Para el dirigente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, Humbertus Pérez Espinoza, quien está preso desde 2015, la próxima renovación del titular del Poder Judicial del Estado de México es una oportunidad para fortalecer esta institución, además de que sea más autónoma del Ejecutivo estatal e implemente un verdadero sistema penal oral.
En entrevista telefónica para El Sol de Toluca, criticó el papel del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, pues acusó que ha permitido la fabricación de delitos y confirmado sentencias contra inocentes, aun cuando no existieron elementos para demostrar los delitos imputados.
Con base en su experiencia carcelaria, refirió que un buen porcentaje de los sentenciados por delitos de alto impacto ha sido con ausencia de testigos.
Incluso, dijo, la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, que también encabeza, ha iniciado al menos mil 117 denuncias contra jueces y magistrados en diferentes áreas que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la entidad no quiso atender.
Tras considerar que los cursos impartidos en el Tribunal Superior de Justicia han sido insuficientes, pues hay magistrados que sólo ratifican sentencias, Pérez Espinoza estimó que debería regresar un civilista a la presidencia del citado Poder Judicial, ya que así habría más autonomía respecto del Ejecutivo estatal.
A la fecha, al menos siete de los 57 magistrados del Tribunal Superior de Justicia han levantado la mano para buscar la presidencia del Poder Judicial mexiquense, los cuales son: María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, José Luis Maya Mendoza, Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, Vicente Guadarrama García, Marco Antonio Díaz Rodríguez, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar y Enrique Víctor Manuel Vega Gómez.
Pérez Espinoza fue encarcelado tras iniciar su movimiento en defensa de una vivienda digna, donde acusó a empresas inmobiliarias y autoridades estatales de estar vinculadas en distintas irregularidades que afectaban la calidad de zonas habitacionales.
De manera oficial fue acusado de dos robos con violencia a casas habitación.
Y en su juicio le ha tocado conocer a distintos magistrados.
Pérez Espinoza consideró que uno de los aspirantes a la presidencia del Poder Judicial, Alejandro Jaramillo Salgado, no tiene posibilidades para ese cargo, pues violaría el artículo 116 de la Constitución federal, donde se precisa que los nombramientos deben ser entre quienes hayan demostrado eficiencia y probidad en la administración de justicia o lo merezcan por su honorabilidad y competencia.
El activista recordó que dicho magistrado formaba parte de la segunda sala que le confirmó la segunda carpeta de investigación por robo, aun cuando los testimonios de las supuestas víctimas eran idénticos, como después exhibió el juez decimotercero de Distrito en el Estado de México, Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.
“Se concluye que no existe, ni siquiera de manera indiciaria, datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito, en el caso de robo con modificativa de agravante de haberse cometido en el interior de casa habitación con violencia”, señaló dicho juez, quien otorgó un amparo a Pérez Espinoza.
El dirigente social señaló que dicho magistrado ratificó resoluciones sin pruebas, sólo para darle buenas estadísticas a la administración del exgobernador, Eruviel Ávila.
PROCESO
Detenido el 4 de noviembre de 2015, Humbertus Pérez Espinoza ha responsabilizado de su detención al exgobernador Eruviel Ávila Villegas y al fiscal Alejandro Gómez Sánchez, entre otros funcionarios del gobierno mexiquense.
En distintas cartas que él ha enviado desde la cárcel, así como en conferencias de sus familiares y seguidores, se ha insistido que quienes lo acusan de robo con violencia no han aportado las pruebas suficientes, como el hecho de demostrar que son los legítimos propietarios de la vivienda donde habría ocurrido el ilícito.
Por ello insiste que su juicio no ha sido imparcial y tampoco le fueron respetados sus derechos.
En su proceso, puntualizó, hay contradicciones y testimonios idénticos ante la autoridad judicial. Tampoco hay alguna arma presentada, ni peritajes, ni comprobantes de lo robado.
“Como magistrados, por unanimidad de votos, no se dan cuenta de que las declaraciones están confeccionadas y no son suficientes (...) por lo tanto no se puede dar la vinculación a proceso”, señala el activista, cuya libertad ya ha sido solicitada a distintas instancias.
