/ miércoles 14 de noviembre de 2018

Amnistía a narcos siempre que exista reparación del daño: Durazo

“Creemos que esto es posible, sujeto a una serie de condicionamientos a la reparación del daño a las víctimas", dijo el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Al presentar el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del próximo gobierno federal, Alfonso Durazo propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el proceso para ofrecer amnistía a narcotraficantes estará condicionados que los sujetos que busquen amnistía no vuelvan a delinquir y realicen la reparación del daño.

“Creemos que esto es posible, sujeto a una serie de condicionamientos a la reparación del daño a las víctimas, al conocimiento de la verdad, al desarme y por supuesto a la no repetición de los actos criminales”, puntualizó el próximo encargado de la seguridad nacional.

Al concluir la presentación del plan de Seguridad, declaró en rueda de prensa que la propuesta aún no está en firme, y se mantiene un análisis para definir la ruta de cómo implementarán está propuesta, dijo que, “en esta primera etapa, estamos planteando la necesidad que tenemos de explorar todo tipo de opciones con el propósito de lograr la paz en el país”, indicó.

Además sostuvo que en otros países, con contextos más politizados, se ha llegado a negociaciones con organizaciones criminales que han tenido una connotación política, pero también con notación criminal”.

Durante la presentación del proyecto de paz, detalló que cree que es posible lograr erradicar la violencia amnistiando a los criminales si se sujetan a una serie de condicionamientos como: la reparación del daño a las víctimas, al conocimiento de la verdad, al desarme, y principalmente a la no repetición de los actos criminales.

Esta propuesta de amnistía a los delincuentes, está contemplada en el punto seis de este plan presidencial, y propone “emprender la construcción de la paz” mediante “procesos de desmovilización, desarme y reinserción. Pues sostuvo que el camino criminal es un callejón sin salida que obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados, con la diferencia de que se han emprendido entre gobiernos y bandos beligerantes –esto es, insurgencias y oposiciones políticas o nacionales armadas– y no entre una autoridad y grupos meramente delictivos.

Detalló que en el México actual éstos tienen niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables, en diversos casos, a los conseguidos en otras latitudes por facciones políticas en armas. Por lo que el nuevo gobierno ve necesario poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos claros: plena colaboración con la justicia, manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación del daño.

Explicó que el perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios resultan pasos previos indispensables para las negociaciones.

Durazo dijo que la oferta a los delincuentes para que dejen de delinquir, en primer lugar, sería un aumento en la esperanza de vida: los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes y de manera violenta, y ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona.

En segundo lugar, señaló que la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos es otra oferta; y en tercer lugar, la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares.

En cuarto lugar, consideró que, los delincuentes pueden alcanzar la respetabilidad social: “Ésta es la manera en la que actuó el gobierno de Estados Unidos en los años treinta del siglo pasado para acabar con las mafias que asolaban sus ciudades”, recordó.

Subrayó que de ese proceso surgió la bonanza en Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión.

A la luz de las lógicas de pacificación, deben ser revisados los expedientes de los acusados y sentenciados en el marco de las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores, tanto de infractores como de elementos de las corporaciones de seguridad policiales y militares, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionado al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Al presentar el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del próximo gobierno federal, Alfonso Durazo propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el proceso para ofrecer amnistía a narcotraficantes estará condicionados que los sujetos que busquen amnistía no vuelvan a delinquir y realicen la reparación del daño.

“Creemos que esto es posible, sujeto a una serie de condicionamientos a la reparación del daño a las víctimas, al conocimiento de la verdad, al desarme y por supuesto a la no repetición de los actos criminales”, puntualizó el próximo encargado de la seguridad nacional.

Al concluir la presentación del plan de Seguridad, declaró en rueda de prensa que la propuesta aún no está en firme, y se mantiene un análisis para definir la ruta de cómo implementarán está propuesta, dijo que, “en esta primera etapa, estamos planteando la necesidad que tenemos de explorar todo tipo de opciones con el propósito de lograr la paz en el país”, indicó.

Además sostuvo que en otros países, con contextos más politizados, se ha llegado a negociaciones con organizaciones criminales que han tenido una connotación política, pero también con notación criminal”.

Durante la presentación del proyecto de paz, detalló que cree que es posible lograr erradicar la violencia amnistiando a los criminales si se sujetan a una serie de condicionamientos como: la reparación del daño a las víctimas, al conocimiento de la verdad, al desarme, y principalmente a la no repetición de los actos criminales.

Esta propuesta de amnistía a los delincuentes, está contemplada en el punto seis de este plan presidencial, y propone “emprender la construcción de la paz” mediante “procesos de desmovilización, desarme y reinserción. Pues sostuvo que el camino criminal es un callejón sin salida que obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados, con la diferencia de que se han emprendido entre gobiernos y bandos beligerantes –esto es, insurgencias y oposiciones políticas o nacionales armadas– y no entre una autoridad y grupos meramente delictivos.

Detalló que en el México actual éstos tienen niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables, en diversos casos, a los conseguidos en otras latitudes por facciones políticas en armas. Por lo que el nuevo gobierno ve necesario poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos claros: plena colaboración con la justicia, manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación del daño.

Explicó que el perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios resultan pasos previos indispensables para las negociaciones.

Durazo dijo que la oferta a los delincuentes para que dejen de delinquir, en primer lugar, sería un aumento en la esperanza de vida: los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes y de manera violenta, y ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona.

En segundo lugar, señaló que la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos es otra oferta; y en tercer lugar, la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares.

En cuarto lugar, consideró que, los delincuentes pueden alcanzar la respetabilidad social: “Ésta es la manera en la que actuó el gobierno de Estados Unidos en los años treinta del siglo pasado para acabar con las mafias que asolaban sus ciudades”, recordó.

Subrayó que de ese proceso surgió la bonanza en Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión.

A la luz de las lógicas de pacificación, deben ser revisados los expedientes de los acusados y sentenciados en el marco de las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores, tanto de infractores como de elementos de las corporaciones de seguridad policiales y militares, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionado al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

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