Yuval Noah Harari, escritor e historiador israelí, señaló en su libro “Sapiens: de animales a dioses”, que en la actualidad hemos vivido un período largo de paz, que en las guerras o conflictos armados que se registran existen menos muertos que los que está dejando la violencia por el crimen organizado, no solamente el narcotráfico, que es su principal motor, sino todas las formas de violencia que estos grupos han desarrollado. Esto es elocuente cuando revisamos las cifras de, por ejemplo, las seis ciudades más violentas del mundo (medidas por el número de homicidios), de las cuales cinco se encuentran en México.
Según un informe aparecido en el periódico Los Angeles Times, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización civil mexicana, las cinco ciudades mexicanas, de las seis más violentas del mundo en 2018 son: Tijuana, Acapulco, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez e Irapuato. De esas cinco, solo Caracas, en Venezuela se posicionó en tercer lugar. El informe revela además que del listado de 50, México tiene 15: el país con más ciudades violentas en el mundo.
La ampliación de la violencia se debe a que esos grupos delictivos han ramificado sus acciones de narcotráfico a robo de combustible, tráfico de migrantes, secuestro, trata de blancas, extorsiones, cobros por “derecho de piso”, entre otros, lo que ha aterrorizado a la población. Porque en todos esos delitos, es evidente que el Estado y sus gobiernos han sido rebasados, por razones que leemos a diario: falta de capacidad frente a la dimensión del problema, falta de estrategia eficaz de política pública, falta de adecuada priorización como problema fundamental del país, junto con la corrupción, falta de confianza de la ciudadanía, y al mismo tiempo, infiltración del crimen en las policías y los gobiernos, cooptación de cuerpos policiales y militares por el crimen organizado. Frente a este panorama, frente a la percepción, y no sólo, de falta de apoyo de los gobiernos, ¿qué puede hacer la sociedad? No mucho, y no muy eficaz porque el sapo es muy grande y las pedraras no le llegan. Aún así, no solo en Irapuato, León y Salamanca, lugares donde la población se “arma” contra el crimen, sino en las localidades más recónditas del país en las que encontramos a poblaciones colocando mantas amenazando de linchamiento a los delincuentes, o con altavoces para emitir alertas de asaltos o crímenes, enrejados. En fin, acciones de coordinación vecinal para “sentirnos” un poco menos inseguros, un poco menos abandonados.
El gobierno necesita impulsar ya mismo, acciones concretas de combate a la inseguridad a escala micro, en las comunidades, en las colonias, además de la escala macro. La población puede apoyar, pero no puede sustituir esa tarea mayúscula que el Estado está obligado a asumir.
Profesora-Investigadora El Colegio Mexiquense, A.C.
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