/ martes 28 de abril de 2020

Movimiento "Presunción de Inocencia" pide información sobre Covid-19 en el penal de Chiconautla

Piden aplicar la ley para preliberación y anuncian amparos y juicios contra funcionarios

El Movimiento "Presunción de Inocencia" pidió que las autoridades y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) verifiquen las condiciones en las que viven internos del centro penitenciario de Chiconautla, pues familiares les confirmaron que al menos una persona privada de su libertad está enferma de Covid-19 y llamaron a aplicar la norma para preliberar a quienes puedan obtener beneficios de ley.

Humbertus Pérez Espinoza anunció que participarán en la creación de la Ley de Amnistía del Estado de México y denunciará a nueve Ministerios Públicos, seis peritos, ocho policías, dos jueces y a tres magistrados, por haberle fabricado delitos, y lo sustentará a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de México para que le hagan justicia y le reparen el daño.

También adelantó que denunciarán a las autoridades que se prestan a la corrupción y a quienes ponen en riesgo a la población por la emergencia sanitaria y promoverán amparos para lograr la libertad condicionada de quienes ya pueden dejar la prisión.

Afuera del centro penitenciario de Chiconautla, acompañado de familiares, advirtió que uno de los objetivos de su movimiento es que no los estigmaticen, lograr la preliberación a través del uso de brazaletes y demostrar la fabricación de delitos.

La entidad mexiquense, acusó, es la que tiene el peor sistema de justicia penal, y pese a haber recibido miles de millones de pesos, no capacitaron a jueces, ni a ministerios públicos, ni a peritos, por lo cual las autoridades anteriores deben explicar dónde está el dinero que se dio a la entidad para poner en marcha el nuevo sistema de justicia.

El Covid

Sostuvo que el tema de la crisis sanitaria, provocada por el Covid-19, lo debe atender el gobierno estatal y refirió que tras los cambios en el área del Centro Integral Contra las Adicciones (CICA), en el penal de Chiconautla, quedó en evidencia que hay al menos una persona enferma por coronavirus en ese lugar, por lo cual, la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes y el de Salud, Gabriel O'Shea deben emitir un comunicado para informar sobre las personas enfermas y sospechosas de haber enfermado por Covid-19.

Pidió al comisionado de Derechos Humanos verificar las condiciones en las que se encuentran los internos que estaban en el CICA, pues había 56 en una celda y los llevaron al CICA porque desde hace días tenían síntomas, y hay al menos un caso confirmado en la celda siete, del módulo uno, justo cuando está más sobrepoblado que nunca.

También reprochó que el Centro de Medidas Cautelares no está funcionando, aún cuando debería evaluar posibles medidas de despresurización, alternas a la prisión preventiva, pues las acusaciones no en todos los casos están acreditadas, ya que hay fabricación de delitos.

Explicó que pueden dejar la prisión quienes han cumplido el 50 y el 70% de su sentencia y aquellos que se declararon confesos, a través de medidas de libertad anticipada, pero ni el Poder Judicial ha querido tomar decisiones.

En 2008 hubo un acuerdo donde ese poder se comprometía, a través de la Escuela Judicial, a tener jueces modernos y actualizados para el nuevo sistema penal, la creación de jueces ejecutores de sentencia para dar celeridad a la preliberación y el documento, explicó, responsabiliza a cada uno de los órganos de justicia del Estado de México a la implementación del sistema de Justicia, pero en la entidad no se cumplió.

"Estamos hablando de 12 años de jueces de ejecución de sentencias que iban a dar celeridad a las preliberaciones, pero no lo hicieron (...) muchas veces por un criterio político que los gobernadores no quieren pagar porque mucha gente ya puede salir, o por el conservadurismo de jueces que no acaban de entender la diferencia entre el sistema acusatorio y el inquisitorio".

Advirtió que las autoridades no quieren despresurizar los penales, pues para mucha gente sigue siendo un negocio y sostuvo que ha recibido amenazas, por lo cual hizo responsables al exgobernador, Eruviel Ávila, al fiscal, Alejandro Gómez Sánchez y al exsecretario general de Gobierno, José Manzur.

También advirtió que hay muchos falsos culpables en los centros penitenciarios y sostuvo que están apoyando a personas a quienes les han fabricado delitos.

También han enfrentado la falta de capacitación del personal, pues pese a que muchas personas ya alcanzan beneficios de ley para dejar las prisiones y seguir su proceso en libertad, no se ha aplicado la ley.

El propio juez federal, al resolver un amparo que promovieron, aseguró, les dijo que el uso excesivo de la prisión preventiva impacta de manera negativa en el sistema de justicia, pues satura los penales, por lo cual es necesario aplicar medidas alternas, protección a víctimas y ofendidos. Anunció que promoverán recursos, pues hasta ahora todo lo han ganado por la vía legal.

También refirió que más de 5 mil millones de pesos, entregados a la entidad con la entrada en vigor del nuevo sistema penal, no fueron aplicados, por lo cual promoverán un amparo, juicio político y denuncias contra el ex gobernador, Eruviel Ávila por la no aplicación de ese sistema, pero además participarán para integrar la nueva ley de Amnistía, invitados por diputados locales; promoverán una base de datos de internos que pueden alcanzar su libertad y advirtió que el rechazo a dejarlos libres es porque la preliberación pega en el corazón de un sistema corrupto que ha fracasado.

