En el Estado de Máxico hay más de 21 mil personas privadas de la libertad bajo la figura de la prisión oficiosa preventiva, es decir, sin sentencia, que lo sitúa en el primer lugar a nivel nacional, informó Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación durante la conferencia mañanera.
De acuerdo con cifras mostradas por la funcionaria federal, 29 de los 32 estados del República Mexicana concentran un total de 67 mil 877 personas con prisión preventiva oficiosa acusadas de delitos de alto impacto para la sociedad; entre ellos, homicidio, secuestro, violación, narcotráfico y narcomenudeo, portación de armamento y explosivos, feminicidio, pederastia, abuso infantil y corrupción de menores, así como delincuencia organizada.
Las tres entidades federativas que ocupan los primeros lugares son: el Estado de México, con 21 mil 716 (31.9%), con una diferencia de 13 mil 374 casos en relación con Jalisco que, con 8 mil 342 (12.2%), ocupa el segundo lugar. En tercer lugar se encuentra Veracruz, con 4 mil 554 (6.7%) personas con prisión oficiosa,
Durante la conferencia matutina, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal externó su preocupación por el planteamiento que se discutirá próximamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todas y todos los jueces del país que ignoren la obligación establecida en la carta magna, con relación a aplicar la prisión preventiva de oficio.
Alcalde Luján, en su intervención, precisó que no aplicar la prisión preventiva oficiosa impactaría en la posible liberación de aproximadamente 68 mil personas acusadas de delitos que, por su gravedad, son de alto impacto para la sociedad.
Subrayó que los riesgos de no aplicar la prisión preventiva oficiosa, los cuales están relacionados con: La seguridad de testigos y víctimas, que son sus acusadores, para cuidarlas y que denuncien, la seguridad de policías, personal de fiscalías y juzgadores, de la población en su conjunto; así como una nueva posibilidad de que vuelvan a delinquir.
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En el caso de la seguridad nacional, al tratarse de personas presuntamente integrantes del crimen organizado y para el sistema de justicia, tendría una carga de trabajo excesiva.
La secretaria de Gobernación señaló que el Gobierno de México considera que la SCJN no sólo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad del país, toda vez que el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, estipula que dichas personas deben llevar su proceso en prisión para garantizar que la o el imputado comparezca en juicio, además de prevenir riesgos de fuga y salvaguardar la seguridad de víctimas y testigos.
Finalmente, indicó que lo anterior será discutido en la SCJN debido a que, en enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió el caso García Rodríguez y otro contra México, el cual determinó que el Estado mexicano debe adecuar sus leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva.
