Esperemos que no sea tan evidente la injerencia del PRI en los órganos electorales, porque de lo contrario el proceso electoral estaría viciado, indicó Javier Rivera Escalona, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al hacer un llamado a la ciudadanía para denunciar los posibles actos de compra del voto en la etapa previa a la jornada comicial.
Señaló que el IEEM tiene, para las próximas semanas, el gran reto de marcar más actos de autoridad para evitar la compra del voto, principalmente porque es una actitud que ha distinguido al PRI y a los gobiernos emanados de ese partido.
“Vamos a entrar a una etapa de la campaña en que van a estar, a la orden del día, el reparto de materiales, de programas de sociales y de dinero en efectivo para comprar el voto; estaremos atentos a que eso no suceda y, por supuesto, actuaremos con todo el rigor judicial”, advirtió.
Ante el comentario de que la compra del voto es una práctica generalizada entre los partidos políticos, Javier Rivera Escalona comentó: “si diera como cierto ese hecho, entonces uno diría, a ver, revisemos quién tiene el control de los programas sociales y los programas sociales del gobierno del estado no los tienen los partidos de oposición, es claro y evidente que los tiene el PRI-gobierno y es claro y evidente que no hay padrones de beneficiados que sean públicos para que se puedan auditar”.
Precisó que ante una revisión concienzuda y profunda, se van a detectar entre los beneficiados a militantes del PRI, y dijo que en el proceso pasado esos beneficiarios fueron representantes del PRI.
Subrayó que el decir “todos hacen lo mismo” puede ser una salida falsa, pero el PRI lo hace en todo el estado y lo hace en la mayor cantidad a través de los gobiernos priistas municipales y resaltó que con eso se está reconociendo una inequidad disfrazada de supuesta legalidad.
Calificó como un absurdo la autorización de la Cámara de Diputados para mantener en operación los programas sociales y refirió que la ley electoral debe impedir que una vez iniciada una campaña electoral se haga un reparto de esos programas sociales.
Al respecto, reconoció que hay programas que deben ser permanentes, como los de salud, pero se deben suspender aquellos que hoy se intensifican en una campaña electoral; lo cual -dijo- se puede asegurar desde cuando se discute el ejercicio presupuesto, pues éste debería tener un desempeño permanente y no sólo los picos altos que se registran en los procesos electorales.
Con ello se demuestra que no son programas asistencialistas de manera imparcial hacia los ciudadanos más vulnerables, sino son programas electoreros y dirigidos sí a las personas más vulnerables, pero son las más vulnerables que el PRI ha provocado para seguirlos teniendo como voto cautivo.
