/ lunes 31 de enero de 2022

Google, Facebook y Twitter irían a juicio contra Alemania por nueva ley para compartir datos

Una enmienda a la Ley de Medios alemana obligaría a partir de este martes a las redes sociales a facilitar datos de usuarios sospechosos de delitos de odio

Las compañías Google, Meta (nuevo nombre de Facebook), Twitter y Tiktok han presentado quejas contra una enmienda a la Ley de Medios alemana que les obligaría a partir de este martes a facilitar datos de usuarios sospechosos de delitos de odio.

"Las empresas Meta y Google han solicitado protección contra la ley ante el Tribunal Administrativo de Colonia por el procedimiento normal y por el urgente," confirmó este lunes un portavoz del Ministerio de Justicia en Berlín.

Éste admitió además que "para permitir al tribunal una decisión apropiada" en una cuestión "muy compleja", las autoridades alemanas han acordado conceder un periodo de carencia, "sólo en el caso de estas dos empresas".

Esto quiere decir que Meta y Google no tendrán que facilitar a la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) datos personales de usuarios que pudiesen haber cometido delitos, tal y como impondría la ley a partir del martes, hasta que no haya un fallo al respecto.

El objetivo de la enmienda es que las redes sociales colaboren mejor con la persecución de los usuarios que publiquen contenidos constitutivos de delito, ya sea porque inciten al odio contra determinados colectivos o llamen a realizar acciones violentas.

A partir de este martes está previsto que sean las redes sociales quienes informen a las autoridades "de forma proactiva" sobre estos contenidos, en lugar de esperar a que la Policía solicite datos sobre los usuarios que los han publicado.

Por su parte, Twitter y Tiktok también ha emprendido medidas legales contra la enmienda de la Ley de Medios, según informó este lunes el semanario "Der Spiegel".

Un portavoz de la red social Twitter criticó en declaraciones a este medio que la ley supone "una invasión de los derechos fundamentales de los ciudadanos" y obliga a "empresas privadas a adoptar el rol de fiscales" incluso cuando no hay pruebas de un comportamiento ilegal.

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El Ministerio del Interior alemán ha amenazado, por otro lado, con impedir el uso en el país del servicio de mensajería Telegram si la aplicación no se aviene a cumplir con la legislación vigente y a eliminar contenidos delictivos.



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Las compañías Google, Meta (nuevo nombre de Facebook), Twitter y Tiktok han presentado quejas contra una enmienda a la Ley de Medios alemana que les obligaría a partir de este martes a facilitar datos de usuarios sospechosos de delitos de odio.

"Las empresas Meta y Google han solicitado protección contra la ley ante el Tribunal Administrativo de Colonia por el procedimiento normal y por el urgente," confirmó este lunes un portavoz del Ministerio de Justicia en Berlín.

Éste admitió además que "para permitir al tribunal una decisión apropiada" en una cuestión "muy compleja", las autoridades alemanas han acordado conceder un periodo de carencia, "sólo en el caso de estas dos empresas".

Esto quiere decir que Meta y Google no tendrán que facilitar a la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) datos personales de usuarios que pudiesen haber cometido delitos, tal y como impondría la ley a partir del martes, hasta que no haya un fallo al respecto.

El objetivo de la enmienda es que las redes sociales colaboren mejor con la persecución de los usuarios que publiquen contenidos constitutivos de delito, ya sea porque inciten al odio contra determinados colectivos o llamen a realizar acciones violentas.

A partir de este martes está previsto que sean las redes sociales quienes informen a las autoridades "de forma proactiva" sobre estos contenidos, en lugar de esperar a que la Policía solicite datos sobre los usuarios que los han publicado.

Por su parte, Twitter y Tiktok también ha emprendido medidas legales contra la enmienda de la Ley de Medios, según informó este lunes el semanario "Der Spiegel".

Un portavoz de la red social Twitter criticó en declaraciones a este medio que la ley supone "una invasión de los derechos fundamentales de los ciudadanos" y obliga a "empresas privadas a adoptar el rol de fiscales" incluso cuando no hay pruebas de un comportamiento ilegal.

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