Toluca, México.- Empleados y ex empleados del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en Toluca denunciaron ante esta casa editorial el supuesto despido injustificado del que fueron víctimas el pasado mes de diciembre.
De acuerdo con los inconformes, la baja de personal se hizo fuera de los lineamientos que marca la ley, pues fue solicitada la presencia de más de mil empleados bajo el argumento de que se les entregaría su cheque por aguinaldo, sin embargo, señalaron que la sorpresa fue de que iban a ser obligados a firmar su renuncia.
Sin embargo, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social desmintió esta información y señaló que no fueron mil sino más bien 53 personas, cuyos contratos se dieron por terminados por motivos de faltas injustificadas y fallas en el trabajo.
Melissa Vargas Camacho, vocal ejecutiva del CEMyBS explicó que el organismo cuenta con 73 empleados de base y el resto de los mil 200, son trabajadores que se contratan cada tres meses. En este sentido, señaló que las 53 personas mencionadas, no se les cesó, sino se les terminó el contrato.
En cuanto al resto de trabajadores, abundó que eran contratados cada tres meses, y este año se logró que la renovación del contrato se estipulara con vigencia de seis meses, con lo que se ampliará su permanencia laboral.
Aseguró que a los trabajadores a quienes se les terminó el contrato, y no serán sujetos a recontratación, se les pagó cada una de las prestaciones a que tuvieron derecho durante el tiempo de vigencia.
Resaltó que para cualquier aclaración pone a disposición de los interesados las oficinas centrales del Consejo, con domicilio en la calle de Morelos, colonia centro en esta ciudad capital.
Los inconformes acusaron, en su momento, que supuestamente autoridades del CEMyBS, en conjunto con personal de la Secretaría del Trabajo, les solicitaron bajo presiones firmar su renuncia, violando, dijeron, sus derechos laborales.
Trascendió que entre 30 y 40 personas de aproximadamente mil 200 fueron las únicas que se negaron a firmar, mientras que el resto quedó prácticamente cesada de sus labores sin que les hubieran informado las causas reales de tal despido ni les hubieran liquidado como corresponde.
"Algunos se negaron a firmar conociendo la naturaleza de lo que estaban haciendo, yo creo que de las mil 200 personas -perjudicadas- unas 30 se negaron a firmar. Empezó a correr el rumor de que el consejo iba a rescindir de un 50 por ciento de los empleados", no obstante también existía el rumor de la recontratación del 50 por ciento de ese universo de despidos.
"A los que se negaron a firmar les decían que eran de los que se iban a recontratar, a muchos los obligaron a que dieran su firma pero en realidad nadie tiene contrato, nadie sabe si en verdad los van a recontratar", sostuvo una de las denunciantes, quien se reservó su identidad.
