Durante el 2022 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presumió un probable daño al erario, por parte del ayuntamiento de Toluca, por nueve millones 878 mil pesos, derivado del pago de una obra, con recursos federales, que se concluyó, pero no operaba ni beneficiaba a la población.
Dicha obra fue la construcción de un pozo profundo de agua potable en Sor Juana Inés de la Cruz, San Pedro Totoltepec; por lo cual la Contraloría Interna Municipal de la capital mexiquense inició un procedimiento, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
De acuerdo con la Tercera Entrega del Informe de Resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la más reciente que entregó la ASF, ese órgano también detectó debilidades de control interno en la Cuenta pública 2022; por lo cual emitió una recomendación para que Toluca compruebe acciones para atender las debilidades e insuficiencias de control interno.
Esas observaciones son adicionales a las que en 2023 hizo el Órgano Superior de fiscalización al gasto 2022 por más de dos mil millones de pesos que el ayuntamiento debe solventar.
¿Qué dice la ASF?
En la tercera y última entrega del informe de la Cuenta Pública 2022, presentado en febrero de este 2014 a la Legislatura federal, la ASF da cuenta de que aplicó tres auditorías a Toluca: una al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios, donde no tiene recursos pendientes por aclarar, pero sí una recomendación.
La segunda fue a las participaciones federales a municipios, en la cual tampoco hay montos por solventar.
La tercera es la 912 al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, donde debe solventar más de 9.8 millones de pesos.
La ASF inicialmente observó que no se había concluido la construcción del pozo profundo de agua potable en San Pedro Totoltepec; sin embargo el ayuntamiento proporcionó la documentación para acreditar que los trabajos se habían terminado, pero la observación persistió porque la obra no operaba.
“El municipio de Toluca, Estado de México, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación proporcionó la documentación que acredita que la obra se encuentra terminada; sin embargo no acredita la operación de la obra, y por lo tanto tampoco el beneficio a la población objetivo del fondo”, señala el documento.
Por ello, además de que la contraloría inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas, la ASF emitió un pliego de observaciones por 9.8 millones de pesos.
En la auditoría 911 detectó como debilidades de la capital mexiquense que no presentaba la evidencia de normas generales y lineamientos en materia de control interno, no tenía formalizado un código de ética y conducta; tampoco mostró evidencia de los indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo.
Además, no tenía un Comité de Administración de Riesgos, ni metodología de riesgos para controlar lo que pudiera afectar el cumplimiento de objetivos y metas, ni disponía de un programa para adquirir equipos y software, ni contaba con licencia de los programas instalados, ni planes de acción para recuperar datos. Tampoco remitió evidencias sobre auditorías internas y externas.
Otros pendientes
El año pasado, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) detectó que el ayuntamiento de Toluca en 2022 habría hecho adjudicaciones y contrataciones indebidas, contrataciones simuladas, pagos por obra no ejecutada, falta de comprobación y justificación del gasto, pagos de combustible a vehículos que no formaban parte del padrón vehicular.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2022, entregado en 2023 a la Legislatura mexiquense, también detectó discrepancias presupuestales, subejercicios, falta de justificación y comprobación de saldos y sobre ejercicios.
En total, hizo observaciones al ayuntamiento de Toluca en el gasto del 2022 por dos mil 199 millones 798 mil pesos en cumplimiento financiero y por 377 millones 938 mil pesos en inversión física que deben ser aclarados.
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