México sigue siendo un país rezagado en rendición de cuentas y transparencia de contratación pública, afirmó la coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos Villaseñor, al destacar que las empresas fantasmas entregan un contrato de obra pública “a un anónimo” que facilita el desvío de los recursos públicos, al tiempo que dificulta el seguimiento de quién o quiénes terminaron con el dinero y por eso son usadas en “redes de corrupción”.
Destaca que en una muestra de 100 proyectos, realizada en años recientes, y de contratos de cien millones de pesos y más, 60% no estaba público o estaba público con deficiencias graves.
Además, dijo en entrevista con El Sol de Méxicola coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, en adjudicaciones directas, cuando son casos de emergencias o fenómenos naturales, las empresas no tienen experiencia ni la capacidad o en ocasiones son inexistentes. Las obras no se concluyen, no son entregadas o simplemente tardan y no brindan beneficio a la población afectada.
¿Qué opina de la opacidad administrativa en México?
En términos generales, México sigue siendo un país rezagado en rendición de cuentas y transparencia en materia de contratación pública. Un ejemplo es que hasta el día de hoy no hay una obligación del Poder Ejecutivo para que envíe un informe al Congreso de la Unión para que dé cuenta de sus procesos de contratación pública, en los cuales hay demasiada corrupción y serios problemas de sobreprecios, especialmente en materia de obra.
Hay deficiencias desde las etapas iniciales, un Gobierno debe rendir cuentas al Congreso de la Unión en términos de los montos que se han contratado a través de los distintos procedimientos; qué cantidad de dinero se ha contratado a través de la contratación directa, qué cantidad se ha contratado a través de la licitación pública, con invitaciones a tres y también, por supuesto, a través de los famosos convenios entre dependencias, que han derivado a consentir mucha discrecionalidad en los montos, cambios en los procedimientos; es decir, se subcontrata a través de estos convenios, sin información de a quién se subcontrató.
Observamos estas deficiencias en hechos y aún no se tiene una obligación de generar este reporte por parte del Ejecutivo. Si bien no lo soluciona todo, sí a generar una cultura de rendición de cuentas en materia de contratos públicos y la ejecución de los mismos, es decir, cómo avanzan y qué ajustes en términos de calendario y presupuesto, explicó Campos Villaseñor.
La entrevistada confió en que en la próxima discusión sobre las leyes de adquisición y obra pública, que son piezas indispensables para ser serios en el combate a la corrupción, se incluya este tipo de rendición de cuentas.
¿El caso de las empresas fantasmas?
No sé si es una nueva modalidad, pero estamos más conscientes de que existe esa modalidad. Lamentablemente tenemos una serie de deficiencias graves en el proceso de contratación, donde existe discrecionalidad muy amplia para elegir a quien se contrata y no se ha aprovechado, por ejemplo, la información que tiene el Sistema de Administración Tributaria o la información que tienen distintas instancias internacionales sobre qué empresas no son convenientes de contratar, ya sea por accidente y falta de capacidad o bien con el dolo para generar una red de corrupción, es que se usan estas figuras.
El SAT tiene mucha información sobre estas figuras y debe ser utilizada para mejorar la toma de decisión en la asignación de contratos. Preocupan de manera especial las contrataciones que se hacen en el contexto de una emergencia, ya sea por un desastre natural o de otro fenómeno, pero estas emergencias siempre meten presión, dado que los tiempos de contratación se achican, se generan adjudicaciones directas pero luego terminan los contratos a empresas que no tienen la capacidad o bien son fantasmas. Es una situación en la que se pone a prueba la capacidad que hay para contratar bien. No se terminan las obras, no se entregan los productos o simplemente se hacen de manera tardía y no benefician a la población afectada.
Las empresas fantasmas son un vehículo útil para disuadir a la autoridad, “confundir al enemigo”, porque son empresas que no tienen un domicilio real, tienen un domicilio que no corresponde y no tiene operaciones. “Es entregar un contrato a un anónimo’’ y facilita el desvío de los recursos públicos y dificulta el seguimiento de quién termino con el dinero, por eso son usadas en las redes de corrupción actualmente.
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