Organizaciones y familiares llamaron a la Legislatura local a aprobar cuanto antes la Ley de Amnistía para el Estado de México, y así arrancar a las autoridades el derecho a la libertad de las personas injustamente presas y devolverles su forma de vida.
La Ley de Amnistía, explicó Lady Plácido, hermana de Daniel, sentenciado sin pruebas por un delito que no cometió, será una luz de libertad para quienes purgan condenas sin pruebas, pese a ser inocentes.
Durante la presentación del Primer Informe sobre Personas Injustamente Presas en el Estado de México familiares narraron las injusticias que han vivido porque en el Estado de México se criminaliza la pobreza y se sentencia a inocentes sin pruebas.
Anunciaron que realizarán asambleas a partir del nueve de noviembre en los penales de Barrientos, Almoloya, Chiconautla y Chalco y levantarán la voz con la rebelión de los nadies, a fin de que ya no sean ninguneados
Fabiola Vite, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) explicó que la amnistía servirá si considera delitos graves, pues son los que se han usado para tener a miles de personas presas.
"Lo que no se nombra no existe y por eso es necesario visibilizar el problema", advirtió.
- También puedes leer: Continúan las movilizaciones en Toluca por detención de la activista Kenia Hernández
Testimonios
Oscar Hernández Neri, liberado después de haber estado preso por un delito que no cometió en Texcoco refirió que fue víctima de una injusticia. "Cuando salí quemé la ropa de la cárcel". La cárcel, dijo, está llena de truanes, pero también de inocentes.
Su asistencia al Congreso local, explicó, fue porque hay posibilidades de tener una Ley de Amnistía, pero también para exigir que jueces dejen de firmar sentencias sin pruebas.
La senadora de Morena, Martha Guerrero, dijo, los apoya y piden una comisión que revise, dé seguimiento y promueva la libertad de inocentes y que el Poder Legislativo se convierta en una "iluminación". "La luz no se va a apagar hasta que salga el último preso inocente", precisó.
Arturo Calva de Resistencia Civil Pacífica alertó que todavía se criminaliza la protesta social, el uso indiscriminado de policías y ministerios públicos, pero la ley busca terminar con la gran deuda que tiene el Estado con sus habitantes. En la entidad, dijo, cualquier persona, subrayó, puede ser criminalizado y separado de su vida.
María de los Ángeles García de Juntos por la Libertad refirió que existen injusticias de jueces, custodios, han detectado fabricación de carpetas y sentencias máximas a inocentes. Advirtió que quienes cometen esos delitos deben ser destituidos, pues muchas familias son destruidas por la fabricación de carpetas y jóvenes se han suicidado después de ser sentenciados a 70 años de prisión. Pidió hacer justicia.
Lady Plácido de Haz Valer Mi Libertad narró que hace justo cinco años se llevaron a su hermano Daniel unos hombres vestidos de negro sin identificarse, violando sus derechos y destrozando su vida y la de su familia.
"Mi hermano está pagando por un delito que no cometió, sin pruebas, solo el dicho de una persona con contradicciones. Teníamos dos opciones: luchar o revictimizarnos y decidimos luchar (...)".
Crearon la plataforma Haz Valer Mi Libertad para dar voz a inocentes, documentar casos e impulsan una Ley de Amnistía que sirva porque en la cárcel, advirtió, están los pobres, los indígenas.
En el evento hubo un minuto de silencio por Lili Gabriel Flores, quien luchaba por la liberación de su papá, pero perdió la batalla contra el cáncer.
Defensores
Fabiola Vite del CDHZL advirtió que existe un problema estructural de justicia que puede encontrar una luz de libertad, pues tienen la necesidad de dar voz a los sin voz. Saben que hay resistencias porque hay diputadas y diputados que no están de acuerdo.
Evelyn López del mismo centro explicó que buscan generar insumos para que las y los representantes populares construyan una buena ley con perspectiva de derechos humanos.
Vite dijo que aún cuando entienden que debe haber retroalimentación con autoridades, en este ir y venir las familias siguen privadas de la libertad, por lo cual es urgente aprobar una ley que sirva.
Aclaró que la Ley de Amnistía no implica dar beneficios, sino arrancar a las autoridades el derecho a la libertad, devolver su forma de vida a quienes están injustamente presos.
Amnistía, puntualizó, no es preliberación, y no se puede dejar en manos de quienes juzgaron a inocentes la decisión de acceder a una amnistía.
"No deben ser las mismas personas", alertó, al tiempo de señalar que pueden ayudar la sociedad civil, las organizaciones, defensores, para sanar una deuda histórica de justicia social con un espíritu legislativo de no criminalizar.
La actual Legislatura, precisó, es el inicio de un cambio, de que se pueden hacer las cosas distintas y se reconoce un problema estructural y recordó que hace unos meses el presidente de la Junta de Coordinación, Maurilio Hernández afirmó que la ley saldría en este periodo.
Por ello, llamó a él y a todas y todos los legisladores a aprobarla, pues las personas, familiares siguen en prisión y son víctimas de tortura.
También pidió que el senador Higinio Martínez se pronuncie a favor de la Ley de Amnistía.
Diputados
El diputado Max Correa, uno de los principales impulsores de la ley pidió al CDHZF editar el informe para difundirlo ampliamente y refirió que hay cuatro propuestas de ley: de Morena, del PT, PRD y del activista Humbertus Pérez Espinoza.
Explicó que tanto la Fiscalía, como el Poder Judicial les hicieron llegar sus observaciones sobre cómo beneficiar a acusados de delitos de alto impacto y precisó que aún cuando Morena es mayoría buscan consensos con los otros poderes porque serán operadores.
Julio Hernández de Morena admitió que a la gente le han robado la vida y advirtió que a los diputados que impulsan la Ley de Amnistía los han acusado de que dejarán libres a los delincuentes, pero ellos han levantado la voz para decir que no es cierto.
"Una Ley de Amnistía no libera delincuentes, rateros, ni secuestradores", aseguró e invitó a quienes eso piensan a informarse porque la lucha sigue.
Refirió que han tenido acercamientos con organizaciones, con el Poder Judicial, y su presidente, Ricardo Sodi ha mostrado una actitud de apertura.
El objetivo, dijo, es tener una ley que sirva y no se quede en el papel, y pese a las resistencias ofreció que seguirán trabajando con víctimas y familiares.
El diputado Max Correa, uno de los principales impulsores de la ley, pidió al CDHZF editar el informe para difundirlo ampliamente y refirió que hay cuatro propuestas de ley: de Morena, del PT, PRD y del activista Humbertus Pérez Espinoza.
Explicó que tanto la Fiscalía, como el Poder Judicial les hicieron llegar sus observaciones sobre cómo beneficiar a acusados de delitos de alto impacto y precisó que aún cuando Morena es mayoría buscan consensos con los otros poderes porque serán operadores de esa norma.
