Las autoridades policiacas mexiquenses desarticularon una red de cibercriminales integrada por ocho personas privadas de su libertad que operaban desde el el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La Secretaría de Seguridad (SS) detalló que estas personas se dedicaban al hackeo financiero, extorsión y fraude cibernético.
Elementos de la SS abrieron una investigación tras detectar indicios de su operación mediante trabajos de inteligencia, lo que los llevó a identificar que las personas involucradas coordinaban una compleja estructura criminal que incluye la participación de diversas redes de apoyo desde el exterior del penal.
En seguimiento a la información obtenida, se detectó que la organización criminal trabajaba a través de tres niveles de apoyo; el primero se conforma con hackers que están en libertad, encargados de infiltrar virus en las redes de gobierno y empresas para alterar la contabilidad y justificar pagos inexistentes.
En el segundo nivel se posicionaban los ocho sospechosos, señalados como hackers líderes de sección, algunos identificados como ex integrantes de la principal organización delictiva del país dedicada el ciber robo de instituciones financieras, quienes eran coordinados por Héctor “N” conocido como el "H", quien cumple una condena en el CPRS de Santiaguito desde mayo de 2019 y de quien se presume es el hacker primario.
Finalmente, el tercer nivel está integrado por personas en libertad aún no identificadas, responsables de ofertar el pago de los productos financieros y servicios a bajo costo, a través de perfiles apócrifos en redes sociales y quienes al parecer efectúan los depósitos a los intermediarios.
Cabe destacar que, durante la intervención de personal de custodia penitenciaria, se identificó que los presos involucrados habían ingresado distintos teléfonos celulares, en los que habilitaron múltiples perfiles en redes sociales para establecer comunicación con su red de hackers, coordinar las operaciones de infiltración informática y de lavado de dinero.
A los ocho probables responsables, les fueron decomisados siete móviles, mismos que fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público para que se amplíen las indagatorias que permitan identificar a los cómplices, en tanto, las cuentas en las redes sociales mediante las que operaban fueron desactivadas; a la vez los PPL fueron sancionados y se elevó el nivel de custodia para evitar nuevos incidentes.
