguraron que ya llevaban más de un año esperando la respuesta correspondiente.
“Tendría que informarme detalladamente de este asunto, pero estoy segura que se le dará respuesta a las personas que se sienten afectadas por esta situación”, reiteró la funcionaria del instituto.
De acuerdo a información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) el 57 % de los derechohabientes reprueban la atención brindada por el IMSS y el 39% de estos califican el servicio como malo o muy malo.
Te puede interesar: Aprendan a perder licitaciones, señala director del IMSS a empresarios
Organismos de salud, entre los primeros sitios de reclamación
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que en los últimos años los organismos públicos de salud ocupan los primeros sitios por el número de quejas presentadas ante esta instancia e indicó que los reclamos van en aumento.
Asimismo, entre los principales motivos de denuncias, se encuentran: negligencia médica, omitir suministrar medicamentos, prestar indebidamente el servicio público de salud, negar proporcionar atención médica y obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social.
De igual forma, en sus investigaciones ha detectado conductas discriminatorias, limitación de recursos materiales e infraestructura, escasez de medicamentos, falta de doctores y enfermeras; insuficiente supervisión a residentes o pasantes y falta de capacitación para elaborar diagnósticos y estudios clínicos.
