En el Estado de México se busca salvaguardar la dignidad de toda persona que pierde la vida, protegiendo la dignidad de las víctimas niñas o mujeres, sancionando prácticas indebidas cometidas por servidores públicos o ciudadanos, ya sea por filtrar vídeos o información sobre el lugar de los hechos.
Durante una reunión de trabajo, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se busca reformar el artículo 227 Bis y adicionar la fracción XVI del artículo 335, ambos del Código Penal, presentada por la diputada Luz María Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena.
Cabe recordar que al inicio de la presente Legislatura local ya se había presentado una iniciativa similar o lo que se conoce como “Ley Ingrid”, como la que fue aprobada en Oaxaca, sobre delitos contra la administración de justicia, relativa a los delitos cometidos por servidores públicos, sin embargo, la volvieron a presentar con el apoyo de los familiares de Octavio Ocaña, quien falleció en 2021, luego de una persecución policial en el Estado de México.
De esta forma, el primer antecedente que se tiene de la norma que en su momento fue impugnada, se deriva de la “Ley Ingrid”, misma que surgió a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de un feminicidio ocurrido en 2020.
En el caso de la entidad fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que invalidó dichas reformas al Código Penal estatal, la cual buscaba sancionar a funcionarios públicos, de procuración y administración de justicia, que difundan fotos, vídeos, audios o cualquier otro tipo de registro que se tenga de una víctima de violencia.
Por ende, Luz María Hernández presentó una nueva iniciativa que atiende las observaciones realizadas en su momento por dicha instancia.
Ante dicho panorama, el Grupo Parlamentario de Morena consideró que los servidores públicos tienen la obligación de proteger la información, los datos personales que se encuentren bajo su custodia y sancionar conductas que vulneren la integridad de las víctimas y de sus familiares.
Asimismo, la nueva propuesta atiende lo observado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eliminando la taxitividad que prevalecía en la redacción invalidada.
Finalmente, se acordó realizar una calendarización para seguir abordando esta iniciativa y enriquecerla.
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