Para garantizar que los procesos a cargo de servidores públicos judiciales estén apegados a la legalidad, el Poder Judicial del Estado de México supervisará los Juzgados a su cargo para detectar posibles actos de corrupción, informó el magistrado presidente de la Judicatura mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar.
“Hemos denunciado cuatro redes de corrupción muy importantes, se han hecho acciones legales, una persona está detenida, promovió un amparo y estamos obviamente preservando los derechos humanos de todos, pero desde luego ejercitando las acciones competentes”, manifestó Sodi Cuellar, dijo.
Sostuvo que recientemente se cumplimentó una orden de aprehensión por un presunto hecho de corrupción denunciado por el Poder Judicial, en contra de una secretaria proyectista, quien actualmente enfrenta el proceso de vinculación.
Servidores inhabilitados
Por otro lado, suman tres servidores públicos inhabilitados por un periodo de 10 años, tras aceptar su responsabilidad en hechos de corrupción.
“En otros casos se han acudido a procedimientos abreviados donde han aceptado su responsabilidad y asumen las consecuencias, se van inhabilitados por 10 años. Un caso fue en Coacalco, otro en Tlalnepantla, no hay un patrón de distritos”, agregó.
Expuso que el Poder Judicial mexiquense cuenta con una fuerte vinculación con los litigantes para detectar las posibles malas prácticas de los servidores públicos judiciales, e indicó que entre las principales solicitudes recibidas destaca la disminución de tiempos de resolución.
“Lo que buscan los litigantes es mayor accesibilidad, que los tiempos de resolución sean más ágiles, espacios para consultar expedientes no son suficientes, estamos conscientes de nuestras áreas de oportunidad y ellos nos las hacen ver pero de una manera muy proactiva”, aseguró.
Al ser cuestionado sobre los señalamientos de organizaciones civiles sobre presuntos actos de corrupción, Ricardo Sodi manifestó que en ocasiones se derivan de que las resoluciones no les favorecen; no obstante todas las denuncias que se reciben son revisadas y atendidas.
“Cuando es un criterio jurisdiccional, estrictamente, entonces no hay responsabilidad, porque cada juez tiene su criterio. La contraloría tiene un proceso permanente de revisión, inclusive tenemos encuestas de salida, de satisfacción, de clima organizacional y eso nos permite detectar situaciones atípicas, si hay corrupción o no eso es un proceso que tiene que pasar primero por la Contraloría y después por la Fiscalía”, explicó Ricardo Sodi.
