Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), ha faltado voluntad política para combatir el problema de las facturas falsas, cuando se trata de un flagelo cuyo quebranto al erario es más grave que el huachicol.
Al respecto, el presidente de dicho organismo, Fernando López Macari refirió que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) estimó hace unos meses que el valor de lo facturado con documentos fiscales apócrifos podría representar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 2 billones de pesos a nivel nacional.
“Para efectos de medición, dicho monto es equivalente al 70% de la recaudación. Tan grande es el problema que un reporte de la Prodecon señaló que se pierden importantes recursos por el fenómeno de las facturas falsas”, lamentó.
Para el especialista, el problema tiene solución, pero debe haber voluntad política para hacerlo; “si estamos viendo que 60% de eso se ha generado en el gobierno, tenemos que cuestionar hasta dónde se encuentra dispuesto a acatar las reglas”.
Un porcentaje importante del problema corresponde a los gobiernos
El presidente del IMEF dijo que más de la mitad del problema corresponde a los gobiernos, y si no hay voluntad política difícilmente se va a terminar con el tema de las empresas fantasma y de las facturas falsas.
Recientemente, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), reconoció que la situación de las facturas falsas es grave, por lo que aseguró que ya trabajan en el diseño de una estrategia para combatir este ilícito.
De igual forma, la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, informó que han detectado unas 10 mil empresas en todo el país dedicadas a la doble facturación, fenómeno que genera “una tragedia fiscal”, porque se dejan de percibir 500 mil millones de pesos vía impuestos de manera anual.
Endurecieron penas
El Congreso de la Unión aprobó en los primeros días de abril endurecer las penas para quien emita y procese facturas falsas.
Con ello, se modificó la fracción tercera del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación para que se tipifique de tres a seis años de prisión a quien adquiera facturas falsas: en la actualidad esta conducta está tipificada con penas que van de tres meses a seis años de prisión.
Además de la modificación al 113, se agregó un 113 Bis que busca inhibir la facturación apócrifa.