La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impuso sanciones por 6.484 millones de pesos a Uber, Easy Taxi y Cabify, debido al uso de cláusulas abusivas y publicidad engañosa hacia los usuarios.
Como resultado de los procedimientos por Infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor iniciados en contra de estos proveedores de servicios de transporte privado, detalló que a Uber se le impuso una sanción por tres millones 974 mil pesos.
Mientras que para Easy Taxi fue de un millón 810 pesos y a Cabify de 700 mil pesos, apuntó en un comunicado, las cuales ya fueron notificadas a las tres empresas y que aún no han quedado firmes, es decir, que aún pueden ser impugnadas.
Las afectaciones mencionadas derivan de la aplicación de un contrato de adhesión que contiene prestaciones desproporcionadas, inequitativas y abusivas en perjuicio de los consumidores, explicó.
Aunado a ello, acotó que la sanción también obedece a la difusión de publicidad engañosa para ofrecer un “servicio seguro” de transporte, lo que contraviene sus términos en los que establecen condiciones que los deslindan de cualquier responsabilidad legal.
De manera particular, Cabify expone de manera unilateral que las tarifas cobradas no serán reembolsables y que en los periodos de mayor demanda establecerá un costo mayor variable, sin definir con claridad qué criterios se utilizarán para esta consideración.
En tanto, Easy Taxi no se hace responsable de daños o perjuicios que pudieran ser ocasionados por el mal uso de la información de los equipos de la empresarial y del usuario en caso de que un tercero vulnere la seguridad e ilícitamente utilice la información, así como aplicación de prácticas coercitivas y desleales, refirió.
Y sus frases publicitarias, como “Pedir un taxi nunca fue tan sencillo”, no acreditan la veracidad, claridad y exactitud, siendo sujetas a comprobación, lo que no fue realizado, apuntó.
En tanto que Uber viola lo establecido por la ley de la materia, al no señalar un domicilio, teléfono y demás medios de contacto en el país para aclaraciones o reclamaciones por la aplicación de cobros de servicios adicionales sin la autorización expresa del consumidor (tarifa de reparación, limpieza o cargos por objetos olvidados).
Para la solución de cualquier controversia que eventualmente se presente entre los usuarios del servicio y la proveedora, indicó, las partes se deberán someter al arbitraje o a la mediación, establecidos en la legislación de Amsterdam, Países Bajos y en lengua inglesa.
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