El Movimiento "Presunción de Inocencia" pidió que las autoridades y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) verifiquen las condiciones en las que viven internos del centro penitenciario de Chiconautla, pues familiares les confirmaron que al menos una persona privada de su libertad está enferma de Covid-19 y llamaron a aplicar la norma para preliberar a quienes puedan obtener beneficios de ley.

Humbertus Pérez Espinoza anunció que participarán en la creación de la Ley de Amnistía del Estado de México y denunciará a nueve Ministerios Públicos, seis peritos, ocho policías, dos jueces y a tres magistrados, por haberle fabricado delitos, y lo sustentará a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de México para que le hagan justicia y le reparen el daño.

También adelantó que denunciarán a las autoridades que se prestan a la corrupción y a quienes ponen en riesgo a la población por la emergencia sanitaria y promoverán amparos para lograr la libertad condicionada de quienes ya pueden dejar la prisión.

Afuera del centro penitenciario de Chiconautla, acompañado de familiares, advirtió que uno de los objetivos de su movimiento es que no los estigmaticen, lograr la preliberación a través del uso de brazaletes y demostrar la fabricación de delitos.

La entidad mexiquense, acusó, es la que tiene el peor sistema de justicia penal, y pese a haber recibido miles de millones de pesos, no capacitaron a jueces, ni a ministerios públicos, ni a peritos, por lo cual las autoridades anteriores deben explicar dónde está el dinero que se dio a la entidad para poner en marcha el nuevo sistema de justicia.

El Covid

Sostuvo que el tema de la crisis sanitaria, provocada por el Covid-19, lo debe atender el gobierno estatal y refirió que tras los cambios en el área del Centro Integral Contra las Adicciones (CICA), en el penal de Chiconautla, quedó en evidencia que hay al menos una persona enferma por coronavirus en ese lugar, por lo cual, la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes y el de Salud, Gabriel O'Shea deben emitir un comunicado para informar sobre las personas enfermas y sospechosas de haber enfermado por Covid-19.

Pidió al comisionado de Derechos Humanos verificar las condiciones en las que se encuentran los internos que estaban en el CICA, pues había 56 en una celda y los llevaron al CICA porque desde hace días tenían síntomas, y hay al menos un caso confirmado en la celda siete, del módulo uno, justo cuando está más sobrepoblado que nunca.

También reprochó que el Centro de Medidas Cautelares no está funcionando, aún cuando debería evaluar posibles medidas de despresurización, alternas a la prisión preventiva, pues las acusaciones no en todos los casos están acreditadas, ya que hay fabricación de delitos.

Explicó que pueden dejar la prisión quienes han cumplido el 50 y el 70% de su sentencia y aquellos que se declararon confesos, a través de medidas de libertad anticipada, pero ni el Poder Judicial ha querido tomar decisiones.

En 2008 hubo un acuerdo donde ese poder se comprometía, a través de la Escuela Judicial, a tener jueces modernos y actualizados para el nuevo sistema penal, la creación de jueces ejecutores de sentencia para dar celeridad a la preliberación y el documento, explicó, responsabiliza a cada uno de los órganos de justicia del Estado de México a la implementación del sistema de Justicia, pero en la entidad no se cumplió.

"Estamos hablando de 12 años de jueces de ejecución de sentencias que iban a dar celeridad a las preliberaciones, pero no lo hicieron (...) muchas veces por un criterio político que los gobernadores no quieren pagar porque mucha gente ya puede salir, o por el conservadurismo de jueces que no acaban de entender la diferencia entre el sistema acusatorio y el inquisitorio".

Advirtió que las autoridades no quieren despresurizar los penales, pues para mucha gente sigue siendo un negocio y sostuvo que ha recibido amenazas, por lo cual hizo responsables al exgobernador, Eruviel Ávila, al fiscal, Alejandro Gómez Sánchez y al exsecretario general de Gobierno, José Manzur.

También advirtió que hay muchos falsos culpables en los centros penitenciarios y sostuvo que están apoyando a personas a quienes les han fabricado delitos.

También han enfrentado la falta de capacitación del personal, pues pese a que muchas personas ya alcanzan beneficios de ley para dejar las prisiones y seguir su proceso en libertad, no se ha aplicado la ley.

El propio juez federal, al resolver un amparo que promovieron, aseguró, les dijo que el uso excesivo de la prisión preventiva impacta de manera negativa en el sistema de justicia, pues satura los penales, por lo cual es necesario aplicar medidas alternas, protección a víctimas y ofendidos. Anunció que promoverán recursos, pues hasta ahora todo lo han ganado por la vía legal.

También refirió que más de 5 mil millones de pesos, entregados a la entidad con la entrada en vigor del nuevo sistema penal, no fueron aplicados, por lo cual promoverán un amparo, juicio político y denuncias contra el ex gobernador, Eruviel Ávila por la no aplicación de ese sistema, pero además participarán para integrar la nueva ley de Amnistía, invitados por diputados locales; promoverán una base de datos de internos que pueden alcanzar su libertad y advirtió que el rechazo a dejarlos libres es porque la preliberación pega en el corazón de un sistema corrupto que ha fracasado.

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