En materia de transparencia fiscal, el gobierno mexiquense ha tenido fallas, pues no clarifica sus excedentes financieros que derivan en subejercicios anuales y existen distintos programas gubernamentales que han sido cuestionados por su constante gasto.
Además, de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE 2019) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el gobierno del Estado de México disminuyó su porcentaje de cumplimiento en la calidad de la información presupuestal, al bajar su puntaje de 73 a 69, y su posición a nivel nacional disminuyó del sitio 23 que ocupaba en 2017, al 27 para 2019, respecto a los criterios analizados por ese organismo.
Así, el gobierno estatal está entre los seis estados con peores calificaciones, ya que falla en la transparencia de tabuladores salariales, plazas, deuda pública, clasificaciones y rubros específicos, de acuerdo con el citado estudio.
Derivado de una revisión instrumentada por El Sol de Toluca, con base en la Cuenta Pública de 2018, el Estado de México no ha transparentado el manejo de sus recursos, un ejemplo es que en 2018 la administración estatal tenía previsto un presupuesto de 280 mil 706 millones 179 mil pesos, pero al cierre del ejercicio el monto fue superior en 62 mil 518 millones 516 mil pesos, con lo cual sumaron 343 mil 224 millones 695 mil, es decir un 22% más.
Sin embargo, el gobierno mexiquense ejerció realmente 336 mil 941 millones de pesos, por lo cual tuvo un subejercicio de 6 mil 283 millones 695 mil pesos.
Dichos recursos adicionales no son transparentados en el portal de transparencia del gobierno estatal, ni en la referida Cuenta Pública, donde sólo se advierte dicho excedente y subejercicio.
El Imco ha criticado que existe simulación y discrecionalidad en los gastos de los diferentes gobiernos estatales, por ello insisten en la necesidad de controles, mayor transparencia y mejorar la calidad de la información, a fin de que los entes obligados publiquen en tiempo y forma su información financiera, así como en formato de datos abiertos.
Destaca que dicho organismo no encontró toda la información referente a los gastos del gobierno estatal, requerida para el IIPE de 2019.
De acuerdo con la Cuenta Pública estatal, en materia de servicios personales el gobierno mexiquense destinó un 37% de su presupuesto de 2018 para este rubro, con lo cual incumplió con la Ley de Disciplina Financiera, pues entre 2017 y 2018 autorizó un incremento superior al establecido en dicha normatividad, el cual se ubicó en 4.1%, cuando el máximo permitido es de 3%.
Con base en estos datos, el gasto de servicios personales ha crecido de 46 mil 123 millones a 55 mil 658 millones de pesos entre 2014 y 2018.
A su vez, el monto de la deuda pública del Estado de México representa el 64% de los recursos propios del gobierno estatal, que para 2019 estaban estimados en 64 mil 648 millones.
Dicha deuda total, al segundo semestre de 2019, ascendía a 41 mil 480 millones de pesos, de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal del Imco.
En 2019, también con información del Imco, el 74% de los recursos del Estado de México son ingresos federales y un 22% son propios.
PIDEN CLARIDAD
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) en el Congreso local, Tanech Sánchez, advirtió que deben clarificarse los excedentes que cada año recibe la entidad.
Recordó que en 2019, la administración mexiquense pidió autorización para contratar una deuda de mil 900 millones de pesos y dos proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP), con el argumento de la falta de recursos, no obstante, el gobierno estatal ha recibido recursos adicionales de la Federación.
“Es un tema que se debe poner en la balanza y se debe discutir, saber en dónde está el dinero porque no venía en el presupuesto de egresos y nos tienen que decir qué ha pasado con ese dinero, porque todo el tiempo dicen que no hay dinero en el estado”, señaló.
Por ello, consideró que la transparencia fiscal es un anhelo, pues se han vivido muchos años de opacidad y desconocimiento, lo cual impide el acceso a la información sobre los recursos que se ejercen.
“No tenemos un gobierno que permita a la ciudadanía acceder a la información”, aseveró.
DISCRECIONALES
Otro factor en materia del gasto estatal es la disparidad en los presupuestos para los distintos programas, por ejemplo, la Cuenta Pública estatal de 2018 indica que para Conducción de las Políticas Generales de Gobierno, que incluye gastos administrativos, se destinaron mil 209 millones de pesos, sin embargo, en Protección Civil se ejercieron 147 millones.
Y en Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo, destinado a la difusión de acciones gubernamentales, se ejercieron 354 millones de pesos, más que al programa de Pueblos Indígenas, donde se ejercieron 339.7 millones de pesos.
Además en Investigación Científica se erogaron 259.9 millones de pesos, aunque se habían aprobado mil 119 millones.
