/ miércoles 31 de marzo de 2021

El Poder Judicial mexiquense también publicó en 2019 salarios más bajos a los reales: OSFEM 

El Congreso no tiene RFC propio

Durante el 2019, el Poder Judicial mexiquense también publicó en su portal de transparencia salarios más bajos a los reales y registró falta de control y supervisión en la elaboración de expedientes relativos a las adquisiciones.

El Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2019 publicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) arrojó algunas recomendaciones a ese poder y al Legislativo.

A este último le observó que no cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes propio, aunque a ninguno de los dos les detectó posibles daños al erario.

Judicial

En la revisión de la cuenta 2019 el OSFEM dió calificaciones negativas al Poder Judicial, durante la administración de Sergio Medina Peñaloza porque los salarios de la nómina, en el caso del presidente de Tribunal, los magistrados y directores generales no correspondieron a los publicados en la plataforma de información pública de oficio.

Mientras el del entonces presidente en el portal señalaba 292 mil 795 pesos, en la cuenta entregada al órgano superior fue de 293 mil 587 pesos.

Para el caso de las y los magistrados la cifra en transparencia fue de 202 mil 957 pesos, pero la reportada al OSFEM fue de 203 mil 643 pesos.

En cuanto al cargo de director o directora general mientras en Ipomex el monto era de 133 mil 295 pesos, ante el OSFEM ese poder señaló 133 mil 651 pesos.

Otras observaciones fueron que el Tribunal Superior incurrió en el pago de estímulos económicos al personal sin la emisión de CFDI que comprobara la retención y entero del ISR.

Además, ese poder, Ade acuerdo con el órgano superior, no dio seguimiento al saldo de la cuenta de construcciones en proceso, al no traspasar el saldo de las obras terminadas a su respectiva cuenta contable.

Otra observación fue por realizar un procedimiento adquisitivo sin observar la normatividad vigente, por lo cual en ese año hubo falta de control y supervisión en la elaboración de los expedientes de adquisiciones.

Aunque no fue motivo de observación, el órgano superior también exhibió que en 2019 el Poder Judicial gastó casi 231 millones en gratificaciones cuatrimestrales.

Congreso

En el caso del Poder Legislativo, el OSFEM determinó que no tiene un Registro Federal de Contribuyentes propio, por lo cual los comprobantes fiscales digitales salen a nombre del Gobierno del Estado, y no de la Legislatura local. en este punto recomendó tener su propio RFC.

"Existen 3 Poderes Públicos y el Poder Legislativo del Estado de México es uno de ellos; sin embargo, se determinó que no cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes propio.

"Se observó que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) no son emitidos a favor de quien realiza el gasto; es decir, el gasto lo genera el Poder Legislativo y el CFDI es emitido a favor del Gobierno del Estado de México. En consecuencia, sus operaciones no reflejan un registro congruente y ordenado de sus derechos y obligaciones", señala el informe.

Además, recomendó reforzar las medidas de control que le permitan al Congreso garantizar los procesos de entrega, instalación y pago de los bienes y/o servicios adquiridos.

Durante el 2019, el Poder Judicial mexiquense también publicó en su portal de transparencia salarios más bajos a los reales y registró falta de control y supervisión en la elaboración de expedientes relativos a las adquisiciones.

El Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2019 publicada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) arrojó algunas recomendaciones a ese poder y al Legislativo.

A este último le observó que no cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes propio, aunque a ninguno de los dos les detectó posibles daños al erario.

Judicial

En la revisión de la cuenta 2019 el OSFEM dió calificaciones negativas al Poder Judicial, durante la administración de Sergio Medina Peñaloza porque los salarios de la nómina, en el caso del presidente de Tribunal, los magistrados y directores generales no correspondieron a los publicados en la plataforma de información pública de oficio.

Mientras el del entonces presidente en el portal señalaba 292 mil 795 pesos, en la cuenta entregada al órgano superior fue de 293 mil 587 pesos.

Para el caso de las y los magistrados la cifra en transparencia fue de 202 mil 957 pesos, pero la reportada al OSFEM fue de 203 mil 643 pesos.

En cuanto al cargo de director o directora general mientras en Ipomex el monto era de 133 mil 295 pesos, ante el OSFEM ese poder señaló 133 mil 651 pesos.

Otras observaciones fueron que el Tribunal Superior incurrió en el pago de estímulos económicos al personal sin la emisión de CFDI que comprobara la retención y entero del ISR.

Además, ese poder, Ade acuerdo con el órgano superior, no dio seguimiento al saldo de la cuenta de construcciones en proceso, al no traspasar el saldo de las obras terminadas a su respectiva cuenta contable.

Otra observación fue por realizar un procedimiento adquisitivo sin observar la normatividad vigente, por lo cual en ese año hubo falta de control y supervisión en la elaboración de los expedientes de adquisiciones.

Aunque no fue motivo de observación, el órgano superior también exhibió que en 2019 el Poder Judicial gastó casi 231 millones en gratificaciones cuatrimestrales.

Congreso

En el caso del Poder Legislativo, el OSFEM determinó que no tiene un Registro Federal de Contribuyentes propio, por lo cual los comprobantes fiscales digitales salen a nombre del Gobierno del Estado, y no de la Legislatura local. en este punto recomendó tener su propio RFC.

"Existen 3 Poderes Públicos y el Poder Legislativo del Estado de México es uno de ellos; sin embargo, se determinó que no cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes propio.

"Se observó que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) no son emitidos a favor de quien realiza el gasto; es decir, el gasto lo genera el Poder Legislativo y el CFDI es emitido a favor del Gobierno del Estado de México. En consecuencia, sus operaciones no reflejan un registro congruente y ordenado de sus derechos y obligaciones", señala el informe.

Además, recomendó reforzar las medidas de control que le permitan al Congreso garantizar los procesos de entrega, instalación y pago de los bienes y/o servicios adquiridos.

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