A pesar de la cancelación del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) en el Estado de México, el sector empresarial todavía desconoce cuál será el procedimiento a seguir ahora para obtener este permiso.
Jesús Espinoza García, maestro en Valuación Inmobiliaria, Industrial y de Bienes Nacionales dijo también que hace falta información sobre cómo se recuperarán los expedientes que ya se tenían.
“Por la naturaleza de sus respectivos giros muchos dictámenes fueron retrasados por las autoridades, e incluso a la fecha no sabemos qué pasó con ellos”, externó.
Cabe recordar que el año anterior, el Poder Legislativo de la entidad avaló por unanimidad la eliminación del DUF y la abrogación de la Ley que crea la Comisión de Factibilidad Estatal.
Con lo anterior, el gobierno de la entidad tendrá a su cargo la verificación de los giros de alto impacto; mientras que los municipios atenderán a la gran mayoría de los establecimientos de bajo impacto.
Espinoza García indicó que a pesar de que en el 2020 se aprobó la cancelación definitiva del DUF para generar certeza, terminar con la burocracia y la corrupción; la realidad es que hasta ahora no se sabe más.
“De lo único que estamos enterados los empresarios, es que las unidades económicas fueron clasificadas en bajo y alto impacto”, señaló.
Asimismo, el ex subdirector de Comercialización del Fideicomiso de Parques Industriales (Fidepar), aseguró que desde el 2018 se registró un retraso en la aprobación de los dictámenes correspondientes por parte de la Comisión Estatal de Factibilidad.
“Esperamos que en breve tanto en la Gaceta de Gobierno, como en el periódico oficial sea publicado el tema del DUF, indicando los trámites y requisitos a seguir, con la finalidad de librar los expedientes atorados y dar cabal cumplimiento a los de nuevo ingreso”, confió.
Finalmente, recordó que esta modificación a la ley sólo divide las facultades de autorización entre el gobierno estatal y los ayuntamientos, pues las verificaciones a las unidades económicas continuarán, y con ello no dejarán de requerirse las evaluaciones técnicas en materia de salubridad, desarrollo urbano, medio ambiente, desarrollo económico, comunicaciones, movilidad y agua, entre otras.