El grupo parlamentario del PRI advirtió que la propuesta original de Morena para eliminar el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) podría generar más trámites, regulaciones diferentes para situaciones similares, incertidumbre y falta de operatividad.
Al advertir que la implementación de la reforma sería larga y generaría retrasos, el diputado del PRI Juan Maccise sostuvo que detectaron deficiencias, por lo cual esperan que la propuesta no se apruebe al vapor y planteó la necesidad de tomar en cuenta las opiniones de los secretarios Rodrigo Espeleta, de Justicia y Derechos Humanos y de Rafael Díaz Leal, de Desarrollo Urbano y Obra.
También consideró necesario revisar los instrumentos jurídicos, "entrarle más de fondo" y que se hagan otras reuniones, pues hay trámites estatales que no pueden ser facultad de los municipios, y estos, no tienen la capacidad financiera, ni económica para atender el tema del dictamen.
Además, se requiere homologar requisitos, garantizar un marco jurídico adecuado, con requisitos homologados en los ayuntamientos; capacitar personal, mitigar impactos, entre otras.
Recordó que de cada diez trámites que se presentan, siete son del DUF comercial y tres del DUF de alto impacto, por lo cual pidió dar un voto de confianza a la reestructuración que se lleva a cabo en las dependencias estatales y opinó que lo más importante será dar certeza a los inversionistas, pues la iniciativa implica ajustar 14 leyes.
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Las observaciones
El PRI ha planteado que sustituir el DUF por un nuevo dictamen de giro, emitido por otra instancia “multidisciplinaria” al interior del municipio significa igualar el modelo de la extinta Comisión Estatal de Factibilidad (Cofaem).
También ha advertido que el 17 de septiembre de 2018 se expidieron y reformaron tres ordenamientos para expedir el DUF, por lo cual abrogar exclusivamente uno de ellos y modificar sólo algunas normas, sin una revisión integral generaría conflictos normativos e incertidumbre jurídica para los eventuales inversionistas.
También ha señalado que el proyecto no considera algunos elementos que generarían un problema operativo, pues la propuesta prevé abrogar el procedimiento para obtener el DUF, pero no su obligatoriedad, y no sólo adiciona un trámite, pues durante la gestión del dictamen de giro los particulares tendrían que ir dependencia por dependencia, solicitando autorizaciones y evaluaciones.
La iniciativa, afirmó Maccise, omite, en las evaluaciones técnicas, establecer las condicionantes necesarias para que los particulares cumplan con ciertas acciones, obras o proyectos para mitigar los efectos del proceso de construcción o del proyecto planteado, y de quedar así, la solicitud del dictamen de giro sólo tendrá dos opciones de respuesta: aprobar o negar un proyecto, sin que se establezca cómo dar viabilidad a la propuesta de un particular y mitigar los impactos.
Señaló que no se advierte cómo se garantizaría que los miembros del comité municipal tengan la experiencia, conocimiento y capacidad suficiente para emitir evaluaciones técnicas, con riesgo de generar incertidumbre técnica respecto a la factibilidad de los proyectos.
Además, los desarrollos inmobiliarios, industrias o cualquier tipo de actividad de alto impacto urbano, de movilidad, comunicaciones, ambiental, de agua o de protección civil, advirtió, repercuten en más municipios y la clasificación de actividades de bajo y alto impacto que se pretende realizar quedaría al arbitrio del municipio, sin una regulación uniforme, con requisitos, procesos y consideraciones distintas.
Para el PRI, la propuesta original implica para los municipios una fuerte carga de operación, en gastos y recursos humanos y proyectos sin la planeación requerida, y el hecho de que el 30% de las solicitudes de DUF deban sujetarse al Código Administrativo, implica que la Secretaría de Desarrollo Urbano deba participar.
De acuerdo con el PRI, la propuesta no señala cuáles son los requisitos para solicitar el dictamen de giro, ni las evaluaciones técnicas referidas y de abrogarse la Ley que crea la Cofaem y, como consecuencia, su reglamento, resultaría indispensable contar con un marco jurídico que sustituya ambos ordenamientos legales que debería emitirse en 60 días hábiles en cada uno de los 125 municipios: un reto de gran magnitud.
Con la propuesta original, señaló, se concentrarían todas las autorizaciones de todas las materias en un solo comité, sin aclarar cómo se expiden las evaluaciones o si sólo se emite el dictamen de giro; además, se incluye en las visitas colegiadas a autoridades estatales, contradiciendo el espíritu de la reforma, pues no tendrán ninguna injerencia o capacidad para actuar.
Para el tricolor es entendible la inquietud respecto al trámite del DUF, pero la propuesta en sus términos podría generar más trámites, regulaciones diferentes, e incertidumbre.
