Toluca, México.- Los diputados locales aprobaron en comisiones la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), con la cual, el gobierno estatal, los municipios y los órganos autónomos podrán realizar proyectos con inversión privada para la prestación de algunos servicios y adjudicarlos por licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa.
Las y los legisladores locales avalaron esa norma que además de homologarse a la ley federal obliga a generar un reglamento y establece que esos proyectos solo tendrán luz verde cuando sean aprobados por las dos terceras partes de la Legislatura. Además el congreso deberá recibir informes trimestrales.
El diputado del PAN Iván Ayala explicó que lo más importante será la transparencia y destacó que hubo ajustes como la obligación de entregar informes trimestrales a los diputados y señaló que el reglamento normará con precisión cómo se harán los procesos para asignar los contratos a las empresas, pues el objetivo es que sean licitaciones públicas.
También establecieron que la norma no permite la administración de servicios por parte de la iniciativa privada, solo la construcción y el mantenimiento.
De acuerdo con la nueva ley, que este jueves será votada en el pleno, las APP podrán usarse para proyectos como: servicios de salud y construcción de hospitales, construcción y administración de infraestructura para la educación y para energía eléctrica, construcción y administración de instalaciones para la impartición de justicia, de desarrollo urbano y para la movilidad; construcción y operación de redes de agua potable y saneamiento y de sistemas de seguridad.
También aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional, cuando se acredite que las unidades contratantes hagan una alianza estratégica con personas jurídico colectivas dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología.
El legislador advirtió que con la experiencia de los ocho Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que existen en la entidad, es decir, obras con la participación de la iniciativa privada, en materia de comunicaciones, de salud y de cultura, por las cuales el gobierno paga cerca de 2 mil 500 millones de pesos se ha observado que algunos han tenido deficiencias y falta de transparencia, por lo cual tendrá que haber un seguimiento.
La Legislatura local autorizó un primer paquete de cinco PPS en el 2007: el Hospital Regional Zumpango, el Centro Cultural Mexiquense de oriente, la ampliación de la vialidad Las Torres, el libramiento vial en Atizapán y el puente en Cuautitlán México.
Posteriormente, en 2010 avalaron otras tres obras por PPS: la conservación de 70 vialidades y carreteras en el estado, que suman más de mil kilómetros y la construcción de dos hospitales de alta especialidad del ISSEMyM; uno en Toluca y otro en Tlalnepantla. En todos el plazo promedio de mantenimiento es de 20 años.
Los legisladores locales señalaron en las comisiones que con la nueva ley existirá mayor certeza sobre la estructuración y normatividad de financiamientos que se usen para el desarrollo de la infraestructura, se impulsará la economía de la entidad, se podrá introducir tecnología, pero también habrá transparencia y certeza, a agilizar trámites
Reynaldo Navarro resaltó que se hicieron ajustes en el texto para garantizar una mayor transparencia de la ley que no solo mejora el suministro y prestación de servicios; sino que también fomenta la atracción de capital, permite la participación transparente del sector privado eficienta el gasto público y subrayó que la legislatura siempre tendrá la última palabra para autorizar todos los proyectos.
