Durante el sexenio anterior se impusieron 12 mil 954 sanciones a personas servidoras públicas, derivadas de procedimientos administrativos resueltos; la mayoría fueron amonestaciones, seguidas de inhabilitaciones, suspensiones, e incluso hubo 110 destituciones por diversas faltas.
De acuerdo con los datos del sexto y último informe del ex gobernador Alfredo del Mazo Maza, sólo durante el último año se impuso el mayor número de sanciones con siete mil siete, y de esas, seis mil 278 fueron amonestaciones, 637 inhabilitaciones, 67 suspensiones y 25 destituciones.
De manera general, en todo el sexenio se impusieron 12 mil 954 sanciones, y de ese gran total nueve mil 587 fueron amonestaciones, otras mil 169 inhabilitaciones y mil 351 sanciones pecuniarias por no presentar la manifestación de bienes.
Sin embargo, en los últimos dos años, las autoridades ya no multaron a personas servidoras públicas por esa causa, pues cumplieron con la entrega de esas declaraciones.
En los seis años del anterior mandatario también se impusieron 451 suspensiones, 151 sanciones económicas, 110 destituciones y 135 sanciones resarcitorias.
Los datos del informe señalan que en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y derivado de las denuncias presentada, auditorías e inicio de actuaciones de oficio, en la anterior administración las autoridades investigadoras emitieron cinco mil 422 acuerdos de inicio de investigación, y sólo durante el último año de la gestión anterior fueron mil 508.
Los datos también señalan que en el transcurso del último año se emitieron 13 mil 440 acuerdos de abstención de inicio de procedimiento, y en los seis años sumaron 20 mil 53.
Otro dato que establece el informe es que en el último año de gobierno, derivado de la revisión a los sistemas estatales electrónicos de información pública gubernamental, que regulan las contrataciones públicas, se emitieron 36 observaciones por incumplimiento de dependencias y organismos auxiliares; un total de 117 en toda la administración.
Asimismo, para la anterior administración se recibieron dos millones 247 mil 775 declaraciones patrimoniales, y en el último año fueron 526 mil 506.
El informe destaca un incremento del 168% en el número de personas obligadas a presentar la declaración de situación patrimonial, con relación al sexenio anterior, por el nuevo sistema anticorrupción estatal.